Esteban Ramírez. 3 septiembre
21/07/2020. Los diputados de la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios, conversan con el ministro de Hacienda, Elian Villegas, sobre las dudas legales de la discusión del crédito con el FMI. Foto: Josué Bravo
21/07/2020. Los diputados de la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios, conversan con el ministro de Hacienda, Elian Villegas, sobre las dudas legales de la discusión del crédito con el FMI. Foto: Josué Bravo

El crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por cerca de $504 millones, recién aprobado en la Asamblea Legislativa, ayudará al Gobierno de Costa Rica a cerrar la brecha de financiamiento de su déficit fiscal para este 2020, a costos más bajos que los del mercado financiero. Sin embargo, esta es una situación que no se sostendrá para el 2021 y que complica el proceso de consolidación fiscal, junto con los altos déficit y el aumento en el pago de intereses de la deuda.

Tal es el criterio plasmado por la agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings, en un reporte intitulado El préstamo del FMI a Costa Rica suaviza pero no elimina la presión financiera, enviado la tarde de este 3 de setiembre, y donde la clasificadora también pone al estancamiento político en el Congreso como uno de los riesgos para la aprobación de nuevos créditos internacionales.

El pasado jueves 27 de agosto, el Congreso aprobó, en segundo debate, el denominado Instrumento de Financiamiento Rápido (RFI, por sus siglas en inglés), con el organismo financiero internacional. Los recursos de este préstamo servirán para atender la emergencia por la pandemia de la covid-19.

Sin embargo, en este nuevo criterio enviado al mercado, Fitch argumenta que aunque los recursos del Fondo traerán alivio fiscal a Costa Rica este año, el Gobierno dependerá de préstamos del mercado interno más costosos para financiar una mayor parte de los déficits después de 2020, lo que obstaculizará la consolidación fiscal.

“Los mayores riesgos de estrés financiero a corto plazo debido al aumento de los déficits fiscales, un cronograma de amortización pronunciado y restricciones de endeudamiento fueron factores clave cuando rebajamos la calificación de Costa Rica a ’B’ y mantuvimos una perspectiva negativa, en mayo”, recordó la agencia estadounidense.

Añadió que para este año las principales fuentes de financiamiento del país han sido los prestamistas multilaterales, la emisión de bonos domésticos y los depósitos del Gobierno (principalmente remanentes de la emisión de eurobonos colocados en el 2019).

La agencia estima necesidades de financiamiento soberano del 14% de la producción para 2020, aumentando levemente a 14,4% en el 2021, debido al incremento de las amortizaciones de deuda.

Para el 2020, el plan de financiamiento del Gobierno prevé usar endeudamiento multilateral por unos $3.000 millones (5,1% del PIB), donde se incluyen préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco Mundial y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), así como los $504 millones del FMI.

Lo que ocurre el otro año es que además de aumentar las necesidades de financiamiento a 14,4% de la producción, se reducirá la porción que podría ser financiada en el extranjero, con lo cual aumenta la dependencia sobre los mercados domésticos.

“El Gobierno de Costa Rica también escribió al FMI solicitando negociaciones sobre un Servicio de Financiamiento Extendido (EFF, por sus siglas en inglés) de $1.750 millones a tres años, para ayudar a abordar el efecto económico de la pandemia. Si se acuerda un EFF podría aumentar el financiamiento externo, por ejemplo, préstamos adicionales del Banco Mundial. También serviría como un ancla para la consolidación fiscal para estabilizar la carga de la deuda de Costa Rica”, destacó Fitch.

Sin embargo, para la calificadora, el estancamiento político en Costa Rica es uno de los riesgo para un acuerdo de financiamiento extendido con el FMI.

“El gobierno requiere una mayoría de dos tercios en el Congreso para cualquier endeudamiento externo, incluso de organismos multilaterales. Obtener la aprobación del Congreso para la RFI (el crédito rápido) tomó cuatro meses, a pesar de que carecía de condiciones. Aparte del RFI y $880 millones ya desembolsados por CAF y el BID, el resto del endeudamiento multilateral de este año requiere la aprobación del Congreso”, indica el reporte.

“El Gobierno espera obtener financiamiento externo por valor del 3,8% de la producción en el 2021 a partir de una emisión de bonos internacionales y préstamos multilaterales (incluido el nuevo préstamo del FMI). “Dependería del mercado interno para cubrir las necesidades de financiamiento restantes por un valor del 10,6% del PIB”, agregó.

En opinión de Fitch, la falta de consolidación de las cuentas fiscales antes de la pandemia, junto con el impacto económico del coronavirus, ha aumentado significativamente los riesgos para la sostenibilidad de la deuda. Y aunque las autoridades planean limitar el crecimiento del gasto corriente primario al 2,2% en el 2021, nuevos aumentos en los pagos de intereses restringen la capacidad del Gobierno para reducir el déficit.