El proyecto de Presupuesto General de la República –bajo el escrutinio y el debate del Legislativo a partir de este mes– tiene la particularidad de ser el primero construido en el marco de la regla fiscal contenida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y, además, de marcar el inicio de esfuerzos más sistemáticos de control del gasto gubernamental.
El presupuesto presentado a finales de agosto aporta, en mi opinión, muy poco a la tarea de fortalecer la confianza de la ciudadanía y, especialmente, de los mercados financieros en torno al éxito del proceso de ajuste que recién comienza.
Éste no es un pecado atribuible en su totalidad al Ejecutivo, es en primer término producto de la irrelevancia de las herramientas presupuestarias en el sector público como instrumentos de gestión, estrategia y, sobre todo, de control. Los presupuestos públicos son utilizados como un requisito para poder gastar y por lo tanto, poco dicen realmente de las prioridades de política pública –situación que se magnifica en Costa Rica debido a la extrema inflexibilidad de muchas de sus partidas– y de la forma e implicaciones macroeconómicas de la forma en que sería financiada la brecha entre ingresos y gastos.
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En este contexto, no podía menos que esperarse que el límite de crecimiento del gasto corriente se respetara, aunque no puede pasarse por alto, las dudas que generan la reclasificación de ciertas erogaciones relacionadas con el financiamiento corriente de las universidades públicas como transferencias para formación de capital.
La tarea urgente para mejorar las expectativas sigue siendo entregar resultados concretos: una reducción sostenible e importante del déficit. Por eso, la ejecución presupuestaria será la prueba de fuego, no solo desde la perspectiva de la transparencia del ejercicio presupuestario– a cantidad y magnitud de las modificaciones que deban introducirse a los presupuestos durante el 2020 – sino sobre todo la contención del gasto y reducción del déficit primario.
Para la ejecución de este año y, con una muy alta probabilidad en el presupuesto de 2021 cuando la deuda haya superado 60% del PIB, las reformas aprobadas a final del año pasado dotaron al Ejecutivo de herramientas poderosas que pueden invocarse para contener y racionalizar, mientras se restaura la sostenibilidad de las finanzas gubernamentales, muchos gastos y transferencias. El éxito del ajuste pasará, debido a la gradualidad con la que fue diseñado, por la contundencia y rapidez con que el Ejecutivo muestre su verdadero talante y compromiso en llevarlo adelante.
En los últimos meses se han recuperado ciertos espacios en materia fiscal – se aprobó la reforma, se redujeron los riesgos de refinanciamiento y se ha autorizado acceso al endeudamiento externo – corresponde ahora no desperdiciarlos.