El Fondo Monetario Internacional (FMI) buscará en las negociaciones con Costa Rica que las reformas económicas, propuestas por el Gobierno, logren dar al país una “macroestabilidad”.
"Nuestra prioridad será proteger vidas y los medios de subsistencia durante esta pandemia, y trabajar hacia la macroestabilidad y la agenda de reforma de las autoridades”, dijo Gerry Rice, portavoz del organismo multilateral, con sede en Washington D.C., Estados Unidos.
Además adelantó que las conversaciones con el país se profundizarán durante la próxima consulta del artículo IV. Esta es una revisión que el FMI realiza en los países miembros de manera anual.
La administración de Carlos Alvarado acudió al organismo multilateral para obtener financiamiento por $1.750 millones, luego de que se aprobara un crédito rápido por $504 millones.
“Elogiamos el compromiso de las autoridades (de Costa Rica) de generar consenso en torno a ese programa de reforma económica mediante un diálogo político y social de base amplia. Esperamos profundizar nuestras discusiones, mientras las autoridades continúan trabajando en sus planes”, afirmó Rice.
El vocero del organismo destacó que el crédito busca ayudar a las autoridades nacionales a restaurar un crecimiento sostenible e inclusivo, mientras se protege a los más vulnerables.
El funcionario del Fondo se refirió al inicio de las conversaciones oficiales con Costa Rica para obtener un acuerdo de Servicio Ampliado de Fondos (Extended Fund Facility; EFF).
Durante casi una hora, Rice habló de las acciones efectuadas por el Fondo para apoyar a los países miembros del organismo a enfrentar la pandemia del coronavirus.
Costa Rica optó por la línea de crédito de servicio ampliado porque está diseñada para los países con graves problemas de balanza de pagos debido a deficiencias estructurales o por una economía caracterizada por un lento crecimiento. Además porque el apoyo financiero se otorga por un periodo más amplio de tiempo.
En el caso costarricense, el Gobierno hizo la solicitud para enfrentar los graves desequilibrios en las finanzas públicas acentuados por la crisis económica provocada por la covid-19.
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La pandemia provocó una fuerte caída de los ingresos tributarios estimada en ¢1,2 billones debido a los cierres de la economía nacional y global.
El Gobierno acudió a la solicitud de créditos con organismos multilaterales para sustituir el faltante de dinero y hacer frente a los gastos como el pago de deuda, salarios y transferencias sociales.
Esta situación llevará el endeudamiento público al 70,3% del producto interno bruto (PIB), para este año, y al 80,5% del PIB, en 2021, según las proyecciones del Ministerio de Hacienda.
Ajuste de propuesta
Elian Villegas, ministro de Hacienda, destacó que el Gobierno busca hacer transparente la negociación con el FMI.
“Ahora sigue un proceso en el cual precisamente vamos a buscar las mayorías que ocupamos para llevar adelante la aprobación de lo que vayamos a negociar con el Fondo”, afirmó el jerarca.
Villegas reconoció que, para sentarse a negociar con el FMI, se requiere un consenso importante en el país.
“En las siguientes semanas, vamos a afinar la propuesta y rebalancearla para que, efectivamente, podamos sentarnos con el Fondo con base en un planteamiento que cuente con mayorías suficientemente amplias en el país”, aseguró el funcionario.
La propuesta del Gobierno prevé la implementación de medidas temporales como el aumento de las tasas del impuesto sobre la renta para personas y empresas en el 2021 y 2022.
Así como la creación, también por esos dos años, de un tributo sobre las transacciones electrónicas en el sistema financiero, conocida como tasa Tobin.
La iniciativa incluye la aplicación de un proceso de movilidad laboral voluntario, reducir la deuda política a la mitad; y la venta de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) y terrenos del Estado.
Entre las medidas permanentes están eliminar exoneraciones de impuestos a grandes cooperativas, Caja de ANDE, Seguros de Vida del Magisterio Nacional, al salario escolar y a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
Además de aumentar el impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles de 0,25% a 0,75%; e implementar el sistema de renta global.
Asimismo eliminar las anualidades, modificar el sistema de empleo público y hacer una reestructuración de órganos desconcentrados.