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El presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Róger Madrigal, discrepó del criterio de la Superintendencia de Pensiones (Supén) sobre las soluciones para garantizar la sostenibilidad del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Mientras la entidad supervisora insiste en la urgencia de aprobar reformas paramétricas —como aumentar la tasa de cotización, reducir la pensión mínima y elevar el número de cuotas requeridas para jubilarse—, el jerarca del Banco Central considera que esas medidas, por sí solas, no serían suficientes.
“Sobre los regímenes de pensiones, lo que llaman los ajustes paramétricos, ya no dan. Cobrarle más (al asegurado), más edad, aumentar la edad de retiro, a encarecer las planillas o la parte de nuestros salarios, mayor aporte, no aumentar salarios, sino de nuestros salarios un mayor aporte para las pensiones, eso no da”, afirmó el jerarca durante la sesión 6308-2026 de la Junta Directiva de la entidad bancaria, celebrada el 18 de febrero pasado.
Esta afirmación de Madrigal contradice lo recomendado por la Supén a la Junta Directiva de la CCSS.
Mediante el oficio SP-502-2025, del 4 de julio de 2025, la entidad remitió a la presidenta ejecutiva de la Caja, Mónica Taylor Hernández, el informe ICV-2024 —con corte a diciembre del 2024— sobre la situación financiera y actuarial del IVM, para que el órgano directivo lo analizara y lo utilizara como base para eventuales decisiones sobre el régimen.
Madrigal se refirió al tema de pensiones cuando la Directiva del BCCR discutía los resultados del Informe de coyuntura económica de febrero de este año. En el documento hay un apartado sobre la evolución del mercado laboral de Costa Rica.
El presidente del ente emisor recalcó que, como parte del cambio, la proporción de adultos mayores es cada vez más amplia en el país.
Posición de Supén
La Supén advirtió a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sobre los riesgos que mantiene sin atender en el IVM en los últimos años.
Además recomienda, entre otras acciones, mantener un monitoreo constante de la situación financiera y actuarial del sistema, con el fin de aprobar a tiempo reformas paramétricas que permitan garantizar su sostenibilidad en el largo plazo.
Aunque la Superintendencia no detalla en estos documentos una lista específica de medidas, desde enero del 2024 informó sobre propuestas de cambios profundos que plantearía en la mesa de diálogo con la institución autónoma para reformar el IVM.
Entre las iniciativas figura aumentar de 300 a 360 el número de cuotas requeridas para jubilarse. En la práctica, la modificación implicaría aumentar los años de cotización de 25 años a 30 años.
Adicionalmente, plantea elevar la tasa de contribución tripartita (Estado, patrono y trabajador) del 11,16% al 15%.
Además, se propuso aplicar una deducción del 5% a las jubilaciones para financiar el Seguro de Salud, así como reducir la pensión mínima del 50% al 45% de la base mínima contributiva. Esto último implicaría pasar de aproximadamente ¢162.295 a ¢146.065 mensuales.
La Supén también propone mecanismos para ajustar las pensiones por debajo de la inflación cuando la razón de solvencia del régimen sea inferior al 70%, junto con la implementación de una pensión básica universal.
Estas reformas impactarían tanto a pensionados actuales como a futuros jubilados. El tema cobra relevancia porque el IVM es el principal sistema de pensiones del país y, actualmente, cubre pagos mensuales a cerca de 393.000 beneficiarios.
La Gerencia de Pensiones de la CCSS deberá presentar, al cierre de abril, una propuesta base junto con la hoja de ruta para reformar el IVM. A inicios de febrero, el gerente de Pensiones, Jaime Barrantes, confirmó a La Nación que iniciativas como las planteadas por la Supén serán consideradas dentro de ese plan.
Corresponderá a la Junta Directiva de la institución decidir si aprueba esta fase inicial, con el fin de iniciar el proceso de diálogo orientado a su eventual implementación.
Róger Madrigal sobre la pensión universal: ‘una idea muy creativa’
Durante su intervención en la Directiva del BCCR, Róger Madrigal calificó como “una idea muy creativa” la posibilidad de instaurar una pensión universal.
La propuesta forma parte de las reformas planteadas por la Supén y contempla crear una pensión básica universal para toda persona adulta mayor, haya cotizado o no, financiada mediante un aumento del impuesto al valor agregado (IVA) en lugar de elevar las cargas sobre los salarios. Bajo este esquema, el tributo pasaría del 13% al 15%.
La recaudación adicional permitiría cubrir ese “piso” universal y, a la vez, integrar en esa base el Régimen No Contributivo (RNC) y la pensión mínima del IVM. A partir de ese monto, cada persona sumaría lo correspondiente a las pensiones contributivas que haya acumulado.
Asimismo, el jerarca del BCCR mencionó la llamada “pensión consumo” dentro de su reflexión.
Este modelo plantea destinar un porcentaje del IVA para que, cada vez que una persona realice una compra y pague ese impuesto, una parte del monto se acumule en su fondo de pensión. Esta, sin embargo, no está contemplada dentro de las propuestas de la Supén.
IVM recorre senda financiera compleja
Actualmente, el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte atraviesa una situación financiera compleja, luego de que la CCSS debiera tomar ¢50.000 millones de la reserva del fondo para cubrir el pago de las pensiones de sus 393.000 beneficiarios en el 2025. Este escenario, previsto inicialmente para el 2041, se adelantó 16 años en las proyecciones.
La institución autónoma recurrió a esta medida debido a que el Gobierno no canceló las cuotas estatales correspondientes a las pensiones durante el 2025.
En enero pasado, Javier Cascante, exjerarca de la Supén, advirtió de que el uso de recursos de la reserva del IVM representa un riesgo elevado, pues puede conducir al agotamiento del fondo. Señaló que, si las contribuciones obrero-patronales no se comportan conforme a lo previsto en los estudios actuariales, el régimen se expone a un serio desfinanciamiento.
A esta situación se suma que otro punto crítico podría adelantarse en las previsiones. Según las proyecciones institucionales, la utilización de la reserva llevaría al agotamiento del fondo en el 2047; sin embargo, ese plazo también podría acortarse.
Así lo advirtió el Comité de Vigilancia de la entidad autónoma durante la sesión ordinaria N.° 9574 de la Junta Directiva, realizada el 20 de enero, en la que presentó el Informe de situación y recomendaciones para mejorar la condición financiera y actuarial del Seguro de Pensiones del IVM, periodo 2024-2025.
Durante esa exposición, el órgano técnico señaló que el incumplimiento de algunos supuestos actuariales —como el desequilibrio estructural entre el porcentaje de cotización vigente, los beneficios otorgados y las obligaciones futuras— podría adelantar el agotamiento de la reserva.
El Comité atribuyó esta situación a la insuficiencia de los aportes, al uso recurrente de los intereses de la reserva para financiar pensiones, a la deuda acumulada del Estado y a la falta de decisiones oportunas sobre las finanzas del IVM, factores que —según indicó— han acelerado el deterioro de la sostenibilidad del régimen.
