Plan fiscal sigue lejos de las expectativas de políticos y grupos

El nuevo texto del proyecto de impuestos que mandó el Gobierno a la Asamblea Legislativa avanzó algunos pasos en el terreno de la negociación, pero todavía sigue lejos de las expectativas de los políticos y de las organizaciones.

Consultas realizadas ayer por este diario a diferentes grupos revelan que algunos de los principales cuestionamientos se mantienen alrededor del impuesto a la educación y a la necesidad de tratar otros temas fiscales, como la evasión.

A la Asamblea Legislativa el plan llegó el pasado martes, pero todavía ayer no había podido iniciar su trámite en la Comisión de Asuntos Hacendarios.

En un comunicado de prensa, el Partido Liberación Nacional (PLN) culpó al Movimiento Libertario de realizar “prácticas obstruccionistas” al proyecto de ley.

El diputado del Partido Acción Ciudadana, Gustavo Arias, dijo que esperan una propuesta para tratar otros temas fiscales. Ayer, el Ministerio de Hacienda todavía no tenía lista esa propuesta.

Educación. Uno de los cambios que propone el nuevo plan es que el impuesto al valor agregado (actual impuesto de ventas) a la educación privada tenga una base exenta de ¢110.000, lo cual significa que se resta ese monto del pago y solo se cancela el tributo sobre el exceso.

“Unire (la Unión de Rectores de Universidades Privadas) mantiene su posición inicial de que los estudiantes no deben pagar impuestos por la educación privada que reciben. No se opone a que universidades paguen el impuesto de la renta, ni el IVA (impuesto al valor agregado) para los servicios que contrate”, respondió Albán Bonilla, director ejecutivo de esta organización.

“A nosotros nos sigue pareciendo que es un error del Gobierno insistir en este gravamen a la educación en general (...), el nuevo planteamiento es un poco más justo (respecto a la propuesta original)”, señaló Félix Cabalceta Rodríguez presidente de la Asociación de Centros Privados.

En el sector financiero, Franco Naranjo, presidente de la Asociación Bancaria Costarricense, comentó que mantienen las preocupaciones originales en torno a que el proyecto encarece el crédito y perjudica la bancarización.

Por su parte, Anabelle Ortega, directora ejecutiva de la Cámara de Bancos, afirmó que están revisando el texto.“Nos parece que contempla algunas de las observaciones y sugerencias efectuadas por la Cámara”, aseveró.

Los solidaristas también hicieron algunos reclamos y otros grupos prefirieron revisar más el texto antes de emitir una opinión.