Óscar Rodríguez.   17 febrero
La CGR encontró que las normas contables, usadas por Hacienda, no permiten una correcta cuantificación del costo futuro de los beneficios laborales de los empleados del Gobierno Central. Foto: Rafael Pacheco.

El Gobierno ignora, en su gran mayoría, el costo futuro de la cesantía, pago de vacaciones y ausencias remuneradas de sus 145.766 trabajadores.

El Ministerio de Hacienda, encargado de llevar dicho registro, aplica políticas “omisas” que no le permiten conocer, con una mayor exactitud, la cuantificación de los beneficios de los empleados públicos.

La Contraloría General de la República (CGR) reveló las falencias en el informe especial, DFOE-SAF-IF-00012-2019, que fiscalizó el estado de la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) en el Poder Ejecutivo.

La ente fiscalizador también encontró que el Sistema Informático de Recursos Humanos, conocido como Integra, fuente de los datos financieros, puede estar induciendo a que no se efectúe un correcto registro de la información y llevar a conclusiones erróneas.

“(Integra) no cumple con la normativa internacional y en algunos casos hasta difiere con las mismas normas, por lo que el órgano contralor, estima de importancia atender lo antes posible”, advirtió la entidad en su informe del pasado 18 de diciembre.

La Contraloría destacó que contar con una mejor contabilidad del sector genera transparencia, así como el suministro de información útil, confiable y oportuna para la toma de decisiones.

Ronald Fernández, jerarca de la Dirección General de Contabilidad Nacional, confirmó que están en el proceso de implementar la normativa contable la cual tiene que estar lista en el 2023, pues es un requisito para incorporarse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“Si bien en el informe de la CGR se aborda el tema de beneficios a empleados, también hay otras 31 que deben atenderse”, reconoció Fernández.

El Ministerio de Hacienda registra y consolida la información contable de un total de 70 instituciones públicas que conforman el Gobierno Central. Se trata de 47 órganos desconcentrados, 17 ministerios, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, la CGR, la Defensoría de los Habitantes y el Tribunal Supremo de Elecciones.

Hasta setiembre pasado, Hacienda tenía registrada una provisión de ¢17.378 millones que incluye el cálculo de beneficios laborales como el auxilio de cesantía, según los estados financieros del Gobierno.

El Poder Ejecutivo ordenó vía decreto, desde el 2016, la implementación de la normativa contable internacional. El principal cambio implica que la contabilidad del sector pública pasará de ser presupuestaria a una que registre los gastos realizados.

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Debilidades señaladas

Una de las principales inconsistencias que detectó la fiscalización fue en el cálculo de la cesantía a pagar por el Gobierno.

Hacienda solo pide a las instituciones públicas estimar el monto de pago de prestaciones legales para los trabajadores que les falten ocho años o menos para jubilarse. Lo correcto según la normativa internacional, destacó la Contraloría, es hacer el cálculo sobre la totalidad de la población.

Efectuarlo de esa manera permitiría al Ejecutivo contar con un cronograma de los requerimiento futuros de egresos.

Hacienda justificó a la CGR que para mediar la obligación contraída, del Gobierno con sus empleados, se requiere de cálculos actuariales, los cuales deben hacerse por un profesional en esta materia.

“La Dirección de Contabilidad está en una etapa de revisión del registro de beneficios a los empleados y metodología de cálculo de cesantía, lo cual forma parte de las disposiciones de la CGR”, sostuvo Fernández.

El jerarca recalcó que para conformar el costo de los beneficios a los empleados se requiere de datos precisos, pero hay factores que influyen en el cálculo como el traslado de fondos a asociaciones solidaristas, influencia de convenciones colectivas, o edad y cuotas sociales del trabajador.

La contradicción es que Hacienda ya ordenó a las instituciones públicas cumplir con dicho requerimiento y, por ejemplo, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) contrató, en 2016, a especialistas de la Universidad de Costa Rica para efectuar un estudio actuarial y actualizar la provisión de pago de cesantía de todos sus trabajadores.

El Contador Nacional recalcó que Hacienda se encarga de integrar el flujo de información del registro de cesantía, vacaciones o salarios del sector público. Pero también de otra información como activos fijos, pasivos y activos contingentes, propiedades de inversión, fideicomisos, entre otros.

La CGR también descubrió que los actuales sistema contables del Gobierno no contemplan la cuantificación del pasivo de las vacaciones ganadas y no disfrutadas de los empleados públicos.

El Director de Contabilidad Nacional destacó que para el conocimiento más detallado dependen del traslado de información por parte de las instituciones públicas.

”Las normas NICSP no son un asunto solamente contable, implica la participación activa de los departamentos de recursos humanos, las asesorías legales, las proveedurías y las tesorerías”, dijo el funcionario.

La CGR ordenó a Contabilidad Nacional modificar sus normas contables para evitar aplicaciones erróneas en temas de beneficios laborales, para lo cual dio como plazo para junio próximo.

En tanto, para setiembre de este año, Hacienda deberá concluir los cambios informáticos necesarios para que el sistema Integra permita la adecuada recolección de información financiera gubernamental.