Un total de 113 empresas, de las cuales 11 lo lograron este año, ya pueden exhibir el sello de carbono neutralidad, luego de cumplir con los requisitos para reducir y mitigar la emisión de gases, según un recuento solicitado al Programa País de Carbono Neutralidad 2.0 (PPCN 2.0).

Ese número de firmas certificadas se acumula desde el inicio del programa, en el 2012.

Las empresas deben cumplir con una serie de condiciones, en las cuales pueden recurrir a la ayuda de asesores externos. Luego de medir el inventario de gases, con ayuda de los especialistas internos o externos, se realizan los ajustes necesarios en consumo de combustibles, electricidad, residuos de plástico, cartón, aluminio y otros, y residuos orgánicos, entre otros, para reducir ese inventario y mitigarlo por medio de compensaciones.

Una vez logrado el equilibrio se somete el resultado a análisis de una de las dos empresas verificadoras autorizadas en el país. Tras esa verificación, la información está lista para someterse al PPCN, donde se toma la decisión de otorgar la certificación o rechazarla.

¿Qué ganan las empresas luego de ese largo proceso? Mediante precio, al menos hasta ahora, muy poco, porque no todos los consumidores están listos para distinguir y escoger entre quienes exhiben el sello en sus producto y quienes no.

Sin embargo, hay ganancias en procesos que adquieren las compañías, incluso en aspectos que antes de ingresar en la tarea de lograr la carbono neutralidad no los tenían identificados, explicó Laura Mora, asesora técnica de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente y Energía (Minae).

Estas ganancias, detalló Mora, no solamente están asociadas a la imagen de las empresas y de los productos. Las prácticas tendientes al mejoramiento de procesos y a reducciones de tiempos en ellos generan reducciones de costos, agregó.

Puso como ejemplos algunas prácticas. El menor uso de combustibles fósiles genera una reducción de inversiones; la instalación de paneles solares también se transforma en ahorro, si el consumo de electricidad es significativamente alto; y la gente que recopila la información para tomar las decisiones empresariales se lleva muchas sorpresas cuando se dan esos ordenamientos.

Mora también considera que no es posible calificar, en este momento, a la población como receptiva hacia las empresas con este tipo de prácticas, pero aseguró que hay un importante grupo de gente defensora de ellas.

Agregó que hay algunas instituciones gubernamentales donde se otorgan puntos adicionales en una licitación a las empresas con carbono neutralidad.

Además, y aparte de esos beneficios, el Gobierno y el país impulsan la descarbonización de la economía, por lo cual las compañías certificadas se adelantan a un escenario donde, posiblemente, habrá condiciones obligatorias más adelante.

El programa hasta ahora certifica empresas y comunidades, pero se trabaja en las reglas para hacerlo con actividades y con productos.

Ya se trabaja en un plan piloto con seis comunidades y se espera que a mediados del 2019 ya esté vigente la certificación de productos.

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Proceso complejo

La asesora de Sostenibilidad Ambiental y Resposanbilidad Social de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), Akyra Hidalgo, advirtió de que el paso hacia la carbono neutralidad quizá no se pueda calificar como difícil, pero es complejo.

Eso sucede, agregó, porque las empresas, en primer lugar, llevan datos contables financieros de factores como el consumo de combustibles o todo sus sistema de transporte, del consumo de aires acondicionados o de otros aspectos incluso más específicos, pero al transformarlos hacia una medición o conversión de gases se presenta la complejidad.

Igual sucede, agregó, con los datos relacionados con el consumo de electricidad y la energía en general, y los desechos orgánicos.

Tampoco, dijo, se tiene control de hacia dónde se envían los materiales. Un recolector pasa, por ejemplo, y se lleva desechos de aluminio y no se registra hacia dónde se envió.

Sin embargo, poco a poco, las empresas se acostumbran a generar un indicador, explicó Hidalgo, quien es también asesora de empresas en la tareas de identificar y mitigar la huella ambiental.

Pablo Vargas, CEO del grupo Britt y de Morpho Travel Retail, consideró que se trata de un proceso técnico, ya que se requiere crear una especie de “contabilidad ambiental”, y que la organización comprenda los componentes básicos relacionados con el año base.

Sin embargo, estimó que hay beneficios y que el principal es reafirmar al consumidor que está comprando productos de una empresa altamente responsable. “No porque nosotros lo digamos sino porque nuestros procesos han sido certificados por entes externos”, aseguró Vargas.

Además, el beneficio económico se deriva de la consistencia entre lo que se promete al consumidor y lo que se hace a lo interno de la empresa, agregó.

A eso se añade que al obtener esta certificación, continuó Vargas, la empresa se compromete a compensar las emisiones residuales, esto quiere decir que en nuestro caso estamos pagando para que se conserve un área de Guanacaste para las futuras generaciones, mediante la compra de certificados de carbono locales, ligados al sistema de Pagos por Servicios Ambientales que administra Fonafifo (Fondo Nacional de Financiamiento Forestal).

Para Gisela Sánchez, directora de Relaciones Corporativas de Florida Ice and Farm, el proceso de certificación de carbono neutro es un proceso riguroso de trazabilidad sobre las diferentes formas en que la empresa emite carbono al ambiente.

La ejecutiva recomendó que otras empresas vayan por este camino. Esto porque, aseguró, es eficiente, reduce costos y gastos innecesarios y permite a las empresas cumplir con su responsabilidad de no solo minimizar el impacto negativo en el medio ambiente sino generar valor positivo.

"En un futuro cercano, esperamos que los consumidores valoren y escojan y prefieran productos y servicios que no impactan al medio ambiente de manera negativa sino más bien de manera positiva. Cada vez el costarricense es un consumidor más consciente y sofisticado que no compra solo por calidad y precio sino que también se pregunta: ¿Qué valor agregado me ofrece este producto? ¿Genera esta marca valor para la sociedad y el medio ambiente?”, detalló Sánchez.

Susana Vásquez, directora de Asuntos Corporativos y Legales de Laboratorios Stein, detalló que la empresa logró el sello con el objetivo de alinearse a las políticas ambientales del país, especialmente al Programa País Carbono Neutralidad dirigido por el Minae por medio de la Dirección de Cambio Climático. Para la compañía, añadió, es muy importante cuantificar la huella de carbono derivada de sus procesos, para disminuir el impacto ambiental y, con ello, los efectos del cambio climático.

Ante una consulta acerca de los beneficios económicos, Vásquez puso como ejemplo el cambio de quemador de la caldera de diésel a gas GLP, con lo cual se tuvo un ahorro económico importante debido a que el GLP tiene un costo considerablemente menor por litro que el diésel.

Francisco Gamboa, director ejecutivo de la CICR, explicó que esa entidad aún no tiene un programa al respecto, pero sí asesora y orienta a las empresas que quieren entrar a un programa para obtener el certificado de carbono neutralidad.

Quienes sí están en un programa son los especialistas de la Corporación de Fomento Ganadero (Corfoga), aunque todavía al nivel de certificación de las fincas. Marco Antonio Fallas, jefe del Departamento de Proyectos de Corfoga, informó de que comenzaron con un plan piloto desde hace cuatro años para una ganadería baja en emisiones.

“El compromiso, como sector, es hacer una reducción en las emisiones, pero por kilogramo de carne o leche que estemos produciendo”, detalló.

Dentro de las prácticas puestas en marcha con ese fin en el plan piloto mencionó cambios en la alimentación del ganado, pues aseguró que 95% de las emisiones se producen de la fermentación en el proceso digestivo de la vaca como rumiante.

Otro tema relevante en el programa es la conservación de recurso hídrico, señaló Fallas. Ahora, agregó, el productor lleva al agua donde están los animales y no que los animales vayan al río o la fuente. Para esto se instala la red hídrica y las reses toman en bebederos.

El plan piloto está ahora en 92 fincas en diversas zonas, pero se espera ampliarlo a 500 explotaciones el año entrante, con ayuda del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Posteriormente se tiene planeado llevarlo a 2.000 instalaciones ganaderas.