Es una realidad que se conoce, pero que ahora se mide. El 99% de los casi 525.000 los trabajadores que conservan su empleo al tercer trimestre de este año, pero con un ingreso menor porque disminuyó su jornada, están suspendidos, cerraron el negocio u operan con restricciones, pertenecen al sector privado.

Sobre el restante 1%, María Luz Sanarrusia, encargada de la Encuesta Continua de Empleo, explicó que en el caso de los trabajadores del sector público pueden darse casos de eliminación de horas extra o que les suspendieron un contrato.

En cuanto al 99% de trabajadores privados, el 85% tiene calificación media o baja, el 87% son asalariados o trabajadores por cuenta propia, el 66% pertenecen al sector informal y el 70,6% laboran en comercio y servicios.

Estas son algunas de las características de esta población que captó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) por medio de la Encuesta Continua de Empleo.

Estos datos solo incluyen a los trabajadores que conservan su empleo (los ocupados). Al tercer trimestre, de acuerdo con la misma encuesta, cerca de 1.210.000 personas de 15 años y más reportaron haber tenido alguna incidencia laboral por el efecto de la covid-19.

Esta población de 15 y más se divide en tres: ocupados (los que tienen empleo, ahí los afectados por la pandemia son unos 525.000 personas), desocupados (unos 495.000 que se quedaron sin trabajo por la enfermedad) y personas que están fuera de la fuerza de trabajo (no tienen trabajo y no lo buscan, los cuales son unos 190.652 los perjudicados).

La separación por sector público y privado solo se puede captar en los ocupados.

Asimetría complicada

José Manuel Salazar, quien fue director general de Empleo de la Organización Internacional del Trabajo del 2005 al 2015 y director regional para América Latina y el Caribe del 2015 al 2018, explicó que es normal en los países que exista más flexibilidad laboral en el sector privado y que en el sector público los contratos sean más permanentes; no obstante, otros países aplican vías de apoyo al sector privado que en el caso de Costa Rica, por su situación fiscal, no puede hacer.

En Costa Rica se aplicó el Bono Proteger que es una transferencia monetaria extraordinaria y temporal de ¢125.000 mensuales para quienes perdieron el empleo, fueron cesados o tuvieron una reducción de jornada laboral de más de un 50% y de ¢62.500 para personas con reducción de jornada laboral de 50% o menos. Al 8 de octubre de 2020 se han entregado 684.737 bonos.

“Es una asimetría complicada en un país como Costa Rica, que es uno de los pocos en donde nos agarró el virus con esta crisis fiscal tan enorme, en donde no teníamos ningún espacio fiscal para poder acomodar una serie de gastos, que hubieran sido deseables, como financiar más el bono proteger, etc”, expresó Salazar.

El exdirector explicó que cuando fue la crisis del 2008 y 2009 países como Alemania permitieron reducir jornadas por un tiempo limitado para las empresas que tenían caídas en sus ventas, lo cual permitía sostener a los trabajadores, pero el Estado tenía capacidad para dar un subsidio estatal para reintegrarle el salario al trabajador hasta por un 80% o un 100%.

Para el investigador Pablo Sauma, en el caso de Costa Rica, el Bono Proteger fue importante, aunque tuvo el pecado original en el decreto inicial de referirse a personas beneficiarias independientemente de la situación del hogar.

Al inicio de la pandemia, la editora de “Opinión” de La Nación, Guiselly Mora, y los economistas colaboradores de “Página quince”, Eli Feinzaig, Dennis Meléndez, Luis Mesalles y Thelmo Vargas, habían propuesto un ajuste en las jornadas y salarios del sector público para abaratar costos al sector privado para que éste pudiera sostener el empleo.

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Esto fue una medida que se plantearon y aplicaron otros países, según cita el especialista Mariano Lafuente, en un blog oficial del Banco Interamericano de Desarrollo, en el cual advierte que es una medida que debe hacerse con mucho cuidado para cuidar la calidad de los servicios públicos.

“En este contexto de mayores necesidades y menores recursos, varios países de América Latina se han planteado la posibilidad de reducir salarios públicos de manera temporal para financiar transferencias a poblaciones vulnerables y desempleados durante esta fase inicial de la crisis (Brasil y Honduras, por ejemplo), y otros se encuentran ya implementando estas medidas (Colombia, Panamá, Paraguay, Uruguay, y a nivel subnacional en el Estado de Sao Paulo en Brasil, entre otros). Medidas similares han sido aplicadas en Nueva Zelanda y en la Unión Europea”, describe en el Blog.

Para José Joaquín Arguedas, exdirector de la Dirección General del Servicio Civil, en Costa Rica, el Gobierno desaprovechó el momento para realizar grandes transformaciones en el empleo público.

Lecciones de la pandemia

Para Salazar, la pandemia deja algunas lecciones al país en el tema del mercado laboral.

La primera es que el shock en el mercado laboral puede ser devastador, por lo tanto es importante que la legislación laboral tenga flexibilidades para este tipo de shocks extremos.

El siguiente paso es hacer algo en Costa Rica, como tienen los países europeos, de permitir un ajuste en la jornada, pero con algún tipo de subsidio para que el golpe en el ingreso de la persona ocupada no sea tan grande, claro que en la actual situación fiscal es complicado.

Y de ahí surge la tercera lección la cual es que tener la flexibilidad fiscal para reaccionar ante fluctuaciones económicas es un activo importante.

“Eso está desde la Biblia, en años de buena cosecha hay que guardar para años de mala cosecha, eso aplica en lo fiscal”, comentó Salazar.

Según los especialistas a los trabajadores afectados todavía falta camino para recuperar sus ingresos.

“La pequeña mejoría (aumento en ocupados, reducción en desocupados y menor caída en producción) son resultado definitivamente de la apertura (Costa Rica trabaja y se cuida). Pero el avance es lento, con el riesgo de un aumento en los contagios y sus implicaciones”, comentó Sauma.

Arguedas comentó que desde antes de la pandemia ya estaba la amenaza de que en el próxima década de perderían muchos puestos por la cuarta revolución industrial y la pandemia está xacerbando a gran velocidad esa circunstancia.

“La economía como tal va a tener menos tiempo para generar trabajo para la gente que va quedando desempleada. Yo me siento pesimista de que la recuperación de los empleos en el corto plazo vaya a hacer a la velocidad que la sociedad necesita o al estado de la situación que teníamos antes”, dijo Arguedas.