Rónald Jiménez, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), reconoció que medidas del Ejecutivo elevaron “las aguas de la desconfianza”.
Sucedió porque el Gobierno perdió la buena comunicación que tuvo en el primer mes, falló el interlocutor y porque varios ministerios no respondieron inquietudes.
¿Por qué se dieron tres choques públicos con el Gobierno?
Yo diría que lo que fue una de las grandes virtudes al inicio del Gobierno, que fue la buena comunicación, tuvo un par de meses desafortunados. Y justo en esos dos meses se dieron varias muestras en diferentes entidades que le provocaron al sector empresarial una sensación de inseguridad jurídica. Duró varias semanas, terminó provocando desconfianza.
¿Cuáles temas preocupan?
Fueron varios. El levantamiento del veto de la calle 13 nos genera más que una sensación. Nos genera una advertencia –y así lo tomamos– de la intención de levantar otros vetos.
¿Cuáles?
Iniciamos con el procesal laboral, obviamente, porque es de los más recientes. Aparte de que, precisamente, ese veto es parte de los acuerdos entre el PAC y el Frente Amplio del 1.° de mayo, para tomar la presidencia de la Asamblea (Legislativa). Si bien es cierto no se compromete a levantar el veto, el acuerdo sí dice que analizará la posibilidad de levantarlo. Entonces, no es un temor caprichoso.
¿Para quién son esas señales del Gobierno?
No se si le estarán hablando al pueblo, si les estarán hablando a otras fracciones legislativas o al sector empresarial. Pero lo tomamos como una señal.
¿Observan otros problemas?
Por ejemplo, estamos de acuerdo en que el Ministerio de Hacienda les cobre a los que no pagan, porque Uccaep representa a los que sí pagan. Estamos muy interesados en que los que no pagan, y sobre todo que los que viven en la informalidad, se pongan en orden. Pero hubo o hay prácticas de (el Ministerio de) Hacienda, como el dar un mes a las empresas para que paguen el valor producto de una auditoría sin el debido proceso. También vemos con preocupación que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) quite permisos que ya se habían dado, no por el fondo (no estamos valorando si el permiso procede o no), sino por la inseguridad jurídica que provoca.
Usted dice que hubo una buena primera etapa. ¿Quién era el interlocutor? ¿Por qué se perdió?
El mismo presidente (de la República, Luis Guillermo Solís). Yo diría que duró el primer mes del Gobierno, cuando el presidente dio unas señales excelentes no solamente al sector empresarial nacional sino a la inversión, lo cual se muestra en el viaje que hizo a Estados Unidos.
Pero ¿el presidente no puede ser siempre el interlocutor?
En la segunda etapa se nombró a un interlocutor (el viceministro de la Presidencia, Daniel Soley) que no funcionó por su impericia y, además, los ministros o la mayoría de ellos no atendían las llamadas del sector empresarial donde queríamos precisamente manifestar problemas específicos.
¿Quiénes son esos ministros?
No obtuvimos respuesta del MOPT ante citas solicitadas por algunas cámaras afiliadas a Uccaep, como la de Construcción; no obtuvimos respuesta del Ministerio de Trabajo a nuestros criterios técnicos sobre la preocupación del déficit fiscal asociado a las alzas (salariales) en el sector público; no obtuvimos respuesta del Ministerio de Salud con respecto a cambios de criterio sobre plazos para el cambio de etiquetas de productos; no obtuvimos respuesta del Viceministerio de la Presidencia sobre la coordinación con el sector empresarial, el Ejecutivo y el Legislativo, una vez que fue nombrado como el interlocutor; no obtuvimos respuesta del MEIC con respecto al Reglamento de Competencia.