Óscar Rodríguez. 4 enero
Cada operadora de pensiones deberá escoger el método de valoración de las inversiones de sus clientes y explicarlo a sus afiliados de aprobarse la reforma propuesta por el Conassif. En la imagen, usuarios de Popular Pensiones esperan su turno para se atendidos. Foto: Graciela Solis

Las operadoras de pensiones complementarias (OPC) temen que la propuesta para modificar la forma de valorar las inversiones de sus clientes les genere futuras demandas de sus mismos afiliados ante eventuales pérdidas patrimoniales.

Las operadoras también mostraron inquietudes operativas como la forma para calcular la rentabilidad de las inversiones, la periodicidad de la revelación de la información a los clientes y cómo determinar el valor de las inversiones de sus afiliados cuando este se pensiona o se traslada a otra operadora.

Las incertidumbres quedaron plasmadas en una serie de consultas enviadas por la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP) al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), el pasado 5 de diciembre.

En una de las dudas, las operadoras mencionan el “riesgo” de acciones legales ante la posible pérdida de dinero de sus clientes por no valorar las inversiones a precios de mercado.

Así consta en el documento SP-1097-2018, de respuesta a ACOP, hecho por la Superintendencia de Pensiones (Supén) y del cual tiene copia La Nación.

“Cada Operadora de Pensiones ha velado y velará por cuidar los fondos de los afiliados, independientemente de la normativa con la que debamos hacerlo”. Hermes Alvarado, presidente de ACOP.

La valoración a precios de mercado es una medición que indica cuál es el valor real en el mercado financiero de los títulos que componen un portafolio de inversiones. En Costa Rica, esta metodología está vigente desde agosto del 2002.

Las inquietudes de las operadoras surgen de la reforma propuesta por el Conassif para modificar la Normativa contable aplicable a los entes supervisados.

Los cambios fueron enviados a consulta de todas las entidades supervisadas el 30 de octubre del 2018.

La iniciativa da la libertad a los fondos de pensiones de definir la metodología para determinar el valor de los recursos administrados, propiedad de 2,6 millones de trabajadores.

Las operadoras de pensiones administran, actualmente, más de ¢6,2 billones en fondos de jubilación complementaria (obligatorios y voluntarios) y en el Fondo de Capitalización Laboral.

Cambio polémico

La reforma propuesta ha generado una fuerte discusión sobre su conveniencia y los posibles efectos de los contribuyentes a una pensión complementaria.

Hermes Alvarado, presidente de la ACOP, recalcó que la norma no ha sido aprobada por el Conassif por lo cual es “ineficaz”. Además, defendió que la actuación de cada operadora es en beneficio del cliente.

“Cada Operadora de Pensiones ha velado y velará por cuidar los fondos de los afiliados, independientemente de la normativa con la que debamos hacerlo”, enfatizó Alvarado.

Añadió que si las reglas dictadas son inapropiadas y perjudican a sus clientes recurrirán a la vía judicial en procura de amparo.

“La entidad siempre tiene que declarar qué parte de su portafolio de inversión estará a costo amortizado y por qué”. Álvaro Ramos, superintendente de Pensiones.

Álvaro Ramos, superintendente de Pensiones, argumentó a las operadoras, en el oficio SP-1097-2018, que para mitigar el riesgo legal a las OPC se efectúa la consulta pública del reglamento en discusión.

Asimismo, por la naturaleza de los fondos de pensiones, argumentó Ramos, los títulos adquiridos no serán negociados en el mercado por lo cual: “el activo neto no debería reflejar grandes volatilidades”.

Sobre las dudas en el cálculo de la rentabilidad, la Superintendencia argumentó que la metodología de valoración escogida por cada OPC podría presentar volatilidad en el rendimiento, pero eso no genera que los valores no puedan compararse.

En el caso de traslado de recursos por la transferencia de un afiliado o por jubilación, Ramos respondió que cada OPC dispone de dinero en efectivo para atender dichas necesidades.

Revelación al afiliado

En entrevista con La Nación el jerarca de Supén dijo que la norma propuesta “no se saca de la manga ni es un invento”, pues se fundamenta en reglas internacionales.

El funcionario insistió en que cada operadora deberá revelar en su resultado el valor de las inversiones de sus clientes.

“Al hablar del estado de resultado nos referimos al valor cuota del afiliado, o sea, cuando haya una minusvalía se irá directamente al valor cuota del afiliado. Entonces la persona verá directamente el incremento o la minusvalía en su participación”, explicó Ramos.

Asimismo, cada operadora debe informar, mensualmente al cliente, la estrategia de inversión del fondo y si valora a mercado o a vencimiento.

Para Héctor Maggi, gerente de la OPC de la Caja Costarricense de Seguro Social, el método de valoración debe permitir al afiliado conocer los efectos en la gestión de los fondos administrados por cada operadora.