José Luis Arce. 15 febrero

Son pocos los ámbitos en las ciencias sociales y económicas en los que puedan descartarse eventos sorpresivos, que cambien las perspectivas de manera radical en muy corto tiempo.

En economía, las recesiones y las crisis financieras suelen incubarse con rapidez (con algunos síntomas iniciales que pasan desapercibidos incluso para los expertos); mientras que, en ciencia política y sociología, los conflictos permanentes y la forma en que son canalizados por los actores sociales y las instituciones pueden conducir a desenlaces inesperados, la mayoría de las veces.

En demografía, por el contrario, las tendencias que muestran el crecimiento y las principales características de la población pueden anticiparse con bastante certeza y con mucha antelación. No deberían presentarse, en consecuencia, sorpresas alrededor de los múltiples retos derivados del cambio demográfico.

Lamentablemente, como en otros ámbitos de la política pública costarricense, el “cortoplacismo”, el pretender que los problemas se resuelven ignorándolos y, especialmente, el dejar a las futuras generaciones su solución (problemas que, por cierto, se acumulan, y cuya gravedad va in crescendo con el paso del tiempo) ponen a la sociedad y al Estado costarricenses ante impresionantes desafíos de cara a los procesos de envejecimiento y cambio en las características de los hogares.

En un foro reciente de la Academia de Centroamérica quedó en evidencia – luego de las presentaciones de los expertos – la magnitud de las tareas relacionadas con el cambio demográfico que se tienen entre manos.

La baja en la fecundidad y el envejecimiento de la población –a lo que se le suman, más recientemente los cambios que la tecnología está gestando en las relaciones y mercados laborales–, generan presión sobre la seguridad social y las pensiones.

Se trata de un problema de sostenibilidad asociado con la caída relativa de la población en edad de trabajar, el aumento de la que, en virtud de su edad, recibe los beneficios (tanto pensionales como de cobertura en salud) y un sistema que, para su financiamiento, sigue descansando en contribuciones e impuestos sobre las planillas.

La solución a este problema no pasa simplemente por ajustes a las tasas de cotización o a las edades de retiro; requiere de cambios más profundos como el financiamiento con impuestos generales y con cargo a los presupuestos gubernamentales y el repensar la estructura y los servicios de salud de cara a los cambios en el perfil de los usuarios, sus necesidades en cuanto a cuido y sus patrones de enfermedad.

La demografía también implica retos enormes en materia de crecimiento económico y de inclusión social. El haber desaprovechado el bono demográfico –es decir, el aumento en la población en edad de trabajar que se dio desde los años 60– junto con el estancamiento en la productividad, conducen a un escenario nada favorable en términos de crecimiento para los próximos años.

La forma de revertirlo, además de acciones reales para aumentar la productividad, pasa por una agenda efectiva de políticas públicas modernas que procuren equidad de género, en la sociedad en general, y en los mercados de trabajo, en particular.

Pero las políticas de equidad de género necesarias no sólo para acelerar el crecimiento, sino que para avanzar en materia de derechos humanos e inclusión no son simples, deberán diseñarse pensando en generar los incentivos correctos para que se den cambios en patrones culturales y sociales –como, por ejemplo, en el ámbito de corresponsabilidad en materia de cuido infantil– muy arraigados.