11 octubre
José Luis Arce, economista. Foto: Jeffrey Zamora.
José Luis Arce, economista. Foto: Jeffrey Zamora.

Uno de los factores que está minando el crecimiento económico es el alto grado de endeudamiento. La combinación de empresas y familias altamente endeudadas y el deterioro de las condiciones crediticias constituyen factores clave que ralentizan el gasto interno, es decir el consumo y la inversión.

El lastre que el sobreendeudamiento impone sobre las acciones de reactivación es un problema serio, pues son pocas las alternativas para revertir sus efectos, debilitándose el papel de la intermediación financiera en el proceso.

No hay salidas mágicas como los tentadores controles sobre los tipos de interés o los subsidios crediticios. Debe avanzarse con rapidez en acciones que faciliten la reducción de los niveles de endeudamiento sin debilitar la solvencia de la banca, generar incentivos inapropiados como el riesgo moral o favorecer a quienes no lo necesitan. Entre tanto, la paciencia será una virtud, porque no es un proceso rápido y requerirá tiempo para mejore la hoja de balance de empresas y familias.

Como suele suceder en casos como estos, la lista de lecciones es larga. La primera es la importancia de un enfoque macroprudencial en la supervisión y regulación del sistema financiero, especialmente en entornos caracterizados por desequilibrios y distorsiones importantes –provocadas por mercados imperfectos o acciones gubernamentales– en precios clave de la economía como las tasas de cambio y de interés.

Una supervisión más preocupada por estos aspectos quizá debió haber sido menos tolerante de la expansión crediticia experimentada hasta el 2018, por presentarse en un contexto de altos y persistentes déficit fiscales, de apreciación real del colón, de muy bajas tasas de interés reales y abundantes ingresos de capital externo; todo esto matizado, en algunos años, por una clara intención de las autoridades de turno de evitar, a toda costa, que la tasa de cambio y los tipos de interés se ajustaran.

La segunda de las lecciones es la necesidad de incluir en la agenda de políticas públicas y en el perímetro de acción de los reguladores financieros la protección de los consumidores, la educación financiera y la promoción de la competencia.

En esta dirección, deben estructurarse esfuerzos no solo en el necesario entrenamiento de los habitantes en el uso responsable de los instrumentos crediticios y de ahorro; sino que, además, en una intervención gubernamental más efectiva que, dados los problemas de información e incentivos existentes, se asegure que el mercado provea la información necesaria y relevante a los consumidores (no solo desde la perspectiva legal, sino que especialmente desde el enfoque más amplio de la economía del comportamiento) y que una mayor competencia se refleje en menores costos de intermediación en el largo plazo.