San José.
El nuevo plan de rescate a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del sector turístico recibió el dictamen positivo, la tarde de este jueves, en la Comisión Permanente Especial de Turismo de la Asamblea Legislativa.
El proyecto pasará ahora a consideración del plenario legislativo, donde se espera se le pueda aplicar la "vía rápida", explicó el legislador Luis Vásquez, presidente de la Comisión.
El dictamen se logró en la sesión de este jueves de la comisión, luego de recibir en audiencia a los ministros de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y presidente del Consejo Rector del SBD, Welmer Ramos, y de Turismo, Mauricio Ventrura.
El plan de rescate a las mipymes del turismo afectadas por la crisis del 2008 y 2009 pretente readecuar las deudas atrasadas de un poco más de 70 empresas y propiciar asistencia técnica para que los proyecto despeguen de nuevo.
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El texto aprobado en comisión sustituye a uno que en primera instancia fue presentado al plenario, pero generó mucha polémica porque no ponía límites en los montos de las deudas a readecuar, no definía con claridad las características de los beneficiarios y daba la administración de las readecuaciones el SBD.
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El financiamiento para este plan de rescate es aportado por el SBD, que pone $10 millones, y por el Instituto Costarricense de Turismo, que aporta $3,5 millones como préstamo y no en calidad de donación. De esa manera se apaciguaron críticas en el sentido de que el primer proyecto afectaba el presupuesto del ICT, pues se le solicitaba un monto de $7,5 millones sin aclarar si era un préstamo.
Además, la nueva propuesta establece que las entidades financieras serán las que analicen cada caso y, si califica, tramiten la readecuación de la deuda a una tasa de interés más favorable, para lo cual acudirán a los fondos del SBD y del ICT.
También se establece un monto máximo a readecuar del 33% de la deuda pendiente, con un tope para cada caso de $175.000.
Los ministros Ramos y Ventura se declararon, por separado, muy satisfechos porque se logra un proyecto de consenso entre el Gobierno, los diputados y el sector privado.