Moody’s pone calificación de Costa Rica en perspectiva negativa por deterioro fiscal

Agencia estadounidense señala mayores riesgos debido a incremento del déficit y de la deuda pública a raíz de la pandemia sanitaria. Calificación se mantiene en B2.

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La agencia Moody’s decidió, este martes 2 de junio, pasar la calificación de riesgo de Costa Rica a perspectiva negativa desde el nivel estable, y mantener la nota en B2.

La medida se tomó, argumentó la calificadora estadounidense en un comunicado, por las mayores necesidades de financiamiento del país a raíz del incremento del déficit fiscal y el endeudamiento público provocado por la pandemia sanitaria.

“La pandemia ha llevado a una fuerte recesión y mayores déficits fiscales que requerirán mayores préstamos del gobierno tanto este año como el próximo”, explicó la agencia.

Moody’s redujo, en febrero pasado, la calificación de riesgo del país a B2, desde B1, decisión que comunicó el entonces ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, en una comparecencia en el Congreso.

Según la metodología de la agencia, esta calificación de riesgo significa que las emisiones de Costa Rica son clasificadas como especulativas, y que el país es de alto riesgo crediticio.

Mientras tanto, la perspectiva negativa refleja el riesgo de que la fortaleza económica y fiscal se deteriore aún más de lo reflejado en la calificación.

La calificadora resaltó que la nota de Costa Rica podría volver a perspectiva estable si el Gobierno implementa ajustes presupuestarios estructurales que alivien los riesgos de financiamiento y reduzcan los déficits fiscales.

Elian Villegas, ministro de Hacienda, anunció este lunes un decreto ejecutivo para congelar los aumentos salariales a los empleados públicos en los próximos cuatro años, debido a que el endeudamiento público sería igual o superior al 60% de la producción, a partir del 2021.

Riesgos señalados

La agencia señaló, en su comunicado, que para este año, el Gobierno dependerá en gran medida de préstamos externo para financiarse. Pero para el próximo año deberá recurrir a los mercados internacionales y, al día de hoy, los spreads (diferenciales) de tasas son altos en comparación con los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

“Moody’s espera que la economía caiga un 4% en 2020 y que Costa Rica no volverá a un crecimiento positivo anual hasta el primer trimestre de 2021. Se espera que el PIB (producto interno bruto) se recupere en 2021, avanzando aproximadamente un 3%”, destacó la agencia.

El Banco Central de Costa Rica previó, en abril anterior, una caída en la producción del país de 3,6% para este año y un crecimiento del 2,3% del PIB para el 2021.

El impacto económico del coronavirus, ante los menores ingresos tributarios, provocarán que el déficit fiscal del Gobierno llegue al 9,7% del PIB, en el 2020, y al 8,4% de la producción, el próximo año.

“Esto contribuirá a un aumento en el endeudamiento del sector público que es más alto de lo que se anticipó cuando la agencia calificadora redujo la calificación soberana del país a B2 a principios de este año”, destacó Moody´s.

La calificadora estadounidense prevé que las necesidades de endeudamiento del Gobierno sean equivalentes al 15% del PIB tanto en el 2020 como en el 2021, lo cual calificó como “históricamente alto”.

Además, resaltó que el Ministerio de Hacienda tiene previsto emitir eurobonos por $1.500 millones en los mercados internacionales, el próximo año, para financiar el déficit.

Sin embargo, resaltó que las condiciones serán menos favorables para Costa Rica.

“Los diferenciales soberanos en el financiamiento externo se ubican en cerca de 800 puntos base, en comparación con los niveles anteriores a la crisis de 400 a 500 puntos. Si las tasas de interés no vuelven a mínimos anteriores, es probable que el gobierno necesite aumentar su financiamiento interno a más del 10% del PIB”, destacó la calificadora.

Tal requerimiento implicará un aumento en los niveles de estrés para el sistema financiero costarricense.

La calificadora recordó que, en el 2018, el Gobierno pasó por una situación similar de falta de acceso a recursos en el mercado local e internacional, lo cual llevó al Gobierno a solicitar un préstamo de emergencia al Banco Central por ¢500.000 millones.