La forma para otorgarle un financiamiento robusto y hasta dónde deben llegar sus potestades, son dos de los puntos álgidos en la discusión para otorgarle independencia financiera, técnica y funcional a la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom), ente que vigila y controla la eventual aparición de monopolios y concentraciones en el mercado costarricense.

Esta discusión está en la mesa, además, porque la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) puso como requisito obligatorio la modernización de la legislación y de las instituciones relacionadas con la competencia, en el proceso de adhesión de Costa Rica a ese grupo de países. La ley actual está vigente desde diciembre de 1994.

Uno de los aspectos de más interés manifestados por la OCDE es el tiempo que se tarda este órgano en resolver los casos presentados sobre concentraciones y monopolios, pues actualmente hay algunos que tienen hasta siete años en proceso, mientras tanto las prácticas se mantienen en el mercado. La idea es lograr agilidad en la resolución, de tal manera que sea mínimo el impacto a los actores en el mercado.

Un ejemplo es el caso presentado por Compañía Farmacéutica S. A. (Cofasa) contra la cadena Fischel. La denuncia, que data del 23 de octubre del 2011, es por supuesta concentración de mercado y aún no ha salido la resolución.

El tema se discute en Costa Rica sobre la base de un proyecto de ley original, enviado por el Poder Ejecutivo en junio del 2016, y que está en trámite en la Asamblea Legislativa. Ahora, hay otro texto listo que se enviará a la comisión especial que discute las leyes relacionadas con el acceso a la OCDE, explicó el viceministro del MEIC, Carlos Mora.

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En ese contexto, la Academia de Centroamérica, la fundación Konrad Adenauer Stiftung y la Asociación de Profesionales en Contratación Administrativa (Asproca), realizaron este martes 11 de diciembre el foro Retos de la política de competencia en Costa Rica y la necesidad de adoptar mejores prácticas internacionales en el marco regulatorio, en el hotel Park Inn, en barrio Don Bosco, en San José.

Prácticamente la generalidad de los expositores estuvieron totalmente de acuerdo en otorgarle esa independencia financiera, técnica y funcional a la Coprocom, pero el tema es el origen de los recursos o el financiamiento para lograrlo, así como hasta dónde debe llegar el alcance de los fallos y opiniones emitidas.

La Coprocom es actualmente un órgano adscrito el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), con un presupuesto limitado, procedente de esa entidad. La Comisión tiene propiamente cinco comisionados propietarios y cinco suplentes, los cuales obtienen remuneración por dietas. También tiene una Unidad Técnica de Apoyo (UTA) compuesta por solo 15 funcionarios del MEIC, los cuales se encargan de realizar los estudios técnicos.

Posibles cambios

El proyecto de ley en discusión propone que la Comisión sea reducida a tres miembros propietarios y tres suplentes, los cuales se nombrarán por parte del Gobierno para un periodo de cinco años mediante un concurso, y que tengan salarios competitivos, de tal manera que se dediquen a tiempo completo a esta actividad y garanticen su total independencia.

Se propone, también, un incremento del personal técnico de la UTA y que no sean funcionarios del MEIC, con lo cual se cumpliría la solicitud de la OCDE de contar con una total independencia en el análisis y resolución de los casos.

Pero para esto debe contar con un financiamiento robusto, el cual debería provenir, según este último proyecto, del presupuesto nacional y, por tanto, ser contemplado por el Ministerio de Hacienda.

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Christian Campos, presidente de Asproca, consideró que en la coyuntura actual de las finanzas públicas se plantea un duro reto, pues Hacienda debería garantizar el presupuesto para la nueva condición de la Coprocom, pero no se sabe si siempre será seguro. Tampoco es posible, detalló, proponer un impuesto con destino específico.

Pero el país, agregó, puede proponer diferentes figuras, como una entidad al estilo de una superintendencia y adscrita a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos u otras. La idea, consideró, es aprovechar la coyuntura, independientemente de lo solicitado por la OCDE, para modernizar, robustecer, agilizar e independizar a la Coprocom.

Hannia Vega, integrante del Consejo Directivo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), consideró que el ideal es contar con un órgano de máxima desconcentración, con independencia financiera y con personal técnico de alta experiencia. Pero en vista de la situación actual, se puede estimar que el Gobierno pretende con Coprocom un escalón abajo, dejándola adscrita al MEIC, pero que se podría ver como una transición hacia el ideal.

El expresidente el Banco Central, Eduardo Lizano, abogó también por la independencia financiera y técnica de esta Comisión, pero advirtió de que no significa dejarlos que hagan lo que quieran, pues deben existir algunos controles superiores.

Otro punto es permitir que UTA haga estudios de mercado para sectores de interés y con ello envíe recomendaciones. Pero estas opiniones no serían vinculantes, al contrario de las resoluciones sobre casos.