Desde mayo anterior José Ángel Gurría, Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), dio la bienvenida a Costa Rica como el miembro número 38 de esta organización.

Pese a que el país ya dio este importante paso, el Poder Ejecutivo aún tiene pendiente el envío de un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para formalizar la adhesión.

Así lo confirmó Dyalá Jiménez, hoy exministra de Comercio Exterior, durante una entrevista con La Nación cuando aún ocupaba el cargo (la funcionaria renunció el pasado 7 de agosto). En ese momento la cartera afinaba detalles de la iniciativa de ley que se espera llegue al Congreso este mes de agosto, de sesiones extraordinarias y donde el Gobierno impulsa la agenda que deberán discutir los 57 diputados.

Pese a lo anterior, la súbita renuncia de Jiménez por un desacuerdo con la Cancillería sobre cuál ministerio debería ser la contraparte de la OCDE, y el hecho de que el convenio de adhesión a este organismo todavía no llega a las manos de los nueve diputados de la Comisión de Ingreso a la OCDE, provoca críticas en la Asamblea Legislativa.

En una carta enviada al presidente de la República, Carlos Alvarado, desde mediados de julio, los diputados se manifestaron contrariados de que, a pesar de tener el aval para ingresar a la organización, desde inicios de mayo, el convenio no llega, informó La Nación, este 10 de agosto.

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Si bien es cierto que la lista de proyectos que impulsará el Gobierno en esta ocasión está más enfocada a la reactivación económica, Jiménez no descartó que el texto base debute en los pasillos legislativos en agosto.

Camino se alarga

Llevar el acuerdo hasta Cuestamoras se debe a que todos los tratados internacionales deben pasar por el tamiz de la Asamblea Legislativa.

“Costa Rica no tiene derechos ni obligaciones (con la OCDE) hasta que ese acuerdo pase por la Asamblea Legislativa como todo acuerdo internacional. El proyecto tiene otros acuerdos internacionales de carácter muy técnico que la Asamblea debe aprobar y que el país se compromete a aprobar una vez que pasa el trámite en la asamblea”, explicó entonces titular de Comercio Exterior.

El texto llegará hasta la Comisión Especial OCDE que se encarga de conocer y dictaminar los proyectos de ley que se requieren para lograr la adhesión al organismo.

Este grupo está conformado por Jonathan Prendas (diputado independiente), Ana Lucía Orozco (Liberación Nacional), Silvia Hernández (Liberación Nacional), Ivonne Acuña (diputada independiente), Erwen Masís (Unidad Social Cristiana), Carolina Hidalgo (Acción Ciudadana), Erick Rodríguez (diputado independiente) y Otto Roberto Vargas (Republicano Socialcristiano).

Una vez que se dictamine en la Comisión, la iniciativa de ley debe pasar a Plenario para ser analizada por los 57 diputados. Tras la votación en primer debate, el proyecto debe ir a consulta a la Sala Constitucional y luego volver a la Asamblea Legislativa para el segundo debate.

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Como toda ley debe ser publicada en el diario oficial La Gaceta y posteriormente, debe ser sancionada por el Poder Ejecutivo. Es decir, el Presidente de la República y los ministros del ramo deben firmar la ley.

El último paso para formalizar la adhesión a la OCDE será depositar el instrumento de ratificación ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia para el reconocimiento de la norma. Al día siguiente Costa Rica será miembro formal de la OCDE.

La Exministra de Comercio Exterior estimó que todo el proceso (desde presentar el proyecto de ley ante el Poder Legislativo hasta llevarlo a París) podría demorar, aproximadamente, cinco meses.

En caso de que el texto base no pueda presentarse durante las próximas sesiones extraordinarias (de agosto) no será necesario esperar a las extraordinarias de diciembre ya que podría presentarse antes del último mes del año.

Una vez que el país sea miembro formal tendrá derechos y obligaciones con la OCDE. Deberá pagar la cuota (estimada en 3 millones de euros anuales, según Jiménez) y votar en las sesiones para tomar decisiones.

Durante los últimos años Comex recibió recursos para concretar el ingreso a esta organización. Para el 2020 se le asignaron ¢535,8 millones, dinero que se contempló en el plan de gastos anual de la cartera, así consta en el sitio web del Ministerio de Hacienda.

La cuota que se vaya a pagar a futuro también deberá incluirse dentro del plan de gastos de Comex (que se contempla dentro del Presupuesto Nacional). Desde que se inició el proceso de adhesión Costa Rica ha invertido cerca de $10 millones.

Reformas país vía proyectos de ley continuarán

Para adherirse al organismo, el país se sometió a revisiones técnicas por parte de 22 Comités de la OCDE, por eso se implementaron reformas en materia de competencia, lucha contra el cohecho, gobierno corporativo de empresas públicas, mercados financieros, transparencia fiscal y gestión de productos químicos industriales.

Sin embargo, ahora que se enviará al Congreso el acuerdo para adherirse a la Convención OCDE el país deberá comprometerse a realizar más reformas.

Esto significa que Costa Rica aún tiene compromisos post adhesión y debe implementar una serie de transformaciones mediante la aprobación de diferentes leyes.

En este caso, algunos de los cambios están relacionados con el recurso hídrico, empleo público, contratación pública, protección al consumidor financiero y manejo de residuos.

Algunos de los proyectos ya están dentro de la corriente legislativa y otros más deberán ingresar en los próximos meses. La exjerarca de Comex estima, antes de su salida, que deberán aprobarse cerca de ocho normas nuevas.

No obstante, Comex está finiquitando la lista completa para enviarla a la Comisión Especial OCDE para que los legisladores tengan el mapeo completo.

“Yo veo la adhesión a la OCDE como una inversión en marca país, en Inversión Extranjera Directa, en credibilidad para aprovechar la plataforma para conocer las mejores prácticas de primera mano, nos ayudará a hacer aportes y a participar de las decisiones del organismo”, concluyó Jiménez.