Cambio demográfico obliga a revisar edad de retiro y giros estatales a adultos mayores

Este cambio ocurre en una nación donde las tres cuartas partes del consumo de las personas adultas mayores se financia con transferencias públicas (servicios de salud y pensiones, principalmente) y el resto, con ahorros o activos privados.

La dificultad surge porque, a partir del próximo año, se acaba el bono fiscal, lo cual significa que la proporción de personas que demandan pensiones y atención de la salud (los mayores de 64 años) comenzará a crecer más rápidamente que los contribuyentes potenciales a esos programas.

Así lo señala un estudio de Pamela Jiménez Fontana y Luis Rosero Bixby, incluido en el más reciente Informe Estado de la Nación, publicado el martes 14 de noviembre.

En el estudio, los autores explican que hay tres tipos de bonos o dividendos.

Uno es el bono demográfico, que es el periodo en que aumenta más rápido la cantidad de personas en edades productivas (entre 18 y 64 años) que las de los consumidores. En esa etapa se puede generar una bonanza económica, siempre que las políticas públicas sepan aprovechar la coyuntura.

Rosero explicó que el bono demográfico tiene dos componentes o mecanismos de acción: el bono familiar y el bono fiscal.

“El bono familiar ocurre al aliviar las transferencias familiares que en lo fundamental son transferencias de padres a hijos. Como hay menos hijos quedan más recursos para consumo o inversión de las familias”, detalló Rosero.

Por su parte, el bono fiscal ocurre por el crecimiento más rápido de la base de contribuyentes que la población que demanda servicios y trasferencias, entre los cuales los más pesadao para el fisco son las pensiones y la salud pública.

Según el Informe, el bono demográfico de Costa Rica se inició en 1970 y se espera que finalice en el 2025. Por su parte, el dividendo fiscal terminará en el 2018.

“A partir de ese año, comenzará una etapa de 'antibono fiscal', en la que aumentará más rápidamente la proporción de personas que demandan pensiones y atención de la salud, que los contribuyentes potenciales”, señala el documento.

“Lo que te dice el bono fiscal es cuál es la capacidad que tiene el Estado de poder financiar los gastos que va demandando la población (…). En el momento en que se agota el bono fiscal, los gastos van a crecer más rápidamente que los ingresos, entonces ahí hay un problema para financiar cualquier tipo de programa de financiamiento público, entre ellos las pensiones”, explicó el exsuperintendente de Pensiones, Édgar Robles.

De acuerdo con Robles, la situación se agrava cuando se acaba también el bono demográfico.

El actual superintedente de Pensiones, Álvaro Ramos, añadió que lo relevante de la extinción del bono fiscal diagnosticada por Rosero y Jiménez es que además se desaprovechó el periodo entre los años 90 y el presente. Si bien ya se había extinguido el bono demográfico de pensiones a principios de los 90, se pudo aprovechar que existían los otros bonos (como el de salud y educación).

"Lo que viene será mucho más difícil por no haber tomado decisiones en el pasado", advirtió Ramos.

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La situación es una amenaza para las finanzas de algunas instituciones, como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que administra los seguros de salud y pensiones, pero también para programas del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el presupuesto general del Estado.

Se intentó obtener el punto de vista de las autoridades de la Caja, pero al cierre de edición de esta información no había sido posible.

De acuerdo con el Informe, si no se toman previsiones, el país tendrá que endeudarse para satisfacer esas necesidades, o recortar los beneficios que otorgan los regímenes de pensiones, o los programas de salud y educación.

"En reiteradas ocasiones he comentado que el problema de pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) no es un problema de gestión operativa como tal, es un problema de desbalance actuarial a lo largo de la vida de una persona, el cual ha sido muy difícil de resolver a nivel político por los sacrificios que implica", comentó Ramos.

Para el investigador Luis Rosero, el aumento en la edad de pensión, por ejemplo, es inevitable, y pensar en que las personas tengan que hacer un aporte, por ejemplo de ¢500, por las recetas que retiran en la CCSS, es también otra opción, entre otras. VEA ENTREVISTA.

Robles coincide con Rosero en que el tema de la edad habrá que tocarlo, pues hay poco margen para seguir aumentando las cotizaciones, debido a que ya las cargas costarricenses son altas respecto a las de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y pueden generar mayor informalidad.