EscucharBID Invest, uno de los bancos que otorgó financiamiento a TicoFrut, solicitó al Juzgado Concursal convocar a la junta de acreedores para discutir el plan de salvamento presentado por la empresa agroindustrial.
Así lo expresó la entidad financiera multilateral en un oficio, este lunes 7 de agosto, en el cual también renunció a su petición de declarar improcedente el convenio preventivo de la compañía afincada en la zona norte del país.
“Expresamente desisto de la solicitud de insubsistencia del presente convenio preventivo, dado que la promovente (TicoFrut) contactó a mi representada para expresar que habrían mejoras sustanciales a la propuesta concursal”, se detalla en el documento firmado por Mariana Arias Oconitrillo, del cual tiene copia La Nación.
Sergio Artavia, abogado de TicoFrut, explicó que a raíz de la petición de la institución financiera, ahora se dará audiencia escrita por tres días a todos los acreedores y al curador César Rodríguez para referirse al caso.
El especialista dijo que, dado el cambio de postura de la institución financiera, corresponde aceptar la solicitud y convocar a la junta de acreedores.
Dicho órgano estará conformado por las empresas y bancos que ya tienen reconocida su deuda en el Juzgado. En total, TicoFrut adeuda $178 millones.
Artavia no brindó detalles del nuevo plan de salvamento de la compañía porque aún está en proceso de construcción. Pero sí aceptó que mejora de manera relevante la primera propuesta.
La compañía agroindustrial, bajo la protección judicial desde mayo del 2021, planteó ese año a sus acreedores una reestructuración de su deuda y pagar sus pasivos en un plazo de 18 años.
La firma propuso un periodo de gracia de dos años en el pago de sus pasivos, e iniciar la cancelación paulatina a bancos y acreedores no financieros, a partir del año tres.
Sus principales acreedores son entidades financieras, a las cuales se les adeuda $112,9 millones.
El Banco de Costa Rica (BCR) es la institución que más recursos prestó a la compañía, con un saldo de $37 millones. También participa en un préstamo sindicado por $27,2 millones con los bancos Global Bank, de Panamá; y Lafise.
De forma individual, al empresario Christian Jobmann se le adeudan $42,3 millones.
La compañía brinda, de manera directa o indirecta, empleo a 5.300 personas en la zona norte del país, según detalla el Dictamen del Curador sobre el salvamento de la compañía.
Cuenta con cerca de 9.000 hectáreas en plantaciones propias de naranja en los cantones de San Carlos y Los Chiles, así como una planta industrial de extracción de jugo de naranja y piña. Esta última fruta se compra en su totalidad a productores independientes, al igual que una pequeña parte del volumen de naranja.
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BID Invest desistió, ante el Juzgado Concursal, de su solicitud de declarar la improcedencia del convenio preventivo de TicoFrut. La entidad financiera argumentó, este lunes, que la empresa les contactó y expresó que habría mejoras "sustanciales" en el proceso. (BID Invest)
Cambio de posición
BID Invest, entidad que pertenece al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y Banco Lafise, pidieron al Juzgado Concursal, en mayo del 2022, que se diera la nulidad del proceso preventivo.
Ambas entidades alegaron que la empresa agoindustrial no reconocía el pago de los intereses sobre la deuda en sus estados financieros, lo cual era un incumplimiento del proceso legal. Sin embargo, las dos desistieron de la pretensión en las últimas semanas.
La primera en hacerlo fue Lafise, que renunció a su petición de declaratoria de insubsistencia, el pasado 28 de julio, y argumentó que era de relevancia e interés convocar a la junta de acreedores, según el recurso presentado por el Bufete Alta Batalla, del cual tiene copia este diario. Este lunes 7 de agosto, BID Invest se sumó a Lafise.
Ante la nueva posición de los dos bancos, el curador César Rodríguez solicitó al Juzgado Concursal señalar a la mayor brevedad a las partes involucradas en el convenio para definir el futuro de la compañía.
Durante dicha audiencia, TicoFrut expone el plan remedial para solventar su crisis financiera. Los acreedores pueden proponer cambios, pero en dicha cita debe resolverse si se acepta o no el salvamento.
Si se aprueba, la empresa continúa en marcha y empieza a pagar sus pasivos según lo acordado; pero si se rechaza, se debe declarar en quiebra.
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