Costa Rica tiene cada vez más adultos mayores y menos jóvenes y niños lo cual generará que, en tan solo 12 años, se disparen los presupuestos en salud y pensiones, pero disminuyan las necesidades en educación, lo cual obliga al país a repensar cómo distribuir el gasto público.

Este es el principal llamado de atención que, según las autoridades, deja el informe Impacto fiscal del cambio demográfico: Reto para una Costa Rica que Envejece que publicó el lunes 1°. de abril la Contraloría General de la República.

Según la investigación, la población menor a 18 años pasó de representar el 37% del total, en el 2001, a 27%, en el 2018, y bajará a 23% en el 2030; pero la de 65 años y más pasó de 5% del total, a 8%, y alcanzará el 13% en ese mismo periodo.

Por ello, las necesidades de gasto en salud aumentarán 86% entre el 2017 y el 2030, y en pensiones, 263%, pero en educación bajarán de 7,7% de la producción a 5,2% en ese periodo, aunque la Constitución Política ordena mantener 8% de la producción para este sector.

LEA MÁS: Cambio demográfico demandará más gasto en salud y pensiones, y menos en educación

“Ahí (en educación) se podría repensar esa diferencia, no para cortar solamente el gasto en educación, sino también para invertir en calidad, para invertir en cobertura, en tecnología, en infraestructura y sí, repensar también el porcentaje constitucional”, dijo la contralora, Martha Acosta.

Julissa Sáenz, una de las autoras del estudio, citó al menos dos áreas donde se requiere invertir más en educación: la infraestructura de los colegios nocturnos y en tecnologías de información del Ministerio de Educación.

El estudio señala que la matrícula inicial de primaria tradicional del sistema público pasó de un máximo de 500.979 estudiantes, en el año 2000, a 400.243 estudiantes, en el 2017, casi 100.000 menos debido a la reducción en la tasa de natalidad.

“La llamada de atención que hace este estudio de la Contraloría es sobre cómo podemos distribuir los recursos efectivamente en función del envejecimiento poblacional; hoy es claro que el 8% a la educación tiene que cuestionarse de cara a cómo vamos a tener recursos para poder sostener una población que envejece, una población que va a verse enfrentada a la necesidad de un aporte de Gobierno para poder darle esa calidad de vida en su vejez”, comentó el viceministro de Hacienda, encargado de ingresos, Nogui Acosta.

Por su parte, la ministra de Planificación, Pilar Garrido, comentó que hay que repensar el sistema de protección social, considerar la infraestructura educativa multimodal (utilizar la infraestructura educativa para otros servicios) y eliminar destinos específicos de la Constitución Política, una vez superadas las brechas de calidad en la educación.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha recomendado a Costa Rica revisar la calidad del gasto en educación pues considera que no está acorde con los resultados.

LEA MÁS: OCDE advierte de alto gasto en educación y bajos resultados

Reformas en pensiones

El superintendente de pensiones, Álvaro Ramos, comentó que el estudio se concentra en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que es el más grande; sin embargo, se debe considerar el sistema de pensiones como un todo donde hay también otros regímenes con cargo al presupuesto nacional.

Algunos de esos otros regímenes ya se cerraron (no ingresan nuevos cotizantes, pero sí hay pensionados), como el de reparto del Magisterio Nacional y los de Hacienda, que, según explicó Ramos, representan actualmente un gasto que equivale al 2% de la producción.

Ese gasto, explicó Ramos, irá bajando en el tiempo lo cual permite al país pensar qué va a hacer con ese 2% de la producción que se liberará, si lo va a utilizar para apoyar el sistema de pensiones o lo va a utilizar en otras cosas.

Además, a lo interno del régimen de IVM, la realidad de que cada vez va a haber menos trabajadores por pensionado implica, según Ramos, que hay que tocar la parte paramétrica. Esto significa que se requiere ajustar la edad de pensión, el beneficio o los aportes.

“Vamos a tener que tocar edad, beneficio o aportes o alguna combinación de estos tres, lo que se acabó es el espacio para soluciones mágicas”, dijo Ramos.

En su informe la Contraloría propone la creación de un marco fiscal demográfico donde se considere la demanda de recursos, la oferta de los mismos, los instrumentos fiscales o las medidas que se van a adoptar y la transparencia y rendición de cuentas, que permita contar con la información necesaria para la toma de decisiones.