Este miércoles 10 de marzo del 2021, el Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la autorización de endeudamiento correspondiente al crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Así se informó en un comunicado conjunto de la Presidencia de la República, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y el de Planificación.

El crédito con el FMI se enmarca en la facilidad del Servicio Ampliado del Fondo (SAF, o EFF por sus siglas en inglés).

La presentación del documento al Congreso se da después de que el 25 de enero del 2021 el país alcanzara un acuerdo técnico con el FMI, y que el 1°. de marzo el Directorio Ejecutivo de ese organismo aprobara el acuerdo.

El crédito, por aproximadamente $1.750 millones, tiene un plazo de 10 años, con cuatro años de gracia y una tasa de interés de 2,05%, aproximadamente.

Como dispone la Constitución Política para todos los empréstitos internacionales al Gobierno, el proyecto de ley requiere de aprobación legislativa por mayoría calificada (38 votos mínimo).

La aprobación legislativa daría lugar al primer desembolso de recursos, por unos $292 millones, y el resto de los giros se irán desembolsando contra evaluaciones semestrales en las que el FMI verificará el cumplimiento por parte del país de las metas convenidas.

Este acuerdo incluye el proyecto de ley del préstamo mismo, más nueve proyectos de ley que forman parte del acuerdo.

El objetivo del acuerdo es generar un superávit primario (ingresos menos gastos, excluidos los intereses) equivalente al 1% del PIB (producto interno bruto) en el 2023, y poner la razón de deuda del Gobierno respecto al PIB en una trayectoria descendente, a partir de ese año, hasta que llegue a representar 50% de la producción, en el 2035.

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En el 2020, el déficit primario fue equivalente a 3,9% de la producción y la deuda del Gobierno alcanzó 68% de la producción, incluidos los órganos desconcentrados y con la nueva medición de la producción.

Según indica el comunicado, hoy Costa Rica enfrenta uno de los retos económicos más importantes de su historia.

“La pandemia de la covid-19 provocó que la economía costarricense se redujera un 4,5% durante el año 2020, la contracción más fuerte desde el año 1982, y que la tasa de desempleo se duplicara en un lapso de apenas cuatro meses”, indica el texto.

En el 2020 el déficit financiero del Gobierno Central cerró en un monto equivalente al 8,7% de la producción, incluidos los órganos desconcentrados y con la nueva medición de la producción.

Esta situación obligó al país a llevar adelante un nuevo esfuerzo de ajuste fiscal, adicional al que se había hecho con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de diciembre del 2018.

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En un escenario pasivo (es decir, sin acciones por parte del Estado costarricense), en el 2024 la deuda pública sería superior al 80% del PIB, un nivel insostenible para un país como Costa Rica.

“Ante una deuda de esta magnitud, se generaría una fuerte incertidumbre sobre la capacidad del Estado de hacer frente al pago de sus obligaciones, lo cual se reflejaría en mayores tasas de interés para todos los costarricenses, menos emprendimientos, más desempleo, una contracción económica aún mayor, y también una mayor desigualdad y un incremento de la pobreza”, señala el comunicado.

Además, de mantenerse una trayectoria creciente del déficit fiscal, el Gobierno tendría cada vez menos espacio para atender sus obligaciones, lo cual se vería traducido en una menor calidad de los servicios públicos de salud, educación y seguridad, y se comprometería también el desarrollo y mantenimiento de infraestructura pública.

Hoja de ruta

Frente a ese panorama, señala el comunicado, resulta esencial contar con una hoja de ruta que le permita a Costa Rica regresar a una senda de sostenibilidad fiscal en el menor tiempo posible.

Esa hoja de ruta para el ajuste fiscal, según el comunicado, se ha construido en el acuerdo con el FMI.

El proyecto corresponde al empréstito que permitirá acompañar el programa de reformas y será la condición que habilitará la revisión semestral de nuestra economía por parte del FMI.

“La disminución de las tasas de interés, mayor inversión privada, más obra pública, más empleo y mejor distribución de la riqueza, son los resultados deseables de la estabilidad fiscal producto del proceso de ajuste fiscal que lleva adelante el Estado costarricense”, comentó Elian Villegas, ministro de Hacienda.

“El crédito de $1.750 millones con el FMI constituye una parte indispensable de ese proceso, por eso hago un llamado respetuoso a las diputadas y diputados para que aprueben este empréstito”, añadió el Ministro.

“Como consecuencia de la crisis por la pandemia, el país debe hoy emprender un ajuste fiscal adicional para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública. Hacerlo en el contexto de un acuerdo con el FMI representa un sello de confianza y respaldo a las políticas macroeconómicas del país, y permitirá de esa forma mejorar las expectativas de consumidores e inversionistas y las condiciones financieras que el país enfrenta en los mercados financieros locales e internacionales”, comentó Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central.

Tras la presentación del proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, los pasos siguientes son su publicación y asignación a comisión para que inicie el trámite legislativo.