José Luis Arce. 14 febrero

Aguas agitadas ha navegado Hacienda en los últimos días; primero cierra el 2019 con un déficit mayor que el esperado, Moody’s degrada la calificación de la deuda soberana, y anuncia nuevas y ambiciosas medidas de ajuste, a menos de un año de entrar en vigor las medidas tributarias y la regla fiscal incluidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que desatan especulaciones y preguntas.

Detrás de los últimos eventos, especialmente el anuncio de las nuevas medidas de naturaleza fiscal, subyace la preocupación acerca de la excesiva gradualidad del proceso de ajuste iniciado a finales de 2018 y, aún más grave, la posibilidad de que resulte insuficiente para que las finanzas gubernamentales retornen a una senda sostenible en el largo plazo. Esta es la preocupación principal de las calificadoras, inversionistas institucionales y analistas locales e internacionales, y la probable causa que subyace a los repentinos anuncios de esta semana.

Tal y como fue planteado, el proceso de ajuste emprendido en el 2018 requiere una buena dosis de compromiso, constancia y paciencia. El déficit primario declinaría lentamente con el paso del tiempo, debido a que el ajuste por el lado del gasto descansa en desacelerar pausadamente su ritmo de crecimiento. Para que este proceso tenga éxito es fundamental que se reduzcan los costos de financiamiento gubernamentales mediante mecanismos de endeudamiento más barato y, preferiblemente, una mayor confianza que reduzca las tasas que Hacienda paga en el mercado local e internacional.

10/2/20. Comparecencia del ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, en el plenario legislativo, donde se refirio al deficit fiscal y anunció nuevas medidas de consolidación fiscal. Foto de Jorge Castillo
10/2/20. Comparecencia del ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, en el plenario legislativo, donde se refirio al deficit fiscal y anunció nuevas medidas de consolidación fiscal. Foto de Jorge Castillo

Esto último no sucedió con la intensidad que pretendían las autoridades y como resultado, reviven las dudas en torno al éxito de la estrategia de ajuste; particularmente si, como pasó el año pasado, decisiones discrecionales de gasto condujeron a un inesperado mayor déficit primario.

Como si lo anterior no fuera suficiente, nos acercamos inexorablemente al temido umbral del 60% del PIB de deuda gubernamental; cuando esto suceda la regla fiscal se endurece, limitando ya no solo el gasto corriente sino el de capital.

En este complejo marco deben interpretarse las medidas anunciadas por el Ministerio de Hacienda esta semana. Por un lado, la venta de pequeños activos estatales más la condonación de deuda que otras instituciones del sector público poseen reducirían el saldo de la deuda gubernamental, lo que supondría resultados favorables sobre el pago de intereses, pero particularmente ayudaría a esquivar el temido umbral que endurece la regla fiscal.

Al mismo tiempo, Hacienda promete un ajuste mucho más rápido e intenso en el déficit primario mediante un conjunto de medidas de naturaleza tributaria – reducir la evasión mediante el uso de mayor tecnología para el control del cumplimiento tributario, eliminar exoneraciones y obligar a que las empresas públicas trasladen al gobierno central una porción de sus ganancias – y de control de gasto, en este caso reformas a las reglas de empleo público y una mejor gestión del endeudamiento que permita reducir su costo.

De acuerdo con los números presentados a la Asamblea Legislativa, con el nuevo conjunto de medidas el déficit primario se reduciría a menos 0,5% del PIB este año y se convertiría en superávit en el 2021, de manera que la deuda como proporción del PIB caería a 58% del PIB respecto a la proyección original – que supone la aplicación estricta de lo aprobado en diciembre del 2018 – que la coloca en alrededor de 66% del PIB en 2021. ¡Un ajuste mucho más intenso incluso que el aprobado con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas!

Acelerar el proceso de ajuste es un objetivo aplaudible, pero la gran pregunta que queda aún sin responder es cómo, a qué costo se lograría una meta tan ambiciosa y cómo se transformarán en acciones específicas las ideas que ha planteado el Ejecutivo: ¿Cuáles serían las exoneraciones que se eliminarán (las de cooperativas, las de zonas francas, la del aguinaldo o el monto exento del impuesto al salario, entre las más relevantes)? ¿Cómo se determinará la contribución de las empresas públicas de manera que se evite su descapitalización y no se generen traslados de las nuevas cargas a las tarifas de los servicios? ¿Cómo se lidiará con la resistencia institucional o la necesidad de reformas legales para implementar estos cambios? ¿Es realista pensar que controles de cumplimiento se traduzcan con rapidez en mayor recaudación y que los cambios en esta materia se puedan implementar aceleradamente?

En fin, hay muchas preguntas que quedan por responder. Y mientras estas dudas no se aclaren, la incertidumbre puede agitar las aguas del resto de la economía y marchitar los pequeños brotes de recuperación y confianza que empezaron a surgir a finales de 2019.