Patricia Leitón. 17 marzo
Sendero de la ruta Naturbana de barrio Tournón, por el costado del edificio de los órganos de desconcentración máxima del Banco Central. El proyecto del MOPT pretende ofrecer zonas verdes que promuevan el uso de medios no motorizados de transporte y disminuyan la necesidad de viajes al articular los corredores viales al desarrollo urbano. Foto: Alonso Tenorio
Sendero de la ruta Naturbana de barrio Tournón, por el costado del edificio de los órganos de desconcentración máxima del Banco Central. El proyecto del MOPT pretende ofrecer zonas verdes que promuevan el uso de medios no motorizados de transporte y disminuyan la necesidad de viajes al articular los corredores viales al desarrollo urbano. Foto: Alonso Tenorio

La Junta Directiva del Banco Central emitió dictamen positivo, el 10 de marzo pasado, a dos créditos externos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un total de $282 millones.

Uno es un crédito por unos $157 millones para que el Ministerio de Hacienda modernice y digitalice sus sistemas tecnológicos, plan conocido como Hacienda Digital para el Bicentenario.

El otro es un préstamo por $125 millones para financiar la primera operación de un proyecto llamado Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público Privadas. El prestatario de la operación es el Gobierno de la República y el ejecutor es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

“El proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario es parte de esas medidas complementarias (a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, vigente desde diciembre del 2018), en el tanto plantea mejorar la eficiencia de la administración tributaria y del gasto público, con una orientación a facilitar la gestión por parte del contribuyente”, señaló el Banco Central en el considerando de la decisión, publicada este martes 17 de marzo en el diario oficial La Gaceta.

Sobre este crédito, el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, había explicado, al iniciar su gestión, en diciembre pasado, que se requiere destinar de $40 millones a $50 millones por año, por cinco años, a tecnología que permita recaudar más impuestos por medio del combate a la evasión y que también genere ahorros por medio de un gasto eficiente del dinero y del manejo de la deuda pública.

(Video) El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, explica cómo luchará contra la evasión fiscal

Facilitar movilidad y promover medios no motorizados

Por su parte, el proyecto de infraestructura y movilidad urbana invertirá en proyectos sostenibles de mejora y ampliación de algunos tramos de la Red Vial Estratégica de Costa Rica, específicamente para mejorar el desarrollo y la movilidad urbana en la Gran Área Metropolitana, según había explicado el BID, en un comunicado de prensa.

“Esas inversiones buscan mejorar la competitividad de la zona metropolitana e impulsar el crecimiento económico del país. El GAM genera cerca del 60% del empleo del país y solo los cantones de San José, Alajuela, Heredia y Cartago, conectados por las Rutas 1 y 2, generan uno de cada dos empleos en dicha área, motivando el desplazamiento diario de cerca de 1,5 millones de personas”, añadió el organismo.

El Banco Central, en el considerando de la decisión, añadió que con la ejecución del programa se prevé mejore la infraestructura vial y con ello la competitividad del país, con efectos favorables sobre el crecimiento económico y la generación de empleo.

El departamento de prensa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes informó de que esta semana, en conferencia de prensa, se brindará más detalle sobre las obras.

En su comunicado, el BID detalla que el programa prevé la creación de un carril exclusivo para el transporte público, y el diseño de obras urbanas complementarias a la vialidad, que además de ofrecer zonas verdes, promuevan el uso de medios no motorizados de transporte y disminuyan la necesidad de viajes al articular los corredores viales al desarrollo urbano.

Además, las operaciones contemplan asistencia técnica para modificar la estructura de peajes de tal forma que los fondos que recauden puedan emplearse como instrumento para desestimular el uso del vehículo privado, así como para evaluar propuestas bajo modalidad Asociación Público Privada en estos corredores, a fin de asegurar la calidad técnica en los estudios de este tipo de proyectos, de mayor complejidad.

El monto total del proyecto es de $350 millones, con facilidad de financiamiento flexible, y un plazo de amortización de 25 años, un periodo de gracia de 5,5 años y una tasa de interés basada en Libor.

Los artículos 106 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica y 7 de la Ley de Contratos de Financiamiento Externo con Bancos Privados Extranjeros establecen la obligación de las entidades públicas de solicitar autorización previa del Banco Central de Costa Rica, cuando pretendan contratar endeudamiento interno o externo y dicho criterio es vinculante.