Óscar Rodríguez.   18 marzo
En una conferencia de prensa atípica los jerarcas de las principales cuatro entidades financieras públicas abogaron por la aprobación de los eurobonos. De izquierda a derecha, Gustavo Vargas, gerente del Banco Nacional; Magdalena Rojas, del Banco Popular, Douglas Soto, del BCR, y Elian Villegas, presidente ejecutivo del INS. Foto: Jorge Castillo.

Los jerarcas de las cuatro principales instituciones financieras públicas de Costa Rica expresaron, este lunes 18 de marzo, su apoyo al proyecto de ley que permite al Gobierno emitir bonos de deuda en el extranjero (eurobonos), y advirtieron de los efectos negativos para la economía del país si la iniciativa naufraga.

Gustavo Vargas, gerente del Banco Nacional; Douglas Soto, gerente del Banco de Costa Rica (BCR); Magdalena Rojas, gerenta del Banco Popular; y Elian Villegas, presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS); explicaron los efectos negativos en tasas de interés, reducción del crédito, aumento en morosidad y desempleo si en el Congreso no se aprueba el proyecto de ley de eurobonos.

Los funcionarios hicieron la atípica conferencia de prensa conjunta, porque consideraron que la situación en la economía local sería muchísimo más perjudicial sin este instrumento de financiamiento.

Vargas explicó que solo en tasas prevén un incremento de 2,35 puntos porcentuales (p. p.) con base en los niveles actuales, ante la necesidad del Gobierno de captar este año $1.500 millones.

Los cálculos de los tres bancos, expuestos por Vargas, también advirtieron de al menos 8.500 créditos que entrarían en morosidad a más de 90 días, este mismo año, en caso de elevarse los intereses.

Soto enfatizó que si suben las tasas los proyectos de inversión serían menos rentables, habría menos producción y menos empleo.

“Ya vimos los resultados del desempleo (al cierre del año pasado) que cerró en el 12%”, sostuvo Soto.

El jerarca del BCR recalcó que la conferencia de prensa la organizaron las cuatro entidades financieras públicas de forma independiente y sin ninguna directriz de Casa Presidencial.

El Gobierno envió, a finales del 2018, un proyecto de ley de endeudamiento externo por $6.000 millones por un plazo de seis años.

En los primeros dos años se tiene como objetivo captar $1.500 millones en cada año, mientras que para el resto del periodo quedarían el resto del dinero.

El llamo de las entidades financieras públicas en favor de los eurobonos también tuvo un fuerte eco en el sector privado.

Álvaro Sáenz, vicepresidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), incluso participó como invitado en la conferencia de los bancos públicos y el INS.

Sáenz advirtió que es urgente permitir el endeudamiento externo al Gobierno, pues de lo contrario las pequeñas y medianas empresas serán las más golpeadas por la falta de recursos para crédito.

Annabelle Ortega, directora de la Cámara de Bancos, también participó en la actividad efectuada en la sede del Banco Nacional.

Asimismo, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), que aglutina a la banca privada y pública, envió un comunicado de apoyo a la aprobación de la deuda externa; mientras se efectuada la actividad de las entidades públicas.

Efectos adversos

El financiamiento del Gobierno de forma exclusiva en el mercado interno generaría una reducción de los recursos disponibles para la colocación de nuevos créditos, de acuerdo con los funcionarios.

Los tres jerarcas bancarios expusieron que habría una reducción de ¢148.000 millones para colocación de nuevos créditos.

El Gerente del Banco Nacional explicó que tal monto se traduciría en 5.349 préstamos para vivienda menos o en 22.529 créditos de consumo menos.

Magdalena Rojas, gerenta del Banco Popular, enfatizó en que las cuatro entidades públicas se unieron para trasmitir el mensaje a los miembros del Congreso de la necesidad de la votación del proyecto de eurobonos.

“Lo que está detrás de esta iniciativa de ley es el presente y el futuro de las familias del país, de las personas trabajadoras, de los emprendedores, sectores sociales y productivos de Costa Rica”, recalcó Rojas.

Elian Villegas, presidente del INS, destacó que las entidades financieras públicas tampoco están en posición de invertir recursos en bonos de deuda.

“En el INS hemos ayudado en extender plazos (de vencimiento de títulos), pero la verdad no podemos más. Lo único que nos queda es la posibilidad de invertir $30 millones, esto está muy lejos de las necesidades del Gobierno”, afirmó Villegas.

Las cuatro entidades públicas insistieron en que las condiciones de captación en el mercado internacional sería mejores para el Gobierno porque sería más barata y a un mayor plazo de colocación.