25 mayo
La Caja administra el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para el que cotizan 1,5 millones de trabajadores. Foto: Jorge Castillo.
La Caja administra el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para el que cotizan 1,5 millones de trabajadores. Foto: Jorge Castillo.

Los problemas estructurales del régimen de pensiones administrado por la CCSS no son nuevos ni deberían causar sorpresa, son el resultado de un diseño que, con los cambios demográficos y las transformaciones de los mercados de trabajo, empezó a evidenciar dificultades financieras, tornándose no solo obsoleto al abordar las relaciones laborales modernas, sino que además en una carga fiscal considerable y muy peligrosa.

Lo que debería sorprendernos, avergonzarnos y, sobre todo, generar preocupación es la indolencia con que los diferentes gobiernos, grupos de políticos y ciudadanía – todos puestos al tanto, desde hace muchos años, de la situación de este pilar del Contrato Social costarricense – han ignorado y continúan haciéndolo, la necesidad de realizar no sólo ajustes, sino cambios de fondo al esquema actual.

La única forma de devolver cierta sostenibilidad en el tiempo al régimen y ganar tiempo para los cambios profundos pasa por ajustar los parámetros de cotización, la edad de retiro y los beneficios de los jubilados.

Una población más longeva y sana puede mantenerse activa laboralmente más tiempo y, por lo tanto, la edad de disfrute de los beneficios deberá aumentar. Por otro lado, la carga actuarial de los jubilados actuales y futuros puede reducirse si los beneficios se moderan considerando, eso sí, criterios de equidad, de acceso a mecanismos de ahorro previsional alternativos y, sobre todo, la protección de mínimos vitales para la población de mayor edad.

Son ineludibles los cambios radicales en la forma de financiamiento, no se trata simplemente de aumentar la tasa de cotización, esto es insuficiente cuando, como ha sucedido con una velocidad sorprendente en la última década, las relaciones laborales en el mercado cambian radicalmente. Y tampoco resulta deseable pues implica aumentar las cargas sobre el trabajo formal, lo que introduce distorsiones e inflexibilidades en los mercados. Es necesario, por lo tanto, plantear el financiamiento presupuestario del régimen, lo que implica repensar la estructura y la carga tributaria actual, pues serán los impuestos generales los que terminarán financiando estas jubilaciones

¿Mejoras en la administración de los fondos? ¡Por supuesto! No solo son necesarias y urgentes, sino que deberán estar basadas en las mejores y más sanas prácticas posibles en gestión financiera y de riesgos. Debe evitarse las ideas simplistas que ven los recursos para las futuras pensiones como un medio para financiar vía decreto al gobierno o a proyectos específicos de infraestructura y, por el contrario, crear un marco de administración moderno que permita que, con las decisiones y controles adecuados, puedan hacerse esas y otras inversiones.