José Luis Arce. 16 agosto

Pese a los esfuerzos retóricos de algunas autoridades gubernamentales para minimizar o justificar los espacios cedidos ante los sindicatos de la seguridad social, las implicaciones que estas concesiones conllevan no permiten más que calificarlas como una desafortunada torpeza y un peligroso precedente que puede descarrilar el recién iniciado proceso de ajuste y deteriorar las expectativas de los agentes económicos.

Dejar a la Caja fuera del alcance de las reformas en materia de empleo público y de los principios de sostenibilidad fiscal contenidos en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas no hace más que incrementar las contingencias relacionadas con el eventual financiamiento (¿salvamento?) de la seguridad social a través del presupuesto gubernamental.

No pasarán muchos años antes que, de nuevo, el crecimiento del gasto conduzca a que se deban aumentar las contribuciones, impactando al Gobierno (en su doble condición de patrono y Estado) y a la economía en general.

Esto sin contar las contingencias fiscales asociadas con el eventual financiamiento –parcial o total– del esquema de seguridad social dentro del presupuesto gubernamental como resultado del peligroso cóctel de una descuidada gestión financiera y de transformaciones económicas y demográficas inevitables y en marcha.

Por otro lado, las concesiones no han hecho más que alimentar y exacerbar los temores acerca de la insuficiencia de la reforma y la capacidad de aplicar las reglas de frugalidad contenidas en ella. Sin controles sobre los gastos, el aumento en impuestos no detendrá el crecimiento acelerado de la deuda y, por lo tanto, cualquier acción que los debilite no hace más que crear incertidumbre y dudas acerca de la sostenibilidad fiscal y revivir los fantasmas de un ajuste desordenado, tan presentes durante los últimos meses de 2018.

Es una torpeza mayúscula porque más allá de la ficción retórica que constituyó el Gobierno de Unidad Nacional, lo que facilitó la aprobación de las reformas el año pasado fue la confianza en el equipo económico y un acuerdo político –inédito en el pasado reciente costarricense– en torno a la urgencia del ajuste y a la necesidad de otorgar espacios de financiamiento externo para facilitar dicho proceso.

Las cesiones ante grupos de interés no solo evidencian diferencias profundas dentro del gabinete, sino que, además, al poner en riesgo los acuerdos alcanzados, generan dudas sobre el avance de las reformas que quedaron pendientes –en especial, las de empleo público– y, sobre todo, sobre la aprobación legislativa de más financiamiento externo. Estos recursos son hoy la última carta para mejorar las condiciones crediticias internas y crear espacios para una modesta reactivación de la demanda en lo que resta de este año y, especialmente, en el 2020.