Promover la innovación, la productividad y el valor agregado en las pequeñas y medianas empresas (pymes) serían las funciones de la nueva agencia denominada Fomproduce.
Se trata de la Agencia Costarricense de Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado, creada por un proyecto que está en la Asamblea Legislativa dentro de la lista de prioridades de la agenda extraordinaria que presentó el Gobierno.
La iniciativa fue publicada el 4 de febrero anterior en el alcance del diario oficial La Gaceta.
El proyecto es encabezado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Los ministerios de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y el de Comercio Exterior (Comex) también se sumaron a la lista.
David Bullón, director de Innovación del Micitt, explicó que los beneficios para el país son múltiples, pues la agencia trabajaría como un brazo ejecutor que ayudaría a coordinar las políticas que se realizan desde cada institución y las canalizaría para ayudar a los emprendedores.
El plan está diseñado para simplificar el acceso de los beneficiarios a los instrumentos de impulso productivo, tales como presupuestos y capacitaciones, así como corregir las fallas de mercado para dinamizar los sectores.
Los ministerios proponen que las oficinas de la agencia estén ubicadas también fuera de la Gran Área Metropolitana, con el fin de regionalizar sus servicios.
La oficina va dirigida para todas aquellas empresas que cuenten con menos de 100 empleados, pequeñas cooperativas e incluso emprendedores que estén en fases tempranas en el desarrollo de sus propuestas.
Según Luis Felipe Arauz, ministro del MAG, en la actualidad, las instituciones están desagregadas, por lo que el objetivo es que funcionen como una especie de ventanilla única.
“La idea es que en lugar de crear más burocracia, se trabaje eficientemente y evitar duplicidades”, manifestó Arauz.
Financiamiento. Fomproduce tendría un rol muy similar al que tiene la Promotora de Comercio Exterior (Procomer); es decir, sería un ente público no estatal.
Entre los recursos estales que serían otorgados, se encuentran el 15% de los presupuestos anuales del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 4% del presupuesto del MEIC y 2,7% de los fondos del Micitt, especifica la iniciativa de ley.
Además, habría donaciones y fondos de cooperación internacional.
“No estamos requiriendo de nuevos recursos, sino que estaríamos aprovechando mejor los que ya existen”, comentó Bullón.
Para liderar la dependencia, existiría un consejo directivo, integrado por los ministros de las instituciones y representación del sector privado.