La ley establece multas por incumplimiento y hasta el cierre del negocio si hay reincidencia
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Por Ricardo González
Ha iniciado progresivamente la implementación del sistema obligatorio de facturas y comprobantes electrónicos para fines tributarios. En una primera etapa, el sistema ha ido cubriendo mes a mes los diversos sectores que brindan servicios profesionales en forma independiente o por cuenta propia, etapa que concluirá en mayo próximo.
Ricardo González (Ricardo González)
Luego, el sistema de comprobantes electrónicos se irá extendiendo al resto de los contribuyentes, conforme el calendario que oportunamente dará a conocer la Administración Tributaria.
La base legal del nuevo sistema se compone básicamente de cuatro resoluciones: la resolución DGT-R-48-2016 del 7 de octubre del 2016, publicada en La Gaceta 198 del 14 de octubre del 2016, relativa a la autorización para el uso de comprobantes electrónicos; la resolución DGT-R-51-2016 del 10 de octubre de 2016, publicada en La Gaceta 211 del 3 de noviembre de 2016, sobre la obligatoriedad para el uso de comprobantes electrónicos; la resolución DGT-R-13-2017 del 20 de febrero de 2017, publicada en La Gaceta 46 del 6 de marzo de 2017, la cual modifica los artículos 7 y 15 de la resolución DGT-R-048-2016 y establece formatos y especificaciones técnicas de los comprobantes electrónicos; y finalmente la resolución DGT-R-25-2017 del 19 de abril de 2017, publicada en La Gaceta Alcance 90 del 26 de abril del 2017, sobre modificaciones y adiciones a la Resolución DGT-R-48-2016 y derogación de la Resolución DGT-21-2017.
Un tema de la mayor importancia es comprender las consecuencias del incumplimiento de las regulaciones sobre esta materia. Las sanciones por no emitir facturas electrónicas o no utilizar comprobantes autorizados, se encuentran reguladas en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios (CNPT), artículo 85, el cual establece una sanción de dos salarios base, lo cual equivale en este momento a ¢862.000, y en una eventual reincidencia se procedería a la aplicación del artículo 86 del mismo Código, la cual implica el cierre del negocio.
Además, el contribuyente se podrá hacer acreedor a la sanción del 2% de los ingresos brutos no declarados, hasta un máximo de 100 salarios base (¢43.100.000) por el incumpliendo en el suministro de información, según lo establecido en el artículo 83 del CNPT.
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