La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) emitió, la mañana de este 17 de setiembre un comunicado, en el cual se opone al impuesto a las transacciones financieras, como parte de la propuesta que Costa Rica llevaría al Fondo Monetario Internacional (FMI), porque considera que desincentiva la bancarización, favorece el efectivo y pone en riesgo la seguridad de los clientes.
Las autoridades económicas comunicarán, este jueves 17 de setiembre a las 3:30 p. m., los detalles de la propuesta que el país hará al FMI para negociar un crédito de mediano plazo con el organismo y darán más detalle sobre el diseño del tributo.
Hasta ahora lo que se conoce es que durante los primeros dos años, el tributo sería de 0,3%, lo que equivale a ¢3.000 por cada millón de colones, y durante los dos años siguientes, la tasa bajaría a 0,2% (¢2.000 por cada millón).
Otras propuestas según publicó este medio, el miércoles 16 de setiembre, serían: un aumento temporal en las tasas del impuesto de renta, un nuevo tributo a la propiedad de bienes inmuebles y la eliminación de la exoneración del impuesto sobre la renta sobre los excedentes de las grandes cooperativas. Además, se incluirían medidas para reducir el gasto y vender propiedades del Estado.
La propuesta busca reducir el déficit del Gobierno y frenar el crecimiento de la deuda pública que el próximo año se estima que llegaría a alcanzar un monto equivalente al 80% de la producción, cuando la línea natural recomendada es de 50%.
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“Los bancos reconocen la grave situación que atraviesa el país y han realizado grandes esfuerzos para apoyar a los sectores más afectados, pero nos parece que este impuesto, en el que las entidades financieras serían recaudadoras, tiene implicaciones negativas para todos los clientes, indistintamente si son personas o empresas”, indicó Mario Gómez, asesor legal de la ABC.
En el comunicado, la Asociación explica que el impuesto a las transacciones financieras gravará cada transacción que una persona realice a través de un banco, financiera, mutual, puesto de bolsa o alguna otra entidad financiera.
“Implicará que el Estado recoja por cada transacción un porcentaje adicional, lo cual podría afectar a las empresas al momento en que paguen planillas, a las personas cuando cancelen las cuotas de sus créditos o paguen los servicios públicos, o cada vez que se utilice una plataforma bancaria para mover dinero de una cuenta a otra”, indica la ABC en el comunicado.
Algunos ejemplos que citó la ABC fueron: si un cliente saca ¢10.000 de su cuenta por medio del cajero automático, pagaría ¢30 colones del tributo; si va al supermercado y paga ¢200.000 colones, tributaría ¢600 colones o si una familia o empresa pide un préstamo de ¢60 millones, el impuesto será de ¢60.000.
"Si usted va a una soda a comprarse un casado, el impuesto hacia atrás tendrán que pagarlo: el dueño de la soda cuando pagó el alquiler, los salarios, los frijoles, el arroz, los huevos y demás productos; los distribuidores que llevaron los productos a la soda, las empresas que empacaron los frijoles, los industriales del arroz y los productores agropecuarios cuando compraron los insumos.
“En conclusión, el casado a usted le saldrá más caro porque antes de que llegará a su mesa el Gobierno le cobró el impuesto a todo el proceso productivo. Es decir, el impuesto usted lo paga cuando hace sus pagos, pero también los productores lo pagarán y se lo cobrarán como consumidor final en los precios”, indica el comunicado.
En el caso de los productores, industriales y comerciantes tendrán que pagar el impuesto cuando hagan pagos de salarios, servicios públicos o créditos, también cuando compren insumos o materias primas, es decir, tendrán que pagar el impuesto en cada etapa del proceso productivo, añade el comunicado.
La ABC reconoce que la aplicación de este impuesto es una fuente de ingresos inmediata y continua para el Gobierno, ya que los tributos son recaudados a partir de transacciones en tiempo real, responsabilidad que recae sobre los bancos.
Sin embargo, enumeran una serie de lo que consideran son aspectos negativos: desincentiva el ahorro y motiva a las personas a usar dinero en efectivo; es decir, favorece la desbancarización; con el tiempo las personas y empresas aprenden a eludir el pago del impuesto, considera la ABC.
Además, indican, el uso de más efectivo pone en riesgo a la ciudadanía frente a los delincuentes; genera fuga de capitales a cuentas en el extranjero (offshore); conduce a un crecimiento en el sector informal, lo que termina por perjudicar también a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y al Ministerio de Hacienda.