Ministerio de Hacienda apuesta por una reducción en el uso del efectivo

Así lo prevé el Ministerio de Hacienda, que evalúa medidas para minimizar el uso de efectivo en el país, especialmente billetes de altas denominaciones.

Disminuir la emisión de billetes como el de ¢50.000 o aplicar tributos a los pagos en efectivo son algunas de las acciones que estudia.

El IVA es un tributo indirecto al valor agregado que permite cobrar un impuesto en cada uno de los eslabones de la cadena de valor para la producción de un bien o servicio. Actualmente, Costa Rica posee un impuesto de ventas del 13%, pero el Ejecutivo propuso a la Asamblea Legislativa una transición escalonada hacia un IVA del 15%.

El cambio permitiría al Gobierno no solo eliminar algunas exoneraciones, sino también aplicar el cobro del impuesto a servicios que, en su mayoría, no están gravados actualmente.

Empero, con la aplicación del IVA, también es posible utilizar estrategias de evasión, en especial con el cobro de servicios.

“Mucha gente puede caer en la informalidad, o simplemente, no cobrar el impuesto”, indicó Alan Saborío, de Deloitte.

“Nuestro impuesto de renta (cedular) no conecta con el IVA y no genera incentivos de caracter monetario a los contribuyentes (para declarar)”, agregó.

Se trata de un problema con el que coincide el Ejecutivo, que apuesta a medidas para controlar los posibles mecanismos de evasión que se generarán. Uno podría ser disminuir la circulación de billetes de alta denominación.

“(Esos billetes) permiten movilizar gran cantidad de dinero y a evadir impuestos, pero también a movilizar capitales ilícitos” dice Fernando Rodríguez, viceministro de Ingresos.

“Lo que estamos apostando es a la salida paulatina en el uso de efectivo (...). En algunos países –y aquí podemos valorarlo– existe un impuesto a las transacciones en efectivo. Nosotros también tenemos que pensar en movernos en esa línea”, señaló Rodríguez.

El viceministro también agregó que se ha solicitado al Banco Central considerar la eliminación del billete de ¢50.000, con el mismo propósito.

Hacienda estima que el gravamen de servicios aumentaría la recaudación en un 0,4% de la producción (casi ¢120.000 millones).

“El problema es que evidentemente lo terminarían pagando los consumidores finales. Para estos, se trata de un aumento en el precio que pagan por los servicios”, apuntó Sergio García, analista de KPMG.

Para Hacienda no solo se trata de un aumento en el impuesto, sino también de modernizar el cobro y la lucha contra la evasión.

“Nuestro impuesto de ventas no es solo arcaico y se queda atrás con lo que tienen nuestros vecinos: está aumentando las dificultades que genera a Hacienda recaudar impuestos”, manifestó el viceministro Rodríguez.