27 marzo
José Luis Arce, economisata. Foto Jeffrey Zamora.
José Luis Arce, economisata. Foto Jeffrey Zamora.

El SARS-CoV-2 o coronavirus ha puesto al Mundo y a Costa Rica de cabeza. Contener la propagación de la enfermedad requiere acciones –como el distanciamiento social– que han conducido a una profunda, inédita, pero afortunadamente temporal, contracción de la actividad económica.

La magnitud y lo vertiginoso de la crisis que enfrentamos justifica acciones rápidas en, por lo menos, tres ámbitos: flexibilización institucional de mercados clave como el laboral, el diseño de mecanismos para la provisión de crédito a las empresas y a las familias durante la contracción y, mecanismos de apoyo directo a los sectores y familias más afectados.

La flexibilización de las reglas y costos laborales deberían permitir que, en un escenario de una paralización profunda pero temporal de la actividad económica, los trabajadores preserven su empleo y parte de su ingreso, a la vez que colocaría a las empresas en mejor posición, una vez que la economía repunte.

Que los mercados de crédito sigan operando y que se establezcan mecanismos temporales y no convencionales de financiamiento a las empresas y familias también es crucial. Sin ellos, las empresas y las familias no podrán amortiguar la caída en sus ventas y sus ingresos, lo que las llevaría a la insolvencia y magnificaría la contracción del consumo y la inversión.

Lograr esto pasa por crear los espacios necesarios para que, sin afectar severamente la solvencia del sistema, la banca pueda otorgar espacio para que las firmas y los hogares pospongan temporalmente el pago de sus deudas; por una acción vigilante y proactiva por parte de la autoridad monetaria para proveer la liquidez necesaria para que los recursos fluyan y los mercados funcionen con los menores sobresaltos posibles; y, además, que la posposición de ciertos pagos libere recursos en momentos de estrés empresarial y familiar.

El tercer componente de esta triada de política pública es la más compleja. No solo deberán diseñarse, prácticamente desde cero, mecanismos de emergencia para apoyar a los sectores deprimidos y los ingresos de los hogares; sino que además éstos deberán ser oportunos, apropiadamente dirigidos y generadores de incentivos correctos.

Las acciones en este sentido, significarán una presión fiscal importante –un aumento del gasto– que deberá financiarse cuidadosamente revisando cada línea presupuestaria para priorizar lo urgente, ajustando –algo inevitable, aunque moleste a algunos– rápida y temporalmente la carga tributaria y velando por la congruencia de largo plazo de las medidas con el objetivo de restaurar la sostenibilidad de las finanzas gubernamentales.