Las calificadoras internacionales de riesgo Moody’s, Fitch Ratings y Standard and Poor’s (S&P) consideran que la principal amenaza para que Costa Rica resuelva su crisis fiscal, es conseguir el apoyo político para aprobar el acuerdo con el FMI.

Las agencias estadounidenses no ocultaron sus dudas de que la Administración de Carlos Alvarado logre el apoyo necesario de los 57 diputados para la aprobación de los proyectos de ley enviados a la Asamblea Legislativa.

Así lo expresaron a La Nación los tres analistas encargados de la calificación de riesgo soberana de Costa Rica.

Para ello, señalaron recientes incidentes como el rechazo de los diputados al crédito en condiciones blandas con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $250 millones.

También se basan en antecedentes como que el país se tardó más de una década de discusiones para lograr, en el 2018, la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y ahora, dos años después, entra a un nuevo proceso de discusión en la vía política.

‘El riesgo de un shock es muy grande’

“Cualquier programa del FMI requerirá la aprobación inicial del Congreso (…) Aquí es donde pueden surgir más incertidumbres políticas y presión, ya que el Gobierno necesita construir y mantener un apoyo político formal”, recalcó Lisa Schineller, analista de S&P.

Schineller recordó que el país está en las primeras etapas del proceso de aprobación y ejecución.

El analista senior de Moody’s, Gabriel Torres, fue mucho más crítico. Advirtió que al país “le falta mucho aún” para lograr estabilizar la tendencia del endeudamiento público y reducir el déficit fiscal.

“El riesgo de un shock es muy grande, en la deuda y en el tipo de cambio. El Fondo es la última oportunidad que tiene Costa Rica antes de la crisis grande y posiblemente el default. Si esto no se aprueba (el plan), el mercado se va a espantar”, advirtió Torres.

El vocero de la calificadora destacó que el objetivo del acuerdo es darle confianza a inversionistas internacionales, pues el financiamiento del FMI, por $1.750 millones, es insuficiente para las necesidades del país.

“No sabemos si este Gobierno va a aprobar el plan. Tampoco sabemos si el próximo Gobierno lo va a mantener y de qué forma”, expresó Torres.

En tanto, Carlos Morales, director de análisis soberano para Latinoamérica de Fitch Ratings, destacó que la tensión política sigue siendo uno de los principales riesgos ya que puede retrasar o impedir medidas necesarias para mejorar la posición fiscal del Gobierno.

“La Asamblea Legislativa rechazó el préstamo del BID lo cual sigue indicando una tensa relación política entre la Asamblea y el Poder Ejecutivo (...) Al impedir el acceso a estos préstamos, el Gobierno debe recurrir a endeudamiento en el mercado local a mayores costos y plazos más cortos”, destacó Morales.

Seis proyectos de ley en agenda

El Gobierno y el Fondo anunciaron, el viernes 22 de enero, un pacto que implica lograr un superávit primario del 1% del producto interno bruto (PIB), en el 2023.

Igualmente, se acordó reducir el endeudamiento público al 50% de la producción en el 2035. El año pasado cerró en 67,5% del PIB.

Sin embargo, el acuerdo debe pasar por la aprobación de la Asamblea Legislativa en momentos en que los partidos políticos están a las puertas de la campaña para elegir presidente de la República y diputados, el 6 de febrero del 2022.

En los próximos cinco meses, según el plazo que enunció el FMI, los diputados tendrían que aprobar los proyectos de Ley de Empleo Público, Renta global dual, un nuevo Impuesto a premios de Lotería, la eliminación de exoneraciones fiscales, elevar el tributo a las casas de lujo y establecer un aporte temporal del 30% de las utilidades de empresas públicas al Gobierno.

Las tres agencias degradaron, el año pasado, la nota de riesgo de Costa Rica, en parte por un mayor deterioro fiscal generado por la pandemia de la covid-19.

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Moody’s fue la primera en hacerlo dado que, en febrero del 2020, la rebajó a B2, desde B1. En junio del mismo año, mantuvo la calificación en B2, pero la pasó a perspectiva negativa.

Por su parte, Fitch Ratings acordó, en mayo del 2020, rebajar la nota de largo plazo del país de B+ a B con perspectiva negativa.

En tanto en junio, S&P degradó la nota del país a B, desde B+, y la colocó en perspectiva negativa.

Las calificaciones de riesgo de los países son tomadas en cuenta por inversionistas para exigir un mayor rendimiento en las emisiones de deuda colocada por los países.

Hechos, no promesas

Las agencias confirmaron que las medidas pactadas con el FMI, por sí solas, no mejoran la nota de crédito del país. Pero sí resaltaron que son un paso positivo.

Para las calificadoras, lo verdaderamente relevante será que las medidas, primero se aprueben en el Congreso, se empiecen a implementar y, en la etapa de ejecución, logren las metas propuestas.

También reconocieron que el respaldo del Fondo es un aspecto positivo para Costa Rica, pues abre la puerta al financiamiento con otros organismos multilaterales y el mercado internacional, mediante la colocación de eurobonos.

De hecho, el solo anuncio del acuerdo con el FMI tuvo el efecto de una mejora en los precios de la deuda externa costarricense.

“El riesgo percibido de los mercados internacionales puede aumentar si el pacto con el FMI no contribuye de manera significativa a mejorar la posición fiscal, lo cual resultaría en un aumento de los costos de financiamiento en el exterior”, advirtió el analista de Fitch.

Pero Morales reconoció que, la aprobación de las medidas frenaría de manera significativa el aumento de la deuda pública.

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Por su parte, el especialista de Moody’s dijo que aunque se aprueben los cambios, el endeudamiento público continuará al alza, dada las necesidades de financiamiento de hasta $10.000 millones al año.

“El próximo Gobierno verá aumentar su deuda prácticamente todos los años, aún en las mejoras circunstancias. Sí entendemos que será el proceso de acomodo, pero puede tener un impacto crediticio. El solo hecho de llegar al acuerdo, no es razón para no bajar la calificación”, afirmó Torres.

En tanto, Schineller afirmó que las incertidumbres sobre el financiamiento plantean un riesgo a la baja para la calificación de Costa Rica

“Lo más relevante para la calificación es un plan para corregir los desequilibrios fiscales, respaldar el crecimiento, y que cuente con un amplio apoyo político, un plan que puede aprobarse y luego ejecutarse”, afirmó.

La vocera de S&P sí destacó el compromiso del Gobierno para avanzar en las discusiones con el FMI, pese a las complicaciones políticas y sociales del año pasado.