Patricia Leitón, Laura Ávila. 21 diciembre, 2018
La reducción de la calificación le puede dificultar a Hacienda la obtención de nuevos préstamos. Fotografía José Cordero
La reducción de la calificación le puede dificultar a Hacienda la obtención de nuevos préstamos. Fotografía José Cordero

La agencia calificadora de riesgo Standard & Poor’s bajó este viernes 21 de diciembre la calificación de la deuda en moneda extranjera y local a largo plazo de Costa Rica, que pasó de BB- a B+.

Eso significa bajar una grada en la calificación del país como deudor. Según la escala de la agencia, una obligación calificada con “BB” es menos vulnerable a incumplimiento que otras emisiones especulativas, mientras que una “B” es una obligación más vulnerable a un incumplimiento de pago que las calificadas con “BB”, pero el emisor tiene capacidad para cumplir con sus compromisos financieros.

El 5 de diciembre pasado, la agencia Moody’s también rebajó las calificaciones de emisor a largo plazo y de bonos senior no garantizados del Gobierno de Costa Rica, de B1 a Ba2 (en este caso fueron dos gradas) y, de igual forma, cambió su perspectiva de calificación a negativa.

En esa ocasión, las autoridades económicas convocaron a una conferencia de prensa para combatir los argumentos de Moody’s. “Inconsistente, ilógica y carente de justificación”, calificó el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, el análisis de la agencia. Esta vez se intentó obtener el criterio de Cubero y de la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, pero no ha sido posible.

Argumentos de Standard & Poor’s

En esta ocasión, la agencia Standard & Poor’s prevé que el Gobierno mantendrá un déficit fiscal de entre 5% y 6% respecto a la producción en los próximos dos años, a pesar de la reciente aprobación de la reforma fiscal, lo cual continuaría elevando la deuda.

“Una alta carga de la deuda, una gestión deficiente de esta, una parte creciente de la deuda del Gobierno denominada en moneda extranjera y un nivel persistentemente alto de dolarización en el sector financiero resaltan como las vulnerabilidades externas de Costa Rica”, señaló la calificadora.

La firma aclaró que la perspectiva negativa refleja una posibilidad de al menos una de cada tres (33%) de otra baja en los próximos seis a 24 meses, debido a una erosión mayor a la esperada de la carga de la deuda del Gobierno, a signos de debilitamiento del acceso a liquidez por choques externos, o bien a una deficiente administración de la deuda.

Al igual que Moody’s, Standard & Poor’s señaló la importancia de que la reforma fiscal se implemente.

Esa última agencia explicó que si no se implementa de manera efectiva la reciente reforma tributaria, se podría generar un aumento continuo en la carga neta de la deuda del Gobierno general, lo que contribuirá a aumentar los gastos por intereses.

“A la inversa, podríamos revisar la perspectiva a estable en el mismo periodo si el Gobierno puede reducir su déficit fiscal lo suficiente como para estabilizar gradualmente su carga de deuda, contener los costos de interés y emprender una gestión de la deuda más efectiva para reducir su exposición a posibles movimientos adversos en las tasas de interés y el tipo de cambio”, explicó la agencia.

Posibles repercusiones

Para Douglas Montero, director de Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión, una posible consecuencia de esta rebaja es que algunas instituciones que tengan bonos costarricenses deberán venderlos, no por la situación de Costa Rica, sino porque su política no les permite tener inversiones en una sola letra (en este caso, B+).

Por su parte, para José Rafael Brenes, director general de la Bolsa Nacional de Valores, el criterio de la calificadora reitera la percepción de riesgo que tiene el país.

“Son los mismos temas estructurales, no consideran que el ajuste fiscal sea suficiente y hay mucho riesgo en la sostenibilidad de la deuda pública. La gestión de la deuda es deficiente y eso es un factor de riesgo”, comentó Brenes.

Según él, un mercado poco líquido, con emisiones muy dispersas, dificulta al Ministerio de Hacienda financiar su deuda en colones y, por eso, las autoridades costarricenses se ven obligadas a endeudarse en dólares, lo que constituye un riesgo adicional.

Con respecto a si el criterio de Standard & Poor’s podría incrementar la incertidumbre de los inversionistas, Brenes considera que no.

“A estas alturas del partido, ya todo el mundo sabe lo que está comprando y lo que Costa Rica está enfrentando, por eso el Ministerio de Hacienda paga las tasas que paga”, afirmó.

Sin embargo, el criterio de la calificadora sí tendría repercusiones para la colocación de eurobonos y esto se traduciría en tasas más altas, según Brenes.

En la Asamblea Legislativa se discute un proyecto de ley para permitir a Hacienda colocar hasta $6.000 millones en cuatro años, de los cuales se venderían $1.500 millones por año en los primeros dos años.