El gasto en cesantía en el sector público se aceleró, durante el año pasado, por la jubilación o renuncia de empleados públicos.

La salida de los trabajadores se elevó para obtener el pago de prestaciones legales por 20 años laborados y así evitar el tope de 12 años establecido por la Sala IV en junio del año anterior.

Las entidades en las que se incrementó el egreso en prestaciones legales pagaron, en conjunto, ¢23.276 millones en el año pasado, es decir el doble frente a los ¢11.623 millones del 2017, se detalla en las liquidaciones presupuestarias del 2018 dadas a la Contraloría General de la República (CGR).

Donde más aumentó el egreso fue la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) y el Instituto Nacional de Seguros (INS).

Además del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), el Banco Nacional, la Universidad Nacional (UNA) y el Banco Popular.

En la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) también hubo un aumento, pero el dato más reciente es el acumulado entre enero y noviembre anterior, según sus estados financieros.

En los reportes de las instituciones a la Contraloría se detallan varias modificaciones presupuestarias, durante el segundo semestre del 2018, pues no se esperan ni las renuncias, ni jubilaciones de tantos trabajadores.

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La característica de estas entidades es que reconocían hasta 20 años de cesantía a sus empleados. Fue hasta finales del año anterior que se limitó a 12 años por cuestionamientos de sus convenciones colectivas ante la Sala Constitucional y porque la Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas también limita el pago de prestaciones legales.

Principales casos

La CNFL fue la institución pública en la que más se incrementó el gasto de cesantía durante el año anterior.

En la liquidación presupuestaria de la Compañía se detalla un gasto por ¢4.339 millones, mientras que, en el 2017, fueron ¢1.068 millones es decir se cuadruplicó el egreso.

El fuerte incremento en el pago de prestaciones legales fue por la salida de 120 personas. Mientras que, en el 2017, fueron 30 trabajadores.

Óscar Hernández, director de Administración y Finanzas de la empresa pública, confirmó que la mayoría de las liquidaciones fueron como consecuencia de la sentencia de la Sala Constitucional.

“Ante la expectativa de una disminución de sus derechos convencionales se tuvo la renuncia de 72 trabajadores entre junio y diciembre del 2018”, detalló Hernández.

La salida de los trabajadores en la institución pública inició precisamente el mes en que la Sala Constitucional estableció el nuevo tope de cesantía.

De hecho, la CNFL tuvo que modificar su presupuesto para el pago de prestaciones legales, durante el año pasado, pues solo había previsto ¢1.660 millones. El primer cambio fue en julio cuando la partida por prestaciones legales subió en ¢1.572 millones.

En el caso de Recope, INS, Japdeva y el INS el pago de las liquidaciones de empleados se duplicó el año anterior frente al 2017.

La Refinadora tuvo un egreso de ¢4.814 millones en cesantía, en el 2018, mientras que el año previo fue de ¢2.137 millones.

Recope reconoció a la CGR que, el año pasado, trabajadores renunciaron o se acogieron a la jubilación al mismo tiempo, “este evento por temor a perder años en la cesantía”, así se detalla en una modificación presupuestaria de noviembre pasado.

La Refinadora informó a La Nación, por escrito, que el año anterior 126 personas dejaron la empresa, de los cuales 68 renunciaron. Durante el 2017, hubo 74 salidas entre jubilaciones y dimisiones.

“En el mes de julio de 2018 se dio un comportamiento atípico en cuanto al número de funcionarios que se desvincularon de la empresa (36 colaboradores), cuando el promedio mensual es de cinco personas”, enfatizó la institución pública.

La mayoría de los empleados que dejaron Recope tenían, en promedio, 27 años de laborar en la compañía.

En la aseguradora pública el pago, en 2018, ascendió a ¢4.540 millones para 165 trabajadores. Mientras que el año previo fueron ¢2.204 millones para 110 personas.

Lucía Fernández, gerente del INS, confirmó que el año anterior se pagaron prestaciones a 83 personas que dimitieron a su puesto.

“Se desconoce si influyó o no el voto de la Sala Constitucional, puesto que la causa que llevó a un trabajador romper la relación laboral es propia de su fuero interno”, destacó Fernández.

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En el caso de Japdeva el gasto en prestaciones legales ascendió a ¢3.027 millones en 2018, más del doble frente a los ¢1.209 millones del año previo, según la liquidación presupuestaria de la institución portuaria.

Este diario solicitó a la Junta, desde el pasado 5 de febrero, el detalle de la cantidad de personas que dejaron la entidad. Sin embargo, al cierre de este artículo no hubo respuesta.

En la información entregada por Japdeva a la Contraloría se detalla que se efectuaron ampliaciones en el gasto por prestaciones a sus empleados, pues en el presupuesto inicial solo tenían previsto el pago de ¢1.000 millones en beneficio por jubilación o renuncia.

En la CCSS se reportó el mayor gasto en cesantía por un monto de ¢36.280 millones hasta noviembre pasado. Al mismo mes, de 2017, fueron ¢34.111 millones, según los estados financieros de la entidad autónoma.

Sin embargo, en diciembre la Caja informó a la CGR, en una modificación presupuestaria, un incremento en la partida de prestaciones legales por casi ¢8.000 millones para trabajadores que dejaban la institución ese mes.

Por otra parte, Maritza Fuentes, directora de Desarrollo Humano del Banco Nacional, confirmó que en la institución se pagó cesantía a 146 personas en el 2018. La mitad, 75 colaboradores, renunciaron al Banco el año anterior.

Según la liquidación presupuestaria, el Banco tuvo un egreso en prestaciones por ¢1.885 millones, 16% más frente a los ¢1.616 millones del 2017.

Redujeron egreso

En el Banco de Costa Rica se reportó la mayor reducción en el pago de cesantía, pues de ¢5.377 millones, en el 2017, se redujo a ¢761 millones el año anterior.

Nelson Marín, gerente corporativo de Capital Humano del BCR, detalló que, en el 2017, se se implementó un proceso de incentivo de salida de personal lo cual explica el alto costo en prestaciones legales ese año.

En la UCR también se redujo el pago en prestaciones, pues el año pasado tuvo un egreso por ¢5.100 millones, frente a los ¢5.830 millones del 2017, según informó la entidad educativa a la Contraloría.