Propuestas sindicales de reforma al IVM brindan mínima sostenibilidad al régimen

Caja contactó a más de 10 sindicatos para recoger iniciativas, pero solo dos plantearon medidas formales, y sus recomendaciones solo alargan por tres años la vida del sistema de retiro.

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Las propuestas de agrupaciones sindicales para reformar y fortalecer el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) tienen un mínimo impacto en el objetivo de alargar la sostenibilidad del principal fondo de pensiones de Costa Rica.

Las iniciativas enviadas por los sindicatos a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) extienden como máximo tres años la vida del sistema, es decir, al 2040 en lugar del 2037 que es el año previsto para el agotamiento de la reserva.

Así se concluye en el informe Propuesta para fortalecimiento y sostenibilidad del IVM, Resultados del proceso de socialización, presentado por la Gerencia de Pensiones a la Junta Directiva de la CCSS, el pasado 20 de mayo.

“El impacto propuesto por los sindicatos es muy poco o no cumplía con que al menos pudiera alargarse el periodo de 12 años (de la reserva del IVM) que era como meta mínima”, explicó a La Nación Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la institución autónoma.

En contraste, las iniciativas hechas por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) añadirían 18 años adicionales al fondo de pensiones, con lo cual el IVM contaría con buena salud hasta el 2055.

Las recomendaciones aportadas por el Comité de Vigilancia del IVM, órgano externo a la entidad autónoma que opera desde el 2001, brindan un periodo adicional de 13 años al sistema, es decir, hasta el 2050.

La CCSS inició, desde agosto del 2020, un proceso de socialización de tres iniciativas para el fortalecimiento del régimen con el Gobierno, empresarios y sectores sociales, como sindicatos, movimiento solidarista y de cooperativas.

La entidad envió la propuesta a más de 10 diferentes grupos sindicales. Además, efectuó dos presentaciones virtuales en el Foro Mario Devandas. Una en agosto y otra en setiembre del 2020.

Barrantes detalló que, hasta el primer trimestre de este año, recibieron respuestas por parte de diferentes organizaciones.

Posteriormente, realizaron un proceso de cuantificación del impacto de las recomendaciones brindadas por los sectores que enviaron una respuesta formal.

Actualmente, la CCSS está en un segundo proceso de socialización de los cambios planteados al régimen, que es el mismo documento conocido por los sindicatos, pero esta vez dirigido, principalmente, a la población en general.

La entidad recibirá propuestas, en su página web, hasta el próximo 9 de julio.

Posteriormente, la Gerencia de Pensiones las revisará y presentará un informe final a la Junta Directiva para que tome una decisión sobre la reforma al IVM.

La aspiración de los jerarcas de la institución es que la Junta Directiva efectúe la votación de la reforma este mismo año y que se consigan los votos necesarios para aprobarla.

Este órgano está conformado por nueve miembros con representación estatal, de trabajadores y empresarios.

El plan en consulta establece eliminar la pensión anticipada para que todos los trabajadores se pensionen hasta cumplir los 65 años, con 300 cuotas cotizadas.

Actualmente, las mujeres se pueden retirar a los 60 años, con 450 cuotas; y los hombres a los 62 años, con 462 cuotas.

También, modificar la fórmula de cálculo de la pensión para que se calcule sobre los mejores 300 salarios reportados, o sea, 25 años, en vez de un promedio a valor real de 20 años de cotización.

Además de modificar la postergación para que el porcentaje adicional del 1%, por cada año cotizado, sea después de 25 años de pertenecer al régimen, en vez de los actuales 20 años.

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Poco efecto

La meta de la Directiva de la CCSS es alcanzar el consenso de una reforma que alargue la vida del sistema en al menos 12 años, a partir del 2037, año previsto en que se agota la reserva de IVM.

Además, elevar la razón de solvencia del fondo al menos hasta el 60%. Actualmente dicho indicador es del 48% de las promesas de pago de pensiones, o sea, que no tiene la solvencia para garantizar el beneficio a los jubilados actuales y futuros.

El Gerente de Pensiones detalló que dichos parámetros fueron los usados en el análisis de las recomendaciones brindadas por diferentes sectores sociales.

Por tal razón, en la entidad solo revisaron los planteamientos que generan un impacto positivo en la sostenibilidad del régimen y pueden aprobarlos los directivos de la Caja.

Por ejemplo, la Asociación Nacional de Asegurados de la CCSS planteó elevar la cotización obrera en un punto porcentual en un plazo de cinco años. Actualmente los trabajadores aportan el equivalente al 4% de su salario por mes.

Además, propuso mantener la pensión anticipada, pero buscar opciones para desincentivarla.

Por su parte, el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco) planteó elevar solo en un año el retiro anticipado. Con lo cual las mujeres puedan optar por el beneficio a los 61 años y los hombres a los 63 años.

Dicha organización propuso crear un bono por hijo o hija que sea financiado por el Estado.

El foro Mario Devandas, que agrupa varias organizaciones gremiales, rechazó todas las reformas planteadas y no propuso ninguna medida que pueda aprobar la CCSS.

En tanto, el Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros propuso que se convoque, durante este año, una nueva mesa de diálogo para plantear una reforma que brinde fortaleza al IVM por 50 años.

“Muchas de las propuestas planteadas (por los sindicatos) no dependen de la Caja. Había algunas como invertir en obra pública, pero no se pueden cuantificar; además, no sabemos si se van a concretar o no”, recalcó Barrantes.

Agregó que las propuestas sindicales tienen un efecto reducido porque tienen transiciones largas, incrementos de cotización débiles o solo plantean una medida.

Mayor efecto positivo

De las propuestas presentadas a la CCSS, las de mayor efecto en el fortalecimiento del régimen fueron las enviadas por la Uccaep y las del Comité de Vigilancia del IVM, según el análisis técnico de la Gerencia de Pensiones.

Las recomendaciones de los empresarios fueron eliminar el retiro anticipado y dar el periodo mínimo de transición de 18 meses.

En la fórmula de cálculo de la pensión, se planteó que el monto se obtenga con base en todos los salarios cotizados durante la vida laboral de la persona.

Además, propuso mantener el incremento de cotización tripartita, según el cronograma actual, de pasar del actual 10,66% al 12,16%, en el 2029.

Por su parte, el Comité de Vigilancia propuso solo suprimir el retiro anticipado para que todos los trabajadores se jubilen a los 65 años, y aplicar la medida en un plazo de cuatro años.

El resto de variables recomendó mantenerlas sin modificación.