Tristemente parece que se materializarán algunos de los peores temores en relación con el inicio del ajuste en las finanzas gubernamentales.
La efectividad de la primera pieza de la estrategia para restituir la sostenibilidad fiscal que ha impulsado el Ejecutivo – el proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas – ha ido erosionándose por las actuaciones populistas de algunos actores políticos y por la presión de grupos de interés, que aprovechando los resquicios de un sistema de representación disfuncional secuestran, por enésima vez, la toma decisiones públicas.
Tampoco ha contribuido a un mejor resultado un gobierno débil en lo político, incapaz incluso de lograr que la divisa bajo la cual triunfa electoralmente en abril pasado, sea una voz más articulada y vehemente en favor del ajuste.
El futuro no es nada halagüeño. Si antes se temía que las medidas propuestas eran insuficientes, hoy es más que claro que lo serán: lo que podría aprobarse significará una reducción de apenas un tercio en el déficit primario y prácticamente ninguna mejora en el déficit global.
Este resultado difícilmente contribuiría a calmar los temores crecientes de consumidores, empresas y acreedores públicos, tanto locales como extranjeros. Lo que conducirá, junto a mayores requerimientos de financiamiento del déficit, a una fuerte presión alcista sobre los tipos de interés y a un intenso estrujamiento del gasto privado. Es decir, al final del día, a una mayor desaceleración de la actividad económica y a un mayor desempleo.
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La estabilidad macroeconómica y, particularmente la cambiaria podrían también verse sometidas a prueba por la pérdida de confianza y la incertidumbre, pero a diferencia de la década de los 80, un banco central más independiente y preparado, podría hacer frente a estos retos, pero con un costo – que, en esta coyuntura, nadie debería dudar en pagar – en términos de crecimiento.
Es urgente que las autoridades vayan articulando la estrategia para una coyuntura como la que parece avecinarse. Los recortes de gasto que serán necesarios para ajustarse a la nueva realidad de financiamiento deberían proteger, a toda costa, las ayudas sociales y el gasto en inversión (con financiamiento externo), pues justamente estos componentes serán claves para, respectivamente, mitigar los efectos del desempleo sobre la población más vulnerable y para tratar de reanimar la actividad económica. En materia impositiva, la realidad también terminará imponiendo acciones más contundentes: aumentar las tasas del renovado IVA o de los impuestos al ingreso y eliminar exoneraciones, temporal o permanentemente.
Resultarán fundamentales, también, las políticas públicas que contribuyan responsablemente a propiciar el ajuste en un sector privado – empresas y familias – que, al igual que el público, se endeudó alegremente en los últimos años y que sufrirá los efectos de las mayores tasas y de la restricción crediticia.