Aunque suene efectista, en muy pocas semanas, el país estará definiendo un futuro, entre muchos posibles, al replantear el proceso de ajuste en las finanzas gubernamentales y, especialmente, al empezar a esbozar la normalidad pospandémica.
Lo sencillo: la aritmética del ajuste. Débiles y vulnerables desde antes de la crisis, los presupuestos públicos han recibido de lleno su impacto en términos de una caída profunda en los ingresos tributarios y demandas crecientes de gasto asociadas con la atención de la emergencia sanitaria y la necesidad de apoyar los ingresos de los hogares. El resultado: un temible déficit y una perversa dinámica de la deuda que siembra dudas sobre la sostenibilidad de la acción gubernamental y su financiación.
Los ajustes presupuestarios estarán mediatizados, en primer término, por una realidad del tamaño de una catedral: como sociedad demandamos mucho de la acción gubernamental. Y esto deriva en altos niveles de gasto y la necesidad de mayor tributación, no existe otra forma responsable de satisfacerlas.
Partiendo de esta realidad, el ajuste debería transitar por hacer más efectivas las intervenciones y políticas públicas y encontrar fuentes adicionales de financiación. Somos particularmente buenos en fijarnos metas loables; pero especialmente malos en alcanzarlas y, sobre todo, en financiarlas sosteniblemente. En esas últimas dos tareas debería concentrarse el ajuste, y no en reducir nuestras ambiciones.
Lo difícil: la legitimidad y el proceso político alrededor del ajuste. Los ajustes son dolorosos, implican sacrificios y, para sectores y grupos de interés específicos pérdida de rentas y el ver reducidos sus perímetros de influencia.
Colectivamente, la legitimidad del ajuste puede construirse – sólidamente, en mi opinión – entendiendo que, en especial en medio de una crisis económica y social como en la que navegamos hoy, los esfuerzos deberán concentrarse en proteger elementos clave de las políticas públicas como el gasto dirigido a la población más vulnerable y las intervenciones que promueven igualdad de oportunidades.
La naturaleza rentista de la crisis presupuestaria y su reflejo en el tribalismo y polarización de la acción política requerirán un adecuado balance en la distribución de las cargas del ajuste.
El recorte de muchas de las rentas asociadas con la captura de las políticas públicas por parte de sectores de diversa naturaleza podría resolver el problema presupuestario, y tornar mucho más equitativo y legítimo el proceso de ajuste. Pero lograrlo implica un esfuerzo político sustancial, de diálogo y negociación y, además de desenmascaramiento de intereses individuales.
Lo ideal: un ajuste con vocación transformadora. El proceso de ajuste no puede quedarse anclado solo en lo presupuestario. La sostenibilidad fiscal no es un fin en sí mismo, pero sí una condición ineludible, en especial si se quiere recuperar la efectividad de la acción pública.
La crisis actual ha evidenciado grietas profundas en múltiples frentes de la acción gubernamental, ha mostrado la vulnerabilidad de los hogares y, además, amenaza con dejar cicatrices profundas especialmente en el mercado de trabajo y en el ámbito productivo, por ello, el ajuste debe venir acompañado, idealmente, de reformas claves, muchas de ellas pospuestas durante años.
Pero de nuevo, la capacidad que como nación tengamos de imprimirle ese carácter transformador a la salida de la crisis pasa, inevitablemente, por recuperar los espacios de diálogo y la efectividad de la acción gubernamental, terminando con el secuestro en que algunos intereses los han mantenido en las últimas décadas.