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El sistema de compras públicas es subutilizado por las municipalidades, según determinó la CGR en su fiscalización. (Foto: Sicop) (Sicop)
Las municipalidades avanzan en el uso del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). En total, 67 gobiernos locales realizaron el 96,2% de sus 9.261 procedimientos por esa vía en 2020. No obstante, 15 gobiernos locales siguen rezagados y aún no implementaban el mecanismo hasta febrero de este 2021.
Así lo determinó una revisión hecha por la Contraloría General de la República (CGR) sobre el desempeño de los ayuntamientos en el proceso de aplicación del sistema creado para optimizar los procesos de contratación pública.
La Contraloría señaló que esto refleja “un avance significativo en el uso de ese sistema”; pero advirtió de que el proceso ha sido complejo y que persisten incumplimientos legales, a pasar de que ya se cumplen más de cuatro años desde que se estableció la obligatoriedad de implementar el sistema.
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La CGR determinó un crecimiento del 637% en la cantidad de procesos que se tramitan por Sicop entre 2016 y 2020. Sin embargo, enfatizó en el caso de las 15 municipalidades que todavía no implementaban el mecanismo de compras públicas hasta febrero y que, según dijeron, esperaban hacerlo a más tardar en julio próximo.
Esas municipalidades fueron Abangares, Montes de Oro, Liberia, Siquirres, Nandayure, La Cruz, Cañas, Acosta, Dota, Guatuso, Nicoya, Goicoechea, Jiménez, San Pablo de Heredia y Bagaces.
Según detalló la CGR, estos municipios gestionan sus compras a través de mecanismos tradicionales, como la invitación a proveedores por correo electrónico o la publicación en el diario oficial La Gaceta.
El ente contralor hizo énfasis en los casos de Goicoechea, Liberia, Nandayure y Siquirres, las cuales suscribieron contratos con Radiográfica Costarricense (Racsa) para el uso del sistema desde hace un año y medio (Siquirres) o hasta dos años y cuatro meses (Goicoechea), pero todavía no aplican el mecanismo.
La información consta en el oficio DFOE-DL-SGP-00001-2021, elaborado por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa y el Área de Fiscalización para el Desarrollo Local del ente contralor.
El equipo de la Contraloría revisó la aplicación por parte de las municipalidades y determinó que estas “han mostrado lentitud en el proceso de implementación”, a pesar de la vigencia de la Ley de transparencia en las contrataciones administrativas (9395), que obligó a las instituciones públicas a utilizar el sistema desde hace cuatro años.
La CGR catalogó que ha existido “lentitud por parte de las municipalidades para cumplir con la obligación legal”, lo cual denota “la poca importancia y compromiso que las administraciones municipales”.
La Nación solicitó una reacción a la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), que afilia a casi 70 organizaciones municipales entre ayuntamientos, consejos municipales y federaciones, sobre las indicaciones del informe; sin embargo, no contestaron hasta el cierre de este trabajo.
¿Qué alegan?
La CGR preguntó a las 15 municipalidades que no utilizaban el sistema hasta febrero de este año por qué no lo hacían y recibió varias explicaciones, principalmente relacionadas con cuestiones presupuestarias, problemas logísticos y falta de normativa.
Los municipios de Abangares, Acosta, Bagaces, Cañas, Jiménez, Nicoya y San Pablo de Heredia señalaron que el proceso les resulta costoso, por los gastos relacionados con la prestación de los servicios de capacitación que brinda Racsa, el pago de firmas digitales, el mantenimiento, el soporte y el propio uso de la plataforma tecnológica.
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Dota, Goicochea, Guatuso, La Cruz, Montes de Oro y Siquirres, por su parte, indicaron atrasos en la capacitación de funcionarios.
Acosta, Cañas, Goicoechea, Montes de Oro, Nicoya y San Pablo también señalaron ausencia de normativa interna; y otras adujeron que sus Concejos Municipales (Acosta, Cañas, Dota, Guatuso, Jiménez, La Cruz, Montes de Oro, Nicoya y San Pablo) ni siquiera tienen acuerdos firmes sobre el tema, como máximos responsables de “orientar los esfuerzos, apoyar y promover la implementación del Sicop”.
Las cuestiones presupuestarias fueron rebatidas por la CGR, que recordó la existencia de la Ley para apoyar al contribuyente y reforzar la gestión financiera de las municipalidades ante la emergencia nacional por la pandemia de la covid-19 (9848), que exoneró a varias municipalidades (incluidas Acosta, Bagaces, Cañas, Jiménez y Nicoya, entre otras) de los pagos a Racsa durante la pandemia.
La entidad reconoció el papel de los gobiernos locales de Alajuela, Grecia, Sarapiquí, Belén, Carrillo, Tarrazú, Atenas, Buenos Aires, Montes de Oca, Moravia, El Guarco, San Isidro Heredia, San José, Turrialba, San Carlos, Santa Bárbara, Sarchí y Parrita. Según indicó en su informe, ellas iniciaron con la implementación del Sicop entre 2016 y 2017, y “han aprovechado los beneficios que brinda la plataforma tecnológica”.
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No obstante, también señaló que El Guarco, Grecia, Matina y Sarapiquí tramitaron varios procedimientos de manera manual en el último año por cuestiones de “adaptación al sistema” y realización “progresiva” de procedimientos.
Destacó que, más allá del cumplimiento o incumplimiento legal, el avance es importante para una atención más oportuna de las poblaciones. “La reducción de tiempos permite a la entidad obtener bienes, obras y servicios más cercanamente al tiempo en el que se requieren consumir”.
Se desperdician oportunidades
Por último, la CGR detectó que las modalidades de subasta a la baja, convenio marco y remate son subutilizadas o del todo no se aplican entre gobiernos locales. Las primeras dos modalidades se utilizan para reducir costos en contrataciones de servicios básicos, mientras que los remates buscan realizar ventas o arrendamientos de bienes ociosos.
El convenio marco se utilizó únicamente en siete municipios y el de remate en 12 de ellos; mientras que ninguno aplicó subastas a la baja, entre enero de 2016 y febrero de 2021.
“Las municipalidades consideran esas modalidades como un proceso de contratación complejo, donde los funcionarios municipales responsables no tienen experiencia, ni capacitación y los jerarcas municipalidades no han realizado acciones para promover el uso de esas modalidades de contratación”, redactó la Contraloría.
La fiscalización también encontró que 50 gobiernos locales carecen de manuales de procedimientos para establecer roles, responsables, plazos, pasos de las actividades a realizar; y que otras 35 no tienen normado el nivel de competencia del Alcalde y del Concejo Municipal en cuanto a la aprobación de los procedimientos.
Un último reto es la transparencia de los procesos. Según el informe, 49 municipalidades no publican en su página web la información referente al inicio de sus procesos de contratación, 52 no indican por esa vía los aspectos relevantes del cartel de licitación, 54 no actualizan las ofertas recibidas, 52 no señalan los oferentes escogidos y 54 no publican los términos más importantes del contrato.
Estas también son obligaciones que impuso la la Ley 9395, publicada en agosto de 2016.
