Armando Mayorga, Diego Bosque. Hace 4 días
Martha Cubillo era tesora nacional desde el 2013. Foto: Mayela López
Martha Cubillo era tesora nacional desde el 2013. Foto: Mayela López

La tesorera nacional, Martha Cubillo Jiménez, renunció luego de que la Contraloría General de la República (CGR) ordenara su despido por el caso del hueco de ¢600.000 millones en el Presupuesto Nacional del 2018.

El Ministerio de Hacienda también confirmó este jueves que destituyó del cargo al director de crédito público, Melvin Quirós Romero, por la misma orden de la Contraloría.

“El Ministerio de Hacienda recibió la notificación de la CGR en relación con el caso del faltante presupuestario, el viernes 24 de abril del 2020, la cual otorgó un plazo de ocho días hábiles para proceder con el cese de los señores Cubillo y Quirós”, informó esa entidad.

Detalló que Cubillo decidió presentar la renuncia el 27 de abril y a Quirós se le notificó el cese de labores el 5 de mayo.

La Contraloría exigió que a Cubillo, quien ocupaba ese puesto desde el 2013, se le inhabilite para ejercer cargos públicos por tres años y su despido sin responsabilidad patronal. Le atribuyó “culpa grave”.

En el caso de Quirós, también pidió su cese e inhabilitarlo por dos años.

Ambos habían apelado el castigo, pero la subcontralora Silvia Solís Mora declaró los reclamos sin lugar y ratificó las penas en una resolución del 6 de abril.

En ese mismo acuerdo, Silvia Solís ordenó abrir una investigación contra el expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, “por posibles actuaciones y omisiones” en el hueco presupuestario que se dio ese año para el pago de deuda pública.

También confirmó sanciones contra el exministro de Hacienda, Helio Fallas, pero, como no cumple ninguna función pública, no hay acción contra él.

La función del tesorero nacional es vital: es el responsable de pagar a nombre del Estado. Su nombramiento corresponde al Consejo de Gobierno. En la página web del Ministerio de Hacienda aparece en funciones el subdirector Mauricio Arroyo Rivera.

El caso

Desde enero del 2018, el gobierno de Luis Guillermo Solís se gastó todo el contenido presupuestario para el pago de la deuda interna de corto plazo, dado que no presupuestó lo suficiente para el pago de las obligaciones de ese año.

A finales del 2017, el gobierno asumió deudas que se debían pagar a inicios del 2018, lo cual aceleró el gasto de dicho contenido presupuestario.

Por esa razón, la administración Alvarado Quesada, que comenzó funciones en mayo de 2018, terminó pagando deuda pública sin autorización del Congreso.

Melvin Quirós, como director de crédito público, declaró ante la comisión de diputados que investigó el caso que el entonces ministro de Hacienda, Helio Fallas, conocía de las carencias presupuestarias porque así lo advirtió su departamento desde febrero del 2018.

Esas advertencias constan en correos electrónicos que Martha Cubillo aportó a la Comisión de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa.

Por su parte, Luis Guillermo Solís negó que razones políticas y electorales motivaran a su administración a no presentar el presupuesto extraordinario a inicios de 2018 cuando su partido político, Acción Ciudadana, se jugaba la oportunidad de una segunda administración continua.