Costa Rica consiguió mejorar el cumplimiento de normas internacionales para el combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) encontró, en febrero anterior, que el país cumplió con 35 de las 40 recomendaciones técnicas en la lucha de lavado de activos; de estas 17 fueron aprobadas en su totalidad y 18 fueron “mayoritariamente cumplidas”. Las restantes cinco, las reprobó.
Esto representó un cumplimiento de 83%, lo cual significó una mejora a lo largo de casi cuatro años pues en julio del 2015, Costa Rica obtuvo una nota del 55%, cuando reprobó la mitad de las recomendaciones internacionales.
La GAFI es un organismo global que fija estándares y promueve la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Guillermo Araya, director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), explicó que el avance se logró por leyes que tipificaron el financiamiento al terrorismo, mayor transparencia en conformación y finanzas de sociedades anónimas.
Además medidas como el registro ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) de casinos, agentes inmobiliarios, comerciantes de metales y piedras preciosas, abogados, notarios, contadores y otros profesionales independientes considerados especialmente vulnerables y que pueden verse implicados en una operación de lavado de dinero.
Los cambios legales se aprobaron a finales del 2017 cuando el país estuvo apunto de ingresar a la lista gris de países poco colaboradores contra lavado y terrorismo
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“En la revisión de este año la evaluación se puso más rigurosa porque se revisó el cumplimiento de las recomendaciones técnicas y la efectividad”, afirmó Araya.
Marconi Costa Melo, secretario general del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Galafit), quien estuvo de visita en Costa Rica la semana pasada, detalló que el país consiguió hacer muchos cambios en poco tiempo.
“Se analiza el riesgo del país, la cooperación internacional si se ha avanzado. También se ven medidas preventivas, principalmente en los bancos, así como la transparencia en las sociedades jurídicas y beneficiarios finales”, destacó Costa.
El representante de Galafit explicó que en el 2020 se analizará la eficacia de las reformas aprobadas por el país y si han colaborado en el cambio y en las pesquisas judiciales contra el lavado de activos.
Materia pendiente
Costa Rica aún incumple cinco recomendaciones técnicas de la GAFI relacionadas con la implementación de las leyes aprobadas a finales del 2017.
Araya explicó que se trata de fiscalización de organizaciones sin fines de lucro y la debida diligencia en terceros cuando hay indicios de actividad sospechosa.
El funcionario detalló que también se incluye la inscripción y supervisión de los nuevos sujetos a fiscalizar (casinos, notarios, abogados, contadores, etc).
“Uno de los temas es la de sanciones para la alta gerencia de las instituciones financieras. Actualmente la ley no incluye la posibilidad de inhabilitación o multa ante una falta menor”, subrayó el Director del ICD.