Ricardo González. 27 septiembre
Ricardo González, abogado. Foto: La Nación.
Ricardo González, abogado. Foto: La Nación.

En los últimos días se anuncia la iniciativa de establecer un impuesto para las transacciones financieras, lo cual a nivel internacional se conoce como la tasa Tobin. El gobierno propone, como parte del nuevo paquete de impuestos de cara a la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), una tasa del 0,3% a las transferencias bancarias.

El Ministerio de Hacienda ha estimado que el nuevo impuesto no tendrá una afectación importante en la actividad económica, por su carácter temporal (solo cuatro años) y por ser un “porcentaje bajo”.

James Tobin fue un economista keynesiano estadounidense, graduado de la Universidad de Harvard, profesor de la Universidad de Yale, asesor de política económica del presidente John F. Kennedy y Premio Nobel de Economía en 1981.

Fue en 1971 cuando Tobin propone un impuesto a determinadas transacciones financieras, destinado originalmente a gravar las operaciones de conversión de divisas, a fin de penalizar la especulación provocada por movimientos masivos entre bolsas de capitales y los flujos de dinero que podrían desestabilizar la economía.

El objetivo del impuesto era entonces parafiscal, pues no se trataba de obtener una mayor recaudación, sino de controlar y estabilizar la conversión y el flujo de la moneda.

Sin embargo, algunos países han utilizado la tasa Tobin con un fin meramente recaudatorio, llegando en ciertos casos a convertirse en un impuesto general sobre transacciones bancarias, de acciones, bonos y divisas.

Cabe entonces cuestionar lo siguiente: si la tasa Tobin fue concebida como un mecanismo de reducción de operaciones especulativas de cambio y flujo de divisas, ¿qué efecto va a tener si se aplica en forma general a operaciones bancarias no especulativas? ¿No resultaría esperable que se reduzcan entonces las transacciones financieras como efecto natural del nuevo impuesto? Esto por cuanto la finalidad primigenia de ese tributo fue la reducción de operaciones y no la captación de recursos para el Estado.

De ser así, los efectos adversos podrían ser mayores, siendo previsible el incremento de la informalidad, la salida de capitales al extranjero, la falta de incentivo para la bancarización del dinero, el descenso de la intermediación financiera y un impacto negativo en términos de desarrollo y crecimiento económico.