El ecosistema de empresas fintech en Costa Rica registra un importante crecimiento en los últimos años, a pesar de que el país carece de regulaciones o leyes específicas para este sector de compañías emergentes dentro del ámbito financiero y tecnológico.
Según el portal Misión Lunar, que se encarga de realizar mapeos constantes del ecosistema fintech (unión de financial y technology, en inglés) en la región de Centroamérica, hasta noviembre del año anterior, habían 55 empresas de este tipo en Costa Rica, de las cuales 50% se desarrollan en el área de pagos electrónicos.
Esa misma plataforma estimó el ecosistema fintech en 49 empresas un año antes, en el 2021. Sin embargo, otras entidades como la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) contabilizaron 45 y 44 firmas, respectivamente, para ese mismo año.
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Mario Hernández, director ejecutivo de Impesa, fintech de origen costarricense que brinda servicios tanto en el ámbito local como internacional, afirmó que el sector ha experimentado un crecimiento muy acelerado, con la creación de nuevos emprendimientos que buscan mejorar y hacer más competitivo el sistema financiero.
De acuerdo con los datos de Misión Lunar, en Centroamérica, hasta finales del año anterior, Costa Rica era el país que contaba con el ecosistema fintech más numeroso de la región, superando las cifras de Guatemala (49), Panamá (35), y El Salvador (30).
El estudio Fintech en América Latina y el Caribe 2022, elaborado por el BID, en el que se contaron 44 emprendimientos de este tipo para el 2022, menciona que entre el 2017 y ese año, en Costa Rica este sector registró un crecimiento interanual promedio del 72%.
Buena parte de estas fintech adquirieron proyección desde el 2020 por su oferta de soluciones de medios de pago para tiendas en línea y tiendas físicas, pasarelas virtuales, plataformas de comercio electrónico, factoreo digital, compra y venta digital de divisas y billeteras digitales.
Ecosistema emergente
Según el estudio del BID, Costa Rica es uno de los países latinoamericanos que cuenta con un sector fintech emergente, junto con otros cuatro: República Dominicana, Uruguay, Ecuador y Perú. Estas naciones se encuentran un escalón por debajo de los mercados principales de la región, como Brasil o México.
De este grupo de países emergentes, destaca Perú como el país con más fintech, aunque República Dominicana es el que ha tenido el mayor crecimiento desde el 2017. En total, estos países agrupan al 14% del total de empresas del sector en América Latina y el Caribe.
El ecosistema 'fintech' de Costa Rica ha registrado un crecimiento en los últimos años, a pesar de que no hay una regulación específica para las empresas del sector. Archivo:
Los países emergentes son calificados de esa forma a pesar de que mantienen tasas de crecimiento importantes con los años, pues todavía se mantienen detrás de los países líderes de la región. Entre Brasil y México, por ejemplo, engloban el 51% de las compañías fintech de la región.
Para Hernández, cofundador de Impesa, el crecimiento de esta industria en Costa Rica para los próximos años dependerá de la seguridad jurídica que se le dé a los inversionistas, pues según dijo, el país ofrece ventajas y desventajas que los empresarios deben analizar.
Por un lado, resaltó el alto nivel de sofisticación y de bancarización que existe, que supera el 80% en personas mayores de 15 años; pero también comentó que Costa Rica es un país pequeño, por lo que los inversionistas prefieren ir a Brasil, México o Colombia, donde los volúmenes son mucho mayores.
Sin regulaciones
El crecimiento de la industria fintech en Costa Rica se ha dado sin la existencia de una regulación específica para las firmas que se desempeñan en esta área, principalmente las que ofrecen servicios de pago, que son la mayoría, según el mapeo de Misión Lunar.
Actualmente, la estructura del mercado financiero en Costa Rica está basada en una rectoría por parte del Banco Central de Costa Rica (BCCR), quien se apoya en el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) para supervisar los segmentos financieros regulados.
Bajo esta estructura, si alguna empresa fintech decide ofrecer servicios financieros sujetos a la supervisión de alguna de esas entidades, debe cumplir con los mismos requisitos que las financieras tradicionales, ya que la captación de recursos de personas y empresas solo puede hacerse con autorización de la Superintendencia respectiva.
Actualmente, 11 empresas fintech están autorizadas a brindar servicios en el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe), aunque no tienen la autorización para poder realizar intermediación financiera, ni captación de dinero de sus clientes.
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En las otras actividades que no tienen regulación, las firmas pueden brindar los servicios sin necesidad de una autorización. Sin embargo, no existe un marco jurídico que brinde seguridad para todas las actividades, como las vinculadas con las criptomonedas y tecnología blockchain.
Según el informe del BID, el 71% de las fintech consultadas en el país afirmó que no hay una regulación específica y sí se necesita, mientras que el 14% aseguró que la regulación es adecuada y otro 14% que no se necesita una regulación tan específica.
Por su parte, el director ejecutivo de Impesa comentó que es muy importante que se tengan claramente establecidas las reglas del juego, pero consideró que debe crearse un ambiente donde se fomente la innovación y se encuentre un balance adecuado con la regulación.
“Así nacieron empresas como Uber o AirBnB. Primero viene la innovación y detrás debe venir la regulación, identificando riesgos y proponiendo medidas para mitigar estos riesgos. Estamos conscientes de que debe existir una regulación, pero no se puede poner ‘la carreta delante de los bueyes’”, comentó.
Hernández añadió que la seguridad jurídica es muy importante, principalmente para propiciar un ambiente más claro en la atracción de inversionistas. “No se tiene seguridad jurídica sin legislación, reglamentos y políticas claramente establecidas”, agregó.