Marvin Barquero. 11 septiembre
Carlos A. Muñoz, director de Políticas Públicas y Comunicaciones de Airbnb para el Caribe y América Central, señaló que la nueva legislación no contempla la complejidad de las plataformas digitales. Foto: Marvin Caravaca
Carlos A. Muñoz, director de Políticas Públicas y Comunicaciones de Airbnb para el Caribe y América Central, señaló que la nueva legislación no contempla la complejidad de las plataformas digitales. Foto: Marvin Caravaca

La empresa dueña de la plataforma Airbnb denunció la aprobación de la Ley Marco para la Regularización del Hospedaje no Tradicional en Costa Rica de una manera “rápida y súbita”.

Además, la legislación fue avalada sin tomar en cuenta la opinión ni de la firma ni de los “anfitriones” o afiliados a la plataforma durante el proceso legislativo, según advirtió Carlos A. Muñoz, director de Políticas Públicas y Comunicaciones de Airbnb para el Caribe y Centroamérica.

Muñoz; sin embargo, se negó, en varias ocasiones, a hablar de eventuales influencias para aligerar el trámite de esas normas.

Esos problemas se unen, agregó, a una posible caída fuerte de sus “anfitriones” en Costa Rica, en vista de las obligaciones de la nueva ley que regula el hospedaje no tradicional en el país.

Las regulaciones y la redacción de la ley, aprobada en segundo debate y pendiente de la firma de Casa Presidencial y publicación, exigen gastos adicionales como contratación de abogados y de contadores, así como la adecuación de los sitios de hospedaje, los cuales causarían esa deserción de afiliados, según Muñoz.

Detalló que las nuevas reglas obligan a registrarse en el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), en el Ministerio de Hacienda y, además, adecuar las instalaciones con rampas y otras modificaciones, para poder seguir alquilando casas o habitaciones por medio de esa plataforma digital.

También, señaló, la redacción de la ley no es adecuada a una compañía que no está domiciliada en Costa Rica y que puede tener, por ejemplo, un “anfitrión” costarricense radicado en México que alquila una casa en Costa Rica y lo hace por medio de una empresa administradora.

Empero, el diputado socialcristiano impulsor de las regulaciones, Pablo H. Abarca, y la directora ejecutiva de la Cámara Costarricense de Hoteles (CCH), Flora Ayub, estiman que las normas son mínimas para poner en orden este tipo de negocio.

Obligación no es nueva

Según Abarca, desde el 2017 hay legislación que obliga a Airbnb y a otras plataformas utilizadas en el hospedaje no tradicional a cobrar el anterior impuesto de ventas, hoy tributo al valor agregado.

Esas normas solicitaron que se hiciera un convenio con el Ministerio de Hacienda y se estableciera la forma de cobro y de traslado de las sumas, pero Airbnb nunca lo hizo y ahora se le debió regular.

Al respecto, Muñoz adujo que mantienen un canal abierto de diálogo y negociación con Hacienda.

El viceministro de Ingresos, Nogui Acosta, dijo por escrito: “Tuvimos una reunión hace un par de semanas. Fue un acercamiento para evaluar el proceso y cómo debería aplicarse la retención del impuesto al valor agregado.

"Esperamos continuar con las conversaciones durante las siguiente semanas para tener un procedimiento ágil y que sea operativo y favorable para ambas partes. El artículo 30 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas nos habilita para iniciar el proceso”, agregó.

En lo relativo a las adecuaciones de los sitios de hospedaje, Abarca adelantó que eso debe quedar muy claro en el reglamento de la ley. “No es que a una casa de dos plantas se le va a obligar a instalar un ascensor”, adujo el legislador, quien también fue presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).

Abarca rechazó que no se haya solicitado la opinión de la compañía. “Es absolutamente falso. Me he reunido desde hace tres años con ellos. Ellos son los que nunca han respondido las cosas que prometieron”, declaró el legislador.

Dijo que en el proceso legislativo no tuvieron una audiencia porque no la pidieron y tampoco había dónde notificarlos a algún domicilio en Costa Rica.