Por seis años consecutivos la economía tica arrastró una enfermedad sin que la población sintiera sus efectos.
Se trata del alto y persistente déficit fiscal que surge porque el Gobierno gasta más de lo que recibe por impuestos.
Los medicamentos que ingenió el Ministerio de Hacienda permitieron mantener al paciente sin dolor, pero ya no es sostenible. En el 2017 se comenzaron a mostrar las lesiones de tantos años de enfermedad y para el 2018 se agudizarían.
Al igual que un hogar, un Gobierno no puede vivir indefinidamente de prestado, pues la deuda se acumula y los intereses son un gasto cada vez mayor. En esa situación está el Gobierno Central (incluye principalmente las finanzas de los tres poderes) cuyo déficit ya alcanzó este año el equivalente a un 5% de la producción, igual a la cifra total del 2016.
Las lesiones se comienzan a ver. El 14 de diciembre pasado el Gobierno no logró obtener los préstamos suficientes para pagar los salarios a 132.000 empleados públicos y les pago un poco más tarde de lo acostumbrado.
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El ministro de Hacienda, Helio Fallas, advirtió que la reprogramación de pagos solo muestra una pequeña parte del problema fiscal que atraviesa nuestro país.
Meses antes, en agosto pasado el Gobierno ordenó a los ministerios detener todas las contrataciones de bienes y servicios que se financien con recursos internos, como parte de las medidas para afrontar la crisis de liquidez en las finanzas públicas.
Esta decisión afecta no solo a las instituciones que atraviesan dificultades para abastecer su operación normal, sino también a las empresas que le venden al Estado.
Otra secuela de la enfermedad se empieza a reflejar en las tasas de interés. Aunque Hacienda ha hecho todo lo posible por no subir las tasas de interés, no le ha quedado más camino que comenzar a hacerlo, como sucedió en la subasta del jueves 21 de diciembre.
Un aumento de tasas golpea a los hogares que tienen créditos para vivienda y consumo, por ejemplo, pero también hace menos rentable los proyectos de inversión de las empresas, que son obras que podrían ayudar a atacar el alto desempleo. Parte de estas secuelas se ven en una producción que cada vez crece menos.
Esto en una coyuntura en que también las tasas de interés en dólares van al alza por los incrementos que está realizando la Reserva Federal de Estados Unidos.
El déficit alto y persistente también implica que el Gobierno necesita cada vez más recursos del total que hay disponible y por lo tanto deja cada vez con menos dinero al sector privado para producir.
La incertidumbre también genera su llaga y hace que empresas y personas sean más cautelosas para comprar o hacer nuevas inversiones. Dicha incertidumbre se acelera con la cercanía de las elecciones nacionales.
Para aliviar al paciente el Gobierno busca, mediante una nueva figura, una cura temporal de $1.500 millones en el exterior, que aún no se tiene claro si se lograrán y qué tasa tendrá que pagar Hacienda por esos recursos. El jueves 22 de diciembre captó $339 millones en el mercado local a una tasa de 6,03%, luego de haber ofrecido una de 4,03%.
Déficit marcará rumbo
Es por ello que los economistas ven en el déficit fiscal es el principal determinante del rumbo de la economía en el 2018.
“La situación fiscal solo tiende a agravarse y entonces me parece que ahí va a tener la nueva administración que entrar en forma muy acelerada o el resto del mundo nos va a acelerar en la toma de decisiones”, comentó el exministro de Hacienda y expresidente del Banco Central, Francisco de Paula Gutiérrez.
Gutiérrez esperaría que el Banco siga con su política de mantener la inflación dentro del rango meta (entre 2% y 4%), pero eso dependerá de cuán fuerte sea el Banco Central y quién encabece la entidad a partir del 8 de mayo, pues ahora, a su juicio, se va a sentir mucho más fuerte la dominancia fiscal (cuando la política monetaria está determinada por las necesidades de Hacienda).
Hasta ahora el Banco Central se ha matenido firme en su meta y ha reforzado sus reservas con el argumento de blindar al país ante choques externos. VEA: nota aparte.
Para José Antonio Cordero, director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, el tema del manejo político de la parte fiscal se convierte en algo como muy crítico para el 2018.
Por un lado, añadió, el Gobierno no puede paralizarse y por otro habría que ver si los partidos políticos están dispuestos a “comprarse el pleito” de iniciar una reforma en la parte tributaria, que tendría que estar lista en un plazo muy corto porque en mayo cambia la composición de la Asamblea Legislativa.
“Si al momento actual no se ha hecho nada, yo veo difícil que se vaya a concretar algo que tenga algún impacto significativo en los siguientes meses, entonces ahí un poco lo que seguiría es tener un control suficientemente fuerte del gasto, sin que paralice al Gobierno”, opinó Cordero.