José Luis Arce. 25 octubre

La salida de Rocío Aguilar de la cartera de Hacienda conduce, inevitablemente, a que aumenten las dudas sobre el compromiso del Ejecutivo con el ajuste en las finanzas gubernamentales.

Ella no solo fue la punta de lanza de la estrategia que condujo a la aprobación legislativa de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, sino que, además, se convirtió en el cancerbero que resguardó su cumplimiento durante los primeros meses de su vigencia.

Su renuncia, además, pone al presidente Alvarado frente a una de las decisiones más trascendentales de su administración: el nombramiento, ojalá en unas pocas horas, de un sustituto. Esta tarea implica, al menos, considerar dos dimensiones trascendentales.

La primera, quizás en este momento la más sencilla, es procurar que el nombramiento satisfaga – de acuerdo con el lugar común que abunda en la prensa en estos casos – las expectativas del mercado.

Dados el elevado endeudamiento, los altos costos de financiamiento y la gradualidad que caracteriza su diseño, el acceso a financiamiento local e internacional se torna fundamental para acompañar el proceso de ajuste pues, de otra manera, las posibilidades de que mejoren las condiciones crediticias y con ellas el crecimiento de la economía serán muy limitadas. En esta dirección, el nombramiento deberá añadir certezas y construir confianza en que la sostenibilidad en las finanzas gubernamentales será restaurada.

La segunda dimensión es aún más importante y compleja, el presidente Alvarado debe, más allá de nombrar un ministro, ejercer liderazgo sobre el Ejecutivo de manera que el discurso y las acciones no solo sean consistentes con el objetivo de sostenibilidad de las finanzas públicas, sino que, además, trasciendan la falsa y manipuladora dicotomía entre ajuste y políticas sociales.

¿Qué significa esto? Básicamente el reconocimiento de dos realidades, primero que el principal riesgo sobre las políticas sociales es hoy la insostenibilidad presupuestaria y, segundo, que es posible hacer el ajuste sin necesariamente afectar negativamente la protección social, priorizando y protegiendo los programas más importantes y efectivos. En momentos como los actuales, debe afilarse bien el lápiz no solo para recortar partidas presupuestarias sino principalmente determinando las realmente importantes para el cumplimiento de los objetivos que procuran las principales políticas.

No hacer esto conducirá inexorablemente al fracaso de la estrategia de ajuste y con él al deterioro de las condiciones de vida de la población. ¿Por qué? Primero porque un halcón fiscal en Hacienda no puede hacer el ajuste solo y, segundo, porque si no se separa la paja del trigo en esta materia, la política pública continuará capturada por intereses que alimentan esa falsa dicotomía con el fin de seguir beneficiándose privadamente de nuestra ingenuidad colectiva.