EscucharEn el ámbito de lo económico, dos fueron los retos principales – uno harto conocido de previo y el otro absolutamente inesperado – que debió enfrentar el equipo que tomó las riendas del Ejecutivo en mayo de 2018: el ajuste urgente – pero irresponsablemente pospuesto por casi una década debido a las refriegas políticas y a los intereses particulares – en las finanzas gubernamentales; y la mitigación del impacto de la pandemia, en especial, de los efectos colaterales de las medidas de naturaleza sanitaria requeridas para enfrentar al Sars-Cov-2.
Siendo objetivos, de frente a ambos retos, el gobierno que está por concluir puede darse por satisfecho y, merece, reconocimiento. También lo merecen otros actores políticos que, en diversos momentos durante este cuatrienio, fueron capaces de alcanzar los acuerdos funcionales para poder realizar las reformas necesarias o tomar las medidas de política pública requeridas.
De esta forma, durante los primeros meses de gobierno, con el temor que genera saberse al borde del abismo fiscal, sin más espacio para procrastinar y trasladar las responsabilidades a otros mediante una retórica llena de falsedad y por supuesto lejos de cualquier heroísmo, fue posible aprobar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, hito clave en el golpe de timón y el cambio de rumbo que se percibe hoy en los presupuestos gubernamentales.
Los resultados de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas son hoy evidentes: una reducción notable en los déficit primario y financiero, construida sobre una base de mayores ingresos tributarios pero, además, del ancla efectiva sobre el crecimiento de los presupuestos que implica la regla fiscal y, en consecuencia, lograr el anhelado punto de inflexión a partir del cual, un manejo hacendario prudente, hace declinar la razón deuda-producto, sin duda la mayor pesadilla desde el punto de vista de las vulnerabilidades financieras de corto plazo.
Dejando de lado el postureo político en torno a las libertades que el manejo de la pandemia ha vuelto tristemente frecuente, merece destacarse también, sin espacio para la duda, la forma en cómo se manejaron y se mitigaron los efectos de dicho shock sobre la economía.
No sólo era un evento absolutamente inesperado, sino que, además, totalmente desconocido y que implicaba, la necesidad de lidiar con un fenómeno de altísima complejidad y múltiples aristas y dimensiones.
Visto en retrospectiva, las medidas adoptadas de restricción fueron cambiando y flexibilizándose paulatinamente conforme se aumentaba la capacidad de respuesta sanitaria –tanto en atención a los enfermos como en términos de profilaxis y vacunación– de manera que, tan pronto como agosto de 2020, los indicadores de actividad económica, gasto y empleo empezaron a recuperarse luego de la brutal contracción del segundo trimestre de ese año y, en no pocos casos, incluso alcanzaron y sobrepasaron los niveles prepandémicos durante el 2021.
En medio de esta emergencia, fueron cruciales y efectivas acciones que permitieron flexibilizar el empleo, apoyar el ingreso de los hogares más vulnerables, dar alivio a los requerimientos de financiación de las empresas y una política monetaria expansiva, acompañada de espacios regulatorios más flexibles por parte de los supervisores del sistema financiero.
Fue también notable cómo el impacto presupuestario –caída de ingresos y aumento de gasto y, por tanto, del déficit– de esta crisis se logró acotar temporalmente; pero no debe dejar de lamentarse todo el tiempo perdido posponiendo el ajuste en los años previos a 2018 que, de no haberse desperdiciado, hubiera permitido contar con instrumentos fiscales para mitigar mejor el shock pandémico y sobretodo para poder brindar más apoyo a los hogares vulnerables en esos complejos momentos.
Como todos los gobiernos, la administración que termina está lejos de ser perfecta –no dejaron de generar preocupación y zozobra los momentos de duda y de vacilación presidenciales a lo largo de estos cuatro años y la torpe comunicación política que ha caracterizado a Casa Presidencial– pero debe reconocérsele al equipo de gobierno el esfuerzo y la capacidad empeñados en acometer estos dos enormes retos.
Sin duda, a quien le corresponda formar gobierno a partir del 8 de mayo de este año, el punto de partida en materia fiscal y en cuanto a recuperación del shock pandémico es innegablemente bueno, ojalá que no se desaproveche la oportunidad de, una vez alejados del precipicio de una crisis inminente, ser capaz de avanzar en los cambios estructurales necesarios en materia de transformación productiva, distribución y equidad y cambio climático que el país requiere con prontitud.
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José Luis Arce, economista. (Jeffrey Zamora R)
