En las últimas semanas, del Legislativo ha brotado otro muy buen ejemplo del peligroso cóctel que configuran el desprecio por la realidad y el populismo, en este caso, vestido de ropajes liberales.
Se trata del proyecto de ley que pretende que los trabajadores que cotizan al régimen obligatorio de pensiones de capitalización individual puedan, al momento de retirarse, optar por retirar todo el ahorro acumulado durante su vida laboral.
Una propuesta de tal naturaleza siempre resulta seductora a los oídos de los electores, máxime si se viste con el ropaje de la defensa de la libertad individual, en este caso en relación con la libre disposición y
administración de los ahorros de cada persona.
La propuesta carece de conexión con la realidad y los hechos. Múltiples investigaciones y experiencias a nivel internacional –una muy cercana a nosotros: la entrega quinquenal del Fondo de Capitalización Laboral– muestran que las personas tienden sistemáticamente a subestimar el nivel de ahorro necesario para su retiro. Esto por diversas razones, desde el simple desconocimiento de sus necesidades futuras –para una persona joven promedio, el momento del retiro puede significar entre 20 a 40 años hacia adelante en horizonte de vida– hasta formas de comportamiento humano que tienden a dar un valor desproporcionadamente alto a la gratificación temprana, incluyendo dentro de ella, evidentemente, la posibilidad de consumir hoy en contraste con hacerlo en el futuro, en especial si es lejano.
Es aquí en donde colapsa el argumento de la libertad individual en las decisiones relacionadas con el ahorro individual para el retiro. No es tan simple como argumentar que cada persona deberá cargar con las consecuencias de sus decisiones financieras durante su vida laboral o al momento de su retiro. La realidad terminaría siendo muy distinta, una población cada vez más vieja y con niveles de ahorro insuficientes para garantizar una vida digna derivaría en serias dificultades sociales que demandarían, casi indefectiblemente, acciones del Estado que ejercerían presiones muy importantes sobre las políticas públicas, el marco institucional y los presupuestos gubernamentales.
Bien harían nuestros representantes antes de plantear este tipo de propuestas, tratar de entender la realidad de los temas sobre los que legislan. Si lo hicieran, sin duda, habrían descubierto que lejos de debilitar el sistema de pensiones, hay múltiples reformas que lo fortalecerían, corrigiendo errores de diseño –que por razones políticas debieron aceptarse en su momento– o problemas que con el paso del tiempo han surgido.