Patricia Leitón. 29 mayo
Nuevo edifcio de la escuela Rafael Vargas Quirós, en Colima de Tibás, que se entregó en marzo del 2019. En medio de la crisis fiscal y la pandemia el Gobierno ha procurado no frenar las obras, lo cual se hace cada vez más difícil. Foto: Albert Marín.
Nuevo edifcio de la escuela Rafael Vargas Quirós, en Colima de Tibás, que se entregó en marzo del 2019. En medio de la crisis fiscal y la pandemia el Gobierno ha procurado no frenar las obras, lo cual se hace cada vez más difícil. Foto: Albert Marín.

El gasto de capital, que son las erogaciones del Gobierno Central dirigidas a obras, se han mantenido en medio de la difícil situación fiscal que ha atravesado el país desde el 2018, y todavía creció en abril pasado, a pesar de los impactos económicos de la pandemia.

Si se consideran los datos acumulados en los últimos 12 meses, para reducir los efectos estacionales, dicho gasto alcanzó, en abril, ¢663.000 millones (acumulado entre mayo del 2019 y abril del 2020), un incremento del 23% respecto al mismo periodo del año anterior (acumulado entre mayo del 2018 y abril del 2019).

Desde octubre del 2019 la variación interanual del acumulado de los últimos 12 meses se mantiene positiva.

Si se consideran los acumulados desde diciembre del 2017 estos tendieron a bajar hasta diciembre del 2018, pero luego volvieron a subir hasta abril del presente año.

Aunque este gasto se ha sostenido sigue siendo poco respecto al total de las erogaciones. Por ejemplo, en el primer cuatrimestre del 2020, dicho gasto representó 4% del total.

Inversión y transferencias

El gasto de capital del Gobierno se divide en “inversión” y “transferencias de capital”.

La primera categoría se refiere a la inversión que realiza el Gobierno Central en maquinaria y equipo, construcciones, adicionales y mejoras, compra de terrenos, bienes duraderos e inversión del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Esta parte del gasto de capital del Gobierno se ha mantenido casi constante desde el 2018.

El economista Oswald Céspedes explicó que esto se debe a que esos son gastos que vienen programados; por ejemplo, en contratos de obra y demás, por los que su ejecución es rígida y no puede ser variada discrecionalmente por el Gobierno.

La segunda, son transferencias que realiza el Gobierno Central a otras entidades para inversión; por ejemplo, al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), las juntas de educación y administrativas, que se encargan de obras en centros educativos, el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y las municipalidades, entre otros.

Estas transferencias a otras entidades se han mantenido con una tendencia al alza desde diciembre del 2018.

A partir de este año hay ajustes en las definiciones de transferencias corrientes y de capital para el cumplimiento de la regla fiscal.

El gasto de capital es importante porque permite aumentar la capacidad del país para generar ingresos y pagar sus deudas futuras; no obstante, hacia futuro la situación fiscal y la pandemia constituyen una amenaza.

El economista Carlos Conejo, investigador del Programa de Estudios Fiscales de la Universidad Nacional, comentó que para dar el salto al desarrollo el país, necesariamente, debe apostar por las grandes inversiones en infraestructura, área en la cual Costa Rica mantiene un gran rezago.

No obstante, para hacerlo, el país afronta dos grandes retos: el primero es la precaria situación fiscal, que se ha agudizado ya que el Gobierno se ha visto en la necesidad de redireccionar recursos para la atención de la pandemia causada por el coronavirus.

El segundo, según Conejo, es la regla fiscal contenida en la Ley 9635, la cual establece que si la relación de la deuda (del Gobierno) respecto al PIB (producto interno bruto) supera el 60%, la restricción al gasto del Gobierno Central se aplica, no sólo al gasto corriente, sino al gasto total, incluyendo los de capital.

“Esto constituye una falencia de la Ley 9635 que debe ser corregida; ya que este año la deuda va a superar ese nivel. De manera que en momentos en que el país está urgido de incrementar los gastos de capital para fomentar el crecimiento económico y el bienestar de la población, existe una ley que se lo impide”, opinó.