En materia de pensiones, las propuestas tanto del Poder Ejecutivo como de la Asamblea Legislativa no dejan de sorprender por su liviandad, poco sustento y, particularmente, por la riesgosa lotería política que implican.
Las últimas dos semanas brindan dos ejemplos preocupantes en este sentido: las advertencias de la insostenibilidad actuarial del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que administra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la insistencia de ciertos legisladores de permitir que los afiliados puedan retirar, al momento de jubilarse, la totalidad de los fondos que han acumulado en el régimen obligatorio de capitalización individual (ROP).
El caso del IVM es la crónica de una muerte anunciada aderezada con intereses de grupos que han impedido la toma de decisiones oportunas en el pasado.
A nadie debería sorprender que un régimen de reparto como el de la CCSS termine siendo insostenible – si no se le hacen ajustes – debido a dos fuerzas avasalladoras: el cambio demográfico y las transformaciones del mercado de trabajo.
Lo tragicómico de esta situación es el tiempo que se ha perdido sin tomar decisiones no porque no se conociera el problema o se estuviera claro de las reformas requeridas, sino porque ciertos grupos de interés de manera deliberada e irresponsable hicieron todo lo posible para desacreditar la necesidad de los cambios basados, simplemente, en el interés de resguardar feudos institucionales o de evitar una discusión crucial, pero sumamente compleja a nivel político.
En el mismo sentido, la reforma al ROP es un caso patético. Porque pese a todas las recomendaciones técnicas un conjunto de legisladores insiste en permitir que los afiliados puedan retirar todo su ahorro previsional y, doblemente triste, porque el Ejecutivo decide convocar en sesiones extraordinarias un proyecto de ley que accede a esos deseos.
Tal reforma carece, por completo, de sentido; adoptarla implica debilitar el sistema de pensiones justamente cuando más se requiere su fortaleza para asegurar un retiro digno para los trabajadores y, peor aún, tal y como está planteada, está claramente dirigida a satisfacer las demandas de un grupo específico de personas que evidentemente tienen el peso político suficiente como para ser escuchados.
Es preocupante que el Gobierno valide durante el periodo de extraordinarias ese tipo de ocurrencias: una cosa es buscar acuerdos sobre propuestas de políticas públicas bien diseñadas y otra muy diferente es jugar a la ruleta rusa pretendiendo que en la dinámica legislativa será posible enmendar las deficiencias de un proyecto mal concebido.