La falta de rigurosidad presupuestaria del Gobierno Central fue fuertemente cuestionada por la Contraloría General de República (CGR).

Tres episodios –ocurridos en la administración de Luis Guillermo Solís– encendieron las alarmas de la entidad fiscalizadora sobre la falta de transparencia en los números del Poder Ejecutivo.

En específico se trata de la carencia de registro del endeudamiento interno adicional por ¢600.000 millones, en el último trimestre del 2017, lo cual generó el pago de amortización de deuda sin contar con una autorización legal.

Asimismo, la Contraloría cuestionó la decisión de no presupuestar el aporte estatal al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM); ni el efecto fiscal de la inversión por ¢133.000 millones en Bancrédito.

Estos capítulos hacendarios muestran un indebido registro de decisiones que tienen repercusiones fiscales, se resalta en el informe de la CGR, Evolución Fiscal y Presupuestaria.

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“Hacemos una advertencia de que no puede ser que esto (transparencia presupuestaria) siga así. No esperaría que suceda, lo que ha pasado es lo suficientemente delicado como para que tomen medidas. Son tres casos grandes", enfatizó la contralora Marta Acosta.

La preocupación no es exclusiva de la Contraloría. La agencia calificadora Moody´s también señaló que el presupuesto extraordinario por ¢600.000 millones es un reflejo de “falta de supervisión financiera y comunicación interna del gobierno costarricense”.

“Seguimos pensando que el principal problema de Costa Rica es el déficit fiscal. Lo ocurrido (con el presupuesto) refleja un desliz de controles, no creemos que sea algo terrible; pero sí es consecuencia del déficit”, argumentó Gabriel Torres, analista de deuda soberana de Moody’s.

El analista enfatizó que los mercados están preocupados por la situación de alta deuda pública y déficit del país, lo cual se traduce en un mayor fondeo del Gobierno a corto plazo.

La herencia de la anterior Administración –como lo calificó Rocío Aguilar, ministra de Hacienda– comenzó a corregirse.

Hacienda envió un presupuesto extraordinario al Congreso para darle contenido legal al pago de los bonos de corto plazo, el cual ya fue aprobado en primer debate. En el Presupuesto del 2019 se incluyó la cotización estatal completa al IVM y el Banco de Costa Rica absorberá a Bancrédito, con lo cual le quita una brasa financiera y fiscal al Poder Ejecutivo.

Casos polémicos

El pasado 31 de julio, Hacienda hizo pública la solicitud de ese presupuesto extraordinario por ¢600.000 millones para incrementar el límite de endeudamiento interno.

El proyecto pide a los diputados darle contenido presupuestario a vencimientos de títulos de deuda emitidos en el último trimestre del 2017; pero que no fueron incluidos ni revelados por la Administración Solís.

Tal situación provocó que Hacienda pagara títulos de deuda interna sin contenido presupuestario por un monto de ¢182.000 millones.

Para la Contraloria dicha amortización “contraviene condiciones de rango constitucional y legal”.

“La coyuntura fiscal ha ido minando la transparencia presupuestaria”, argumentó la entidad fiscalizadora.

La CGR también criticó que las obligaciones del Estado con la Caja Costarricensse de Seguro Social (CCSS) no fueran presupuestadas.

Se trata en específico a la negativa de Hacienda de incluir entre sus gastos del 2017 y 2018 el incremento de la cotización estatal al IVM.

En setiembre del 2016, el aporte del Estado al fondo de pensiones pasó de 0,58% a 1,24%, tras una decisión de la Junta Directiva de la Caja, para darle recursos frescos al régimen en el corto plazo.

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“El Ministerio de Hacienda indica que dicho incremento, fue realizado unilateralmente por la Junta Directiva de la entidad seguradora, sin considerar si el Estado contaría con las rentas suficientes para honrar las nuevas obligaciones”, señala el informe de la CGR.

Hacienda, entonces dirigida por Helio Fallas, también cuestionó el alza de cara a la realidad fiscal del país.

Sin embargo, para 2019 la contribución estatal al IVM será de ¢160.106 millones, es decir un alza de 118%, en comparación con el 2018.

Aguilar recalcó –durante la presentación del Presupuesto 2019– que se tratan de ¢85.218 millones adicionales para el próximo año, los cuales en su mayoría se financiarán con emisión de deuda.

La última polémica presupuestaria, que significó el rechazo de la liquidación de gastos del 2017, fue la ausencia de registro de las inversiones hechas por Hacienda en Bancrédito.

El Gobierno invirtió, entre marzo y abril del 2017, ¢62.000 millones y $50 millones en el banco, dinero que debió ser devuelto en diciembre del mismo año.

Sin embargo, los recursos no se pagaron y Bancrédito entró en cesación de pago, lo cual significó la intervención del banco cartaginés.

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El cuestionamiento de la Contraloría fue que el Gobierno nunca reveló el impacto de la decisión.

“No estamos reflejando bien el déficit. Vea el caso de Bancrédito, si ese gasto se hubiera registrado bien el déficit habría sido de 6,4% (del producto interno bruto) en lugar de 6,2%”, recalcó Acosta.

La situación quedó resuelta, en favor del Poder Ejecutivo, con la fusión de Bancrédito con el BCR. Este último banco se encargará de pagar la deuda.

Entrevista con Gabriel Torres

Analista de Moody’s: ‘El problema de Costa Rica es el déficit’

Para la calificadora Moody´s los problemas presupuestarios del Gobierno, revelados este año, son una muestra de los grandes desequilibrios fiscales de Costa Rica.

Gabriel Torres, analista de la agencia, el desliz demuestra una falla de control interno.

– ¿Qué refleja para Moody’s los problemas presupuestarios del Gobierno revelados este año?

– Refleja problemas de control interno. Entendemos que al final del año pasado se emitió más deuda de lo esperado en corto plazo.

“Esa deuda debió de ser pagada en el 2018 y, por lo tanto, los límites de autorización resultaron insuficientes. Pero hubo meses en que no se notó en el sistema.

“Es un desliz de parte de controles, no creemos que es algo terrible. El problema de Costa Rica es el déficit fiscal”.

– ¿La presión fiscal es tan fuerte que genera estos problemas?

– De algún modo sí. Costa Rica se encuentra con que debe de fondearse más a corto plazo porque los mercados están preocupados por el déficit fiscal.

– ¿Un desliz presupuestario puede minar la confianza de un inversionista?

– Creo que no, en todo caso esto es reflejo de que los inversionistas en preocupados y por eso se da la emisión a corto plazo.

“Todos los países pueden tener problemas de control, lo señalamos porque sucedió”.

– ¿Por qué consideraron relevante hacer el comentario?

– Porque sucedió el hecho y además porque es reflejo de los problemas del Gobierno para fondearse. Si solo fuera un desliz técnico no hubiéramos comentado.

– Tras lo ocurrido, ¿mantienen la confianza en los números dados por el Gobierno?

– Sí, en eso no tenemos ninguna preocupación. No estamos dudando de los números que se publican.

– ¿Cuán complicado puede ser para Costa Rica salir a emitir deuda externa en el contexto actual?

– Las condiciones externas cambiaron mucho desde la última vez que el país emitió eurobonos. Costa Rica no es obviamente Argentina. Pero tiene un déficit fiscal alto y una necesidad de financiamiento.

“El mercado dictará las reglas, pero claramente hay riesgos y vulnerabilidades. Si la reforma fiscal se aprueba el déficit podría bajar entre 1% y 1,5% del PIB (producto interno bruto). Es importante pero no es suficiente si se prevé que llegará al 7% del PIB.

“Cuando un país no ajusta en las buenas, el mercado termina haciendo el ajuste por las malas y siempre es peor”.