El Estado costarricense logró una merma en el ritmo de crecimiento de sus empleados en el 2018.

El sector público finalizó, el año pasado, con una planilla de 275.375 plazas ocupadas, lo cual significó un alza de 1,3%, comparado con los 271.718 trabajadores del 2017.

Esta tasa de variación fue la más baja en los últimos cinco años, cuando el promedio de crecimiento se ubicó en 2,3%.

El año pasado se incorporaron 3.657 empleados a instituciones estatales, frente a las 6.000 personas que se sumaron a la función público, cada año, entre el 2014 y 2017.

Así se detalla en el Informe nivel empleo IV trimestre 2018, efectuado por el Ministerio de Hacienda y publicado en agosto pasado.

Las plazas ocupadas son aquellas en la que está nombrada una persona, sea en propiedad o de forma interina, y en las que hay un gasto en pago de salario.

El estudio fue elaborado por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y consiguió aglutinar los datos de la planilla de 217 instituciones, entre Gobierno Central, Poder Judicial, Asamblea Legislativa, municipalidades, entidades autónomas y descentralizadas.

Solo 11 ayuntamientos no enviaron la información de su planilla a Hacienda; se trata de los gobiernos locales de San Mateo, Atenas, Los Chiles y Guatuso, todos en Alajuela; Nicoya y Santa Cruz, en Guanacaste; Montes de Oro, Aguirre de Quepos y Coto Brus, Puntarenas, así como los limonenses Matina y Guácimo.

El menor crecimiento se fundamenta en dos decretos ejecutivos, publicados el año pasado, que restringen significativamente la creación de plazas en Gobierno, excepto en los ministerios de Educación Pública (MEP), Seguridad Pública y Justicia y Paz.

En el caso de las entidades descentralizadas y autónomas hubo una caída en la planilla, lo que se explica por una baja de 709 trabajadores en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

El informe también revela que, durante el año pasado, el Estado contaba con 11.529 plazas vacantes, un incremento del 52% cuando se compara con las 7.607 del 2017.

En los puestos vacantes no hay ninguna persona nombrada y, por lo tanto, no hay un egreso en remuneraciones, detalló Ana Miriam Araya, directora ejecutiva de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.

“Una plaza vacante no genera gasto, no se incurre en pago de remuneraciones porque nadie la está ocupando. La condición de vacante es temporal, hasta tanto sea ocupada nuevamente”, explicó Araya.

Para el próximo año, el límite a la contratación del Gobierno Central se mantendrá, anunció Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, durante la presentación del Presupuesto Nacional 2020.

En el documento enviado al Congreso detalla que, para el 2020, se prevé una creación neta de 367 nuevas plazas. En el 2019 fueron 774 puestos, y 1.667 el año pasado, según Hacienda.

Aguilar resaltó que, el próximo año, se eliminarán por primera vez 118 plazas en 11 instituciones.

Razones

Los decretos ejecutivos en los que se fundamentó el freno a la contratación también limitaron el uso de las plazas vacantes.

Alfredo Hasbum, director del Servicio Civil, explicó que los puestos vacantes son una herramienta para la contención del gasto en el Gobierno.

Hasbum añadió que el alza en esas plazas no ocupadas ocurre porque, al pensionarse un funcionario o dejar una institución, no se renueva a la persona, con lo cual el puesto queda vacante y se genera un ahorro en el gasto por remuneraciones.

En enero del 2018, se publicó la directriz N.° 98-H, que solo permitía el uso del 50% de las vacantes, previo aval otorgado por Hacienda.

Sin embargo, dicha situación se restringió aún más en julio del año pasado, pues solo se autorizó la utilización del 25% de vacantes, según la directriz N.° 26-H.

Pese a que el decreto no se aplica en las instituciones autónomas y descentralizadas, en dicho sector hubo una caída en la cantidad de funcionarios.

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El año pasado cerraron con 123.156 trabajadores, lo cual significó una baja de 0,6% frente a los 123.879 del 2017; es decir, una diferencia de 723 personas. El recorte se explica por el programa de movilidad laboral instaurado por el ICE.

La empresa pública cerró, el año pasado, con 12.845 trabajadores en plazas ocupadas, pero, en el 2017, eran 13.554, con lo cual la reducción fue de 709 funcionarios.

En el caso del Gobierno Central, cerró con 121.279 trabajadores en planilla, lo cual significó un alza del 1,9% frente a las 119.009 personas en puestos ocupados en el 2017.

El crecimiento se concentró en el MEP y en Seguridad Pública, muestran los datos de Hacienda.

En tanto, el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa reportaron, ambos, un total de 15.784 plazas ocupadas el año pasado, lo que significó un incremento de 0,8% en comparación con las 15.656 del 2017.

Educación domina

El área educativa cuenta con la mayor cantidad de plazas ocupadas del sector público, con 103.079 trabajadores al cierre del 2018, un 37,4% del total de empleados estatales.

El MEP posee la mayor cantidad de funcionarios, con 83.605, seguido de la Universidad de Costa Rica, con 9.843 personas, y el Instituto Nacional de Aprendizaje, con 2.996.

El sector de salud es el siguiente en importancia, con 56.683 trabajadores en planilla al 2018, lo cual significó el 20,6% de los empleados públicos.

La mayoría son de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que contaba con 47.635 empleados al cierre del año pasado.

El sector de seguridad ciudadana tenía 26.748 funcionarios al concluir el año pasado, lo que representaba el 9,7% de los empleados públicos. El Ministerio de Seguridad Pública concentraba la mayoría de trabajadores, con 17.146, mientras que Justicia tenía una planilla de 6.170 funcionarios en plazas ocupadas.